15/03/2019 - 11:10:05 - visitas: 199
Políticas

Legislatura

Bahler: '¿Con qué autoridad van a hablar ahora de corrupción desde Cambiemos?'

El diputado provincial y precandidato a intendente de Concordia, Alejandro Bahler, se refirió a la causa judicial llevada adelante por el Tribunal de Cuentas de la Provincia a los responsables económicos de la campaña de Cambiemos en 2015. Apuntó al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en Paraná, Enrique Susevich, y a los diputados provinciales Joaquín Lamadrid y María Alejandra Viola y exigió que ese dinero sea devuelto inmediatamente, según información enviada a DIARIOJUNIO.

Tras conocerse la resolución de un juicio de cuentas realizado por el Tribunal de Cuentas que intima a Susevich a devolver cerca de $ 7,5 millones, Bahler apuntó al diputado provincial Joaquín Lamadrid, quien también tiene su cuota de responsabilidad por haber sido el otro responsable económico de Cambiemos. “Susevich y Lamadrid fueron los responsables económico- financieros de la campaña de Cambiemos en 2015 y tendrán que devolver los fondos que gastaron ilícitamente y hacer caso a la condena. Van a tener que dejar de esconderse y hacer frente a una condena que ya está dictada”, expresó.

Bahler apuntó además a la diputada María Alejandra Viola. “Quisiera saber dónde se va a meter ahora, teniendo en cuenta que retiró a todo un bloque en el marco de un acto oficial de la Cámara, como lo es la designación de autoridades, haciendo acusaciones por corrupción todas las veces que puede contra otros dirigentes de la clase política. Cambiemos no está limpio, están condenados por el Tribunal de Cuentas. Me gustaría saber, ¿con qué autoridad van a hablar ahora de corrupción?”, finalizó.

Susevich, responsable económico financiero de la campaña de Cambiemos en 2015, es investigado por el supuesto desvío de cerca de 7,5 millones de pesos que le fueron otorgados por parte del gobierno provincial con destino a la impresión de boletas para las elecciones de ese año que, según un dictamen del Tribunal de Cuentas (TdC), habría sido usado para otros fines. En caso de constatarse, la maniobra configuraría el delito de peculado, para el cual el Código Penal establece condenas que van desde dos a diez años de prisión, más la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

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