Mendoza: avance de la megaminería y desmedida represión policial durante protestas en defensa del agua

La provincia de Mendoza atraviesa un escenario de fuerte conflictividad social tras la decisión del Senado provincial de habilitar la megaminería de cobre mediante el proyecto San Jorge, ubicado en el valle de Uspallata. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y acompañada por el gobierno nacional, fue aprobada con un amplio acuerdo político-partidario.

Además del proyecto San Jorge, el Senado mendocino habilitó otros 27 emprendimientos extractivos en el denominado Distrito Malargüe Minero Occidental II, donde ya había 34 proyectos aprobados y 71 más se encuentran en carpeta para una segunda etapa. La magnitud del avance minero reactivó en la provincia un histórico reclamo social en defensa del agua, sintetizado en la consigna “El agua de Mendoza no se negocia”.

Represión en el centro de la capital

En ese contexto, el jueves 12 de diciembre, una manifestación contra la megaminería realizada en el centro de la ciudad de Mendoza terminó con un fuerte operativo policial, que persiguió y reprimió a quienes se movilizaban utilizando balas de goma y gases lacrimógenos.

El saldo fue de 13 personas detenidas, entre ellas dos periodistas que realizaban la cobertura, al menos seis manifestantes heridos y siete trasladados al Hospital Carrillo. Todas las personas arrestadas permanecieron durante la noche en el Centro de Detención Estrada de la capital provincial.

Violencia desmedida

“Queremos que el resto del país se entere de lo que está pasando en Mendoza, con personas detenidas que no cometían delitos y un hostigamiento permanente hacia fotoperiodistas y comunicadores», comentó una testigo de los hechos de violencia policial que, según afirmó, se repite en todas las manifestaciones.

La testigo denunció también agresiones contra estudiantes secundarios que participaron de marchas con carteles identificando a sus escuelas. “Los golpearon, los revolcaron en el piso, pegaron patadas en la cara, sin medir consecuencias”, afirmó.

Además, recordó la violencia contra niños y niñas de entre 12 y 13 años que reclamaban la apertura de un espacio público para actividades recreativas. “Los corrieron, les pegaron incluso cuando se iban en bicicleta. No hay límites”, lamentó, y aseguró que estos episodios se repiten en distintos puntos de la provincia.

Repudio de organismos y silencio oficial

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) repudiaron el accionar policial y exigieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas. En un comunicado, señalaron que las personas reprimidas ejercían su derecho constitucional a la protesta y a la libre expresión.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también cuestionó la represión y denunció la detención de cuatro mujeres durante la madrugada mientras realizaban una pintada en defensa del agua.

Hasta el momento, el gobernador Alfredo Cornejo no emitió declaraciones públicas sobre el operativo policial. La represión del jueves no fue un hecho aislado: días antes se difundieron videos de otro accionar violento de la Policía de Mendoza contra manifestantes antimineros, que el propio gobierno provincial calificó como un “exceso” de los efectivos.

Protestas que continúan

Mientras la situación judicial de los detenidos se dirime en Tribunales, las protestas continúan en distintos puntos de la provincia. Durante el fin de semana hubo movilizaciones en Valle de Uco, Uspallata y General Alvear, y se convocó a una nueva concentración para este lunes a las 19 en el Kilómetro 0.

El conflicto permanece abierto en Mendoza, donde el avance de la megaminería convive con crecientes denuncias por violencia institucional, criminalización de la protesta y represión a periodistas y manifestantes.