A pesar de la protección legal del barrio como territorio sujeto a expropiación bajo la Ley 27.453 y de los compromisos asumidos por el municipio y la provincia para evitar un desalojo masivo, el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 ordenó nuevamente ejecutar el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública. En diciembre del año pasado, el secretario de Gobierno de Concordia, Luciano Dell’Olio, había asegurado públicamente que se trabajaba en alternativas para evitar un desalojo masivo. Por su parte, el diputado Cresto había pedido la inmediata intervención del Poder Ejecutivo Provincial.
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