El caso de la docente y viuda Mónica Muñoz

Con una artimaña contable el abogado Ricardo Alcides Solla pretendió elevar el monto del juicio en 4 millones de pesos extras

Otro capítulo desopilante y descarnado tiene lugar en los tribunales laborales en la causa contra la viuda y docente Mónica Muñoz, condenada en un juicio laboral millonario sin precedentes en su caso. Esta vez la voracidad y mala fe del abogado demandante, Ricardo Alcides Solla, volvió a quedar expuesta cuando practicó una planilla de liquidación de sentencia en la que intentó aplicar una tasa de interés duplicada e improcedente que distorsionaba la suma. El ardid llevado a cabo por el abogado significaba una diferencia de 4 millones de pesos extras en el juicio contra la mujer. Una jugada macabra que va mucho más allá de la mal llamada “viveza criolla” porque significa una afrenta a la ética y los valores de la profesión judicial. De no haber intercedido el rápido accionar de la defensa de la mujer, el abogado Ricardo Solla hubiera ocasionado un daño aún mayor contra el patrimonio –y a esta altura- la salud emocional y psíquica de la docente viuda. Ante el reclamo hecho por la defensa, el juez laboral actuante, Roberto Masara, dio lugar al pedido de rechazar la planilla de liquidación presentada por el abogado Solla. El mencionado letrado, en calidad de apoderado legal de siete albañiles -supuestos trabajadores dependientes de la mujer- inició años atrás una demanda laboral cuantiosa, trabando bienes y embargando los haberes de Mónica Muñoz, viuda de un comerciante de la ciudad. Ahora el abogado quería redoblar la apuesta y la abusiva pretensión ascendía a 10 millones de pesos por esos supuestos trabajadores de los que se demostró que durante el período reclamado –1 año- estuvieron trabajando para otras empresas en relación de dependencia y con superposición de días y horarios respecto al planteo de la demanda hecha. El caso tiene correlato también en sede penal debido a que fueron imputados dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación por el delito de “Falsificación Ideológica de Instrumento Público” al comprobarse que relevaron gente que no se encontraba trabajando en la obra privada en construcción y, peor aún, que ni siquiera estaban en el lugar en el momento de la inspección. Hoy el fuero penal tiene en sus manos la posibilidad de ponerle coto a la injustica sobre la viuda. La investigación de la estafa está a cargo de la Fiscal Julia Rivoira.

En otro intento de esquilmar a la mujer viuda y docente, Mónica Muñoz, quién atraviesa un evidente estado de quiebre emocional a raíz de los sucesos, el abogado Ricardo Alcides Solla pretendió elevar de manera sustancial el monto del juicio al intentar pasar una nueva planilla de ejecución de sentencia en la que aplicaba un tasa de interés duplicada que distorsionaba la suma adeudada y lo dispuesto en la sentencia.

El abogado se tiró “un lance” que, de no ser percibido a tiempo por la defensa, iba a atentar de manera todavía más grave y dañina contra el patrimonio y los haberes de la mujer. La diferencia resultada en el ardid contable aumentaba en unos 4 millones de pesos extras el monto del juicio, por lo que el reclamo de Solla alcanzaba los 10 millones de pesos. La suma ahora pretendida aumentaba en un 80 por ciento la suma de la sentencia dictada por el juez.

Imposible pensar que se trató de un simple error de cálculo.

Ante el reclamo hecho por la defensa de la señora Muñoz, el juez laboral actuante, Roberto Masara, dio lugar al pedido de rechazar la planilla de liquidación presentada por el abogado Solla. La reelaboración de la misma a cargo de la perito contable del juzgado dio como resultado que Solla pretendía “embocar” a la demandada en casi 4 millones de pesos extras sobre el monto ya millonario del juicio.

El abogado Ricardo Alcides Solla intentó un lastimoso ardid reñido con la ética y los valores de la profesión judicial. Ese tipo de jugarretas cuasi legales que buscan la ventaja tramposa y cuyas características permean y desacreditan tanto la imagen de la Justicia como el oficio de los letrados que trabajan en el marco de la buena fe.

La demanda laboral tiene su contraposición en sede Penal: Dos inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación fueron imputados, Emilio Raúl Pérez y Cristina Acosta Salvarrey -por el entonces fiscal y actual juez de Garantías Darío Mautone-, por el delito de “Falsificación ideológica de instrumento público”, al haberse demostrado que consignaron en el acta de inspección a una persona que ni siquiera se encontraba en el lugar, ni en el momento. El acta además se labró límites afuera de la obra (Una inversión que hacían la viuda y sus hijos de lo que quedó luego de vender la empresa del fallecido marido y jefe de familia, un comerciante del rubro lácteo) por lo que se señaló una dirección errónea del lugar. La construcción estaba detenida y la obra cerrada, pero los supuestos dependientes se hicieron relevar en la vereda vecina donde habrían estado esperando, bajo la sombra de un árbol vecino, a los inspectores del ministerio. Es decir, que no sólo no fueron sorprendidos trabajando sino que ni siquiera estaban dentro de la propiedad en construcción. Los inspectores –se sospecha- habrían sido “llamados” con la intención de dar el puntapié inicial a lo que se convertiría en una demanda laboral cuantiosa y sin precedentes tratándose contra un particular en una obra privada.

Hoy el fuero penal tiene en sus manos la posibilidad de ponerle el cascabel a la injustica sobre la viuda. La investigación de la estafa está a cargo de la Fiscal Julia Rivoira.

El deSOLLAdor

Tiempo después de dar a conocer el caso de la viuda y docente, este medio tuvo acceso exclusivo a una demanda posterior -de las mismas características y con sólo meses de diferencia- que recayó en el mismo juzgado laboral que condenó a la mujer: el “Caso Chicoy”. Allí, casualmente, el mismo abogado, Ricardo Alcides Solla, habría intentado una demanda similar contra un reconocido empresario panadero de la ciudad. En dicha oportunidad la jugada no le salió igual: La jueza laboral Melina Scattone – la misma que condenó a la viuda en primera instancia, sin miramientos y sin atender un solo agravio presentado por la defensa-, tal vez más prevenida, interpretó de manera distinta y a favor del demandado.

Muchas veces la jugada “sale con fritas”, atendiendo a ese viejo adagio que dice “mejor un mal arreglo que un buen juicio”. Sin embargo, esta vez hubo una férrea oposición de la mujer y su familia para “arreglar” en la conciliación -antes de la elevación a juicio- lo que les parecía una demanda inverosímil y antojadiza generada a partir de una “escena plantada”.