11/07/2018 - 09:27:38 - visitas: 481
GUALEGUAYCHU

GUALEGUAYCHÚ: Caso Pastorizzo

El Jefe de Policía solicitó el traslado de Nahir Galarza a una cárcel pero fue rechazado

Nahir Galarza sigue siendo inocente. Dicho de este modo puede sonar extraño, pero es la realidad. A pesar de haber recibido una semana atrás la pena más dura del Código Penal, la joven que mató a Fernando Pastorizzo mantiene su estado de inocencia porque la sentencia del Tribunal de Gualeguaychú no está firme y –seguramente – será recurrida después del 24 de julio. Luego de seis meses de proceso, el jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario Carlos Pérez, le requirió al Tribunal de Juicios que presidió Mauricio Derudi, la posibilidad de trasladar a Nahir Galarza a una unidad penitenciaria. El Tribunal analizó la solicitud de la policía, pero la respuesta fue inmediatamente negativa.

Es por este motivo que Nahir Galarza mantiene su encierro en la Comisaría de la Mujer y no en una unidad penal de la provincia. Sobre ella – si bien está condenada en primera instancia – existe un dictamen de prisión preventiva porque se cree que si se le concede la libertad que debería tener hasta que el fallo quede firme, podría fugarse.

En esta condición ha estado a lo largo de seis meses. Se le ha prorrogado continuamente la medida inhibitoria a medida que se fueron agotando los tiempos que eran dispuestos por los jueces de Garantías que actuaron durante la etapa inicial del proceso.

Antes de la entrada en vigencia del actual sistema de enjuiciamiento, una persona era considerada procesada luego de la indagatoria, pero tras la reforma introducida en Gualeguaychú en febrero del 2013, se identifica al procesado como todo aquel sujeto que se encuentra bajo un proceso penal. Recién es considerado un condenado cuando su sentencia queda firme (que ya no es apelable) y se quiebra su estado de inocencia.

Por lo tanto, y según está establecido por Ley, una persona procesada no puede compartir alojamiento en una cárcel con un condenado. No quiere decir que no puede ser llevado a una cárcel común, sino que esa Unidad Penal debe tener espacios físicos diferenciados entre procesados y condenados. Y es en este punto donde está el problema.

En Entre Ríos hay sólo dos cárceles de mujeres: la histórica Unidad penal 6 en Paraná y el pabellón dispuesto hace un año atrás en la Colonia Penal El Potrero. En ninguno de estos dos lugares hay un espacio físico que sea el específico para alojar procesadas. Lo mismo ocurre con los hombres.

Hay un caso que ejemplifica esto. Osvaldo Andrés Roldán, el hombre que asesinó de varias puñaladas a la abogada Julia Flammini en los días previos al recital del Indio Solari en Gualeguaychú en abril del 2014, fue condenado en septiembre de ese año a una pena de 17 años. Durante esos meses permaneció con prisión preventiva alojado en la Jefatura de Policía, y continuó en esa condición mientras esperaba el fallo de Casación. Ese órgano modificó la condena y le dictó la prisión perpetua por considerar el hecho un femicidio. Recién después de un año fue llevado a la Colonia Penal.

Los motivos del NO

Luego de seis meses de proceso, el jefe de Policía de Gualeguaychú, comisario Carlos Pérez, le requirió al Tribunal de Juicios que presidió Mauricio Derudi, la posibilidad de trasladar a Nahir Galarza a una unidad penitenciaria.

El pedido del funcionario policial estuvo principalmente fundado por una Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictada en 2015, que especifica que las personas a la espera de un juicio no pueden permanecer más de 30 días alojadas en dependencias policiales, porque no tienen las condiciones sanitarias y de seguridad suficientes.

Esto se debió a un caso ocurrido en Concordia, que marcó el tratamiento a las personas judicializadas a las que se les dictó la prisión preventiva. Hasta ese momento no había un tiempo específico que podían permanecer alojadas en alcaidías o jefaturas a la espera de un juicio. Sin embargo esto no es excluyente, porque choca con los intereses de otras leyes e incluso con la Constitución Nacional, por lo cual queda todo sujeto a decisión de cada magistrado.

Pérez también dio a entender que la presencia de Nahir Galarza en la Comisaría le insume a la Policía un aumento en la cantidad de personal y los esfuerzos por mantener su seguridad. El Subjefe de la Policía, Cristian Hormachea, explicó que desde la fuerza se han tomado todos los recaudos como con cualquier otra persona para resguardar su seguridad y la de los funcionarios, y aclaró que se ha respetado lo dispuesto en la Acordada, pero en el caso de la imputada los tiempos se han prorrogado.

Desmintió publicaciones periodísticas que trascendieron durante el fin de semana largo sobre las horas de encierro de la joven. “Yo no creo que tenga conocimiento de lo que pasa afuera, porque no tiene acceso a ningún medio de comunicación a su alcance. Si se entera es por lo que le pueda decir alguna visita, pero hasta ahora no ha recibido ninguna”.

El Tribunal analizó la solicitud de la policía, pero la respuesta fue inmediatamente negativa. Según pudo saber ElDía, los magistrados pronunciaron que no era “aconsejable alejar a Nahir Galarza de sus familiares y de sus defensores” y se especificó que su presencia en la Comisaría no era peligrosa porque “en los seis meses que estuvo alojada nunca puso en crisis la seguridad”.

El posible destino: la UP6

Días atrás, poco después de conocerse el veredicto del Tribunal sobre Nahir Galarza, trascendió que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos informó abiertamente que no había lugar para una nueva interna en el pabellón de mujeres de la Colonia Penal Nº9.

Días después, cuando coincidentemente la Policía solicitaba el traslado de la joven a una unidad penal y sin que el Tribunal de Gualeguaychú lo requiriera, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos le informó a los magistrados que en la UP9 no había lugar, pero sí lo había en la UP6 y que no había impedimento para su alojamiento en esa cárcel, salvo los 230 kilómetros que separan a Gualeguaychú de Paraná.

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