Un apoyo con condiciones

Política

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23/04/2012 - 17:49:38 -

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Proyecto Sur acompaña la expropiación de YPF pero reclamó medidas complementarias Un apoyo con condiciones Proyecto Sur comunicó su apoyo a la anunciada expropiación de las acciones de YPF/Repsol. En un documento señalaron que se trata del comienzo de una acción de recuperación de la petrolera nacional. “Decimos comienzo porque sin un cambio de la política energética no podrá revertirse la crisis”, explicaron a través de una nota enviada a DIARIOJUNIO. Por ello establecieron una serie de condiciones: conformar una YPF 100% estatal, sociedad publica con control social, integrar todas las provincias, prohibir las exportaciones de petróleo, etc.

Pino Solanas, referente de Proyecto Sur, siempre fue crítico de las políticas del kirchnerismo, aunque esta vez coincidió en parte.

“El país está frente al fracaso estrepitoso de una política petrolera que iniciada por Carlos Menem, nos llevó a la pérdida de las reservas hidrocarburíferas. El modelo privatista se profundizó con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que impulsaron la entrada del grupo Eskenazi a YPF en el 2007 y avalaron que Repsol se llevara el 90% de sus utilidades. De ser una Nación que se autoabastecía, hoy somos un país importador de gas y petróleo: para el año en curso, se importaran más de u$s 12.000 millones”, mencionaron en un documento.
“Frente a esta realidad, el discurso oficial sigue impregnado de ideas neoliberales y prejuicios ante la estatización de la petrolera. Somos el único país que habiendo privatizado su petróleo, todavía no lo ha recuperado. Si se repiten los errores del pasado y si la nueva YPF es conducida por quienes la privatizaron, volveremos a perderla. El 77% del pueblo argentino hoy acompaña la expropiación a condición de que estemos construyendo una petrolera eficiente, con planes y metas de producción y gestionada con ética pública. Una política de estado que considere a los hidrocarburos como un recurso estratégico –y no un comodity- al servicio de todo el país”, se señala en otro párrafo.
No obstante, Proyecto Sur invitó a todos los sectores políticos y sociales a exigir las siguientes medidas, “para impedir un nuevo fracaso”:
1º) conformar una YPF 100% estatal: “el proyecto oficial plantea expropiar solo el 51% de las acciones, lo que permitiría el desembarco de grupos privados y capitales extranjeros al interior de la compañía. Se debe expropiar el 100%, es decir, el 25% de las acciones del grupo Petersen/Eskenazi, el 6% restante de Repsol e ir capturando el 17% que está en manos de tenedores privados. Se toma como modelo de empresas mixtas a Petrobrás y Statoil –Noruega- , pero sus socios y accionistas son los ahorros y capitales públicos de sus pueblos: los fondos de pensión, las obras sociales de los sindicatos y los bancos de los estados. Considerando que todas las grandes petroleras del mundo operan en la Argentina, es hora de que tengamos una empresa 100% pública para que sea el instrumento de recuperación de nuestra soberanía energética. Las empresas petroleras son de altísima rentabilidad: su renta debe reinvertirse en el desarrollo de la compañía y coparticiparla con todo el pueblo argentino”.
2º) sociedad publica con control social: “el gobierno reitera el error de mantener el formato de sociedad anónima simple que escapa a la vigilancia de los organismos de control como la Sigen, la Auditoría General de la Nación y el Congreso Nacional. Para extremar su defensa y resguardarla de cualquier operación de vaciamiento o corrupción, YPF también deberá ser controlada por las organizaciones de trabajadores, usuarios y consumidores”.
3º) integrar todas las provincias, coparticipar la renta petrolera: “la nueva YPF debe ser federal con la inclusión de todas las provincias y no solo de las diez que tienen el dominio del recurso. Los estados provinciales cobran regalías, tanto a las petroleras privadas como a YPF. Durante más de 70 años, las 14 provincias que no tienen petróleo financiaron el desarrollo de YPF y la exploración, descubrimiento y explotación de todos sus yacimientos. En estas 14 provincias –Buenos Aires, Ciudad de BsAs, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, etc…- habita el 85% de los consumidores y están instaladas las principales refinerías e industrias de hidrocarburos. Si la renta sojera se coparticipa con todas las provincias ¿por qué razón no debería coparticiparse con ellas la renta petrolera?”
4º) prohibir las exportaciones de petróleo y combustibles para reducir las importaciones y hasta tanto no se reconstruyan las reservas: “las empresas no pueden tener la libre disponibilidad del crudo y hay que acabar con el sistema de la “declaración jurada” que es la legalización del despojo: hay que instalar medidores en todos los pozos; realizar un estricto control público de la producción; verificar el cumplimiento de las inversiones pactadas y el daño ambiental.
5º) auditoria y balance de reservas de todos los yacimientos: las reservas no se concesionaron, siguen siendo propiedad de las provincias. Como nunca se hizo un balance de ellas ni una auditoría del estado de los yacimientos, Proyecto Sur presentó un proyecto de ley que asocia a la Secretaria de Energía con las provincias para realizarla. Es necesario conocer el estado de cada uno de los pozos, su capacidad de producción y el daño o contaminación que ha sufrido. Hay pozos que están cerrados porque para la empresa su rentabilidad es baja, pero para el Estado son rentables”.
6º) Anular los 3 decretos desregulatorios de Menem y cumplir con la ley nacional de hidrocarburos 17.319. Por medio de 3 decretos del año 1989: “el gobierno de Menem abrió paso a la privatización y entrega de los hidrocarburos. La ley vigente 17.319 se cumple a medias: deben anularse todas las medidas que la violan, como la prohibición de tener más de cinco áreas de explotación y las empresas tienen muchas más…
7º) precio de la expropiación: El Tribunal de Tasación de la Nación deberá deducir: 1) la deuda actual de YPF/ Repsol -más de u$s 9.000- ; 2) la deuda del grupo Eskenazi ; 3) los pasivos ambientales y la reparación del daño causado, para lo cual es imprescindible auditar todos los pozos y el nivel de contaminación de las napas de agua.