Finalmente se dictó sentencia para los ocho represores por delitos de lesa humanidad en la denominada causa Área Paraná II

María Emma Papetti: “Estoy contenta porque hubo condena, pero también me dejó un sabor amargo”

Ocho represores fueron condenados por secuestros, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades cometidos entre 1976 y 1977 contra veintidós víctimas, entre ellas, el concordiense Jorge Emilio Papetti, asesinado y desaparecido en la que se denominó causa Área Paraná II. La jueza Beatriz Aranguren dispuso que cinco de ellos permanezcan en libertad, a pesar de las penas y de la gravedad de los delitos. DIARIOJUNIO habló con la hermana del soldado concordiense, María Emma Papetti, quién se manifestó conforme con las condenas de prisión perpetua para los ex militares José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso, mientas que anunció que apelarán la condena de Gonzalo López Belsue, quién recibió una pena de ocho años de prisión y, en su caso, la jueza dispuso que continuara en libertad. Lopez Belsué fue quién secuestró a Papetti, pero sin embargo se lo consideró un partícipe secundario.

La hermana del soldado secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura militar, Jorge Emilio Papetti, manifestó a DIARIOJUNIO que estaba “contenta porque hubo sentencia y eso es importante, pero tengo un gusto amargo respecto a las otras condenas de 5, 6, 8 años porque, realmente, lo que han vivido los compañeros ha sido monstruoso: las torturas, las vejaciones, las violaciones. Tal vez a un ladrón de gallinas le hubieran dado una condena peor. De todas maneras se apelará. Por eso que haya habido una condena es importante.”

La jueza Beatriz Aranguren condenó a ocho represores por delitos de lesa humanidad en la denominada causa Área Paraná II. Sin embargo, dispuso que cinco de ellos permanezcan en libertad, a pesar de las penas y de la gravedad de los delitos

Los ex militares José Anselmo Appelhans y Naldo Miguel Dasso fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro, torturas y homicidio del soldado Papetti; mientras que Gonzalo López Belsue recibió una pena de ocho años de prisión y, en su caso, la jueza dispuso que continuara en libertad.

La jueza dispuso, además, que se abra una investigación para determinar quién más intervino en la desaparición del soldado Papetti; e investigar el secuestro y las torturas contra tres militantes peronistas de Concordia.

El ex militar Jorge Humberto Appiani recibió una pena de trece años de prisión por el secuestro y torturas de nueve víctimas; Alberto Rivas fue condenado a siete años de prisión por el secuestro y aplicación de vejaciones, severidades y apremios ilegales contra cinco víctimas; Guillermo Quintana fue condenado a nueve años de prisión como partícipe del secuestro y torturas de cinco personas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost fue condenada a cinco años de prisión como partícipe de la aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales de una mujer; y el médico Hugo Mario Moyano fue condenado a ocho años de prisión como partícipe de las torturas que sufrió una mujer.

El fallo provocó indignación entre los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión ilegal, sobre todo por la decisión de la magistrada de mantener en libertad a López Belsue, Quintana, Rivas, Bidinost y el médico Moyano; y fue inmediatamente apelado por los abogados querellantes.

Appelhans también fue condenado por la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales de otras trece personas; mientras que Dasso y López Belsue fueron condenados por la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de vejaciones, severidades y apremios ilegales de dos personas que habían sido secuestradas junto con el soldado Papetti.

Marcelo Boeykens, coordinador del Registro Único de la Verdad y representante de las víctimas, aseguró que “el Juzgado Federal de Paraná no logra entender el contexto en que ocurrieron los hechos” y explicó que “a pesar de que la sentencia sostiene que se trata de delitos de lesa humanidad, cometidos en el contexto del segundo genocidio nacional, se queda a mitad de camino porque las penas son bajas y la participación que atribuye a los acusados, en la mayoría de los casos, es necesaria o secundaria”.

Por su parte, Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuestionó “la insistencia en calificar a los tormentos como severidades y apremios ilegales”. Según dijo, “los hechos cometidos contra las personas privadas ilegalmente de la libertad y sometidas a condiciones inhumanas de vida configuran el tipo penal de imposición de tormentos”, una figura penal más grave.

No obstante, ambos celebraron que se haya dictado condena para los represores acusados y recordaron que la causa tuvo como punto de partida el habeas corpus presentado por la familia del soldado Papetti en 1977, en los días posteriores a su desaparición.