Rossi recorrió hace poco tiempo la zona de Concordia y sostuvo que observó el deterioro de la ruta 18, de la Autovía 14 y de la ruta 015 que lleva al puente internacional Salto Grande. Rossi sostuvo que, independientemente de que la Autovía 14 este concesionada, son rutas nacionales y el gobierno mantiene su jurisdicción sobre las mismas mediante Vialidad Nacional. En consecuencia, es la repartición responsable de controlar en que condición circulan los transportes de carga por la provincia.
El legislador dijo que, a veces del control se hacen cargo las empresas concesionarias, porque están a cargo del mantenimiento de las rutas. Pero aún así, la responsable en última instancia es Vialidad Nacional. “Entre Ríos tiene camiones que vienen del Mercosur, por la ruta 127, la 14 y la 18. Todos vienen de Brasil, de Uruguay, para Santa Fe, y todo eso tiene que ser controlado”, dijo.
Más adelante, Rossi mencionó que el único control fijo que existe en todo Entre Ríos está ubicado en la ruta nacional 127, en cercanías de Federal (foto). “Después tenés algunos otros que repercuten como el de Santa Fe-Paraná pero del lado de Santa Fe, enseguida de pasar el Túnel. Pero eso no están en Entre Ríos”, dijo. La otra forma de fiscalizar es mediante controles móviles pero son “muy escasos”. “No hay nada” admitió. “Lo que le pedimos a Vialidad es que haya una cantidad suficiente de controles y que los hagan de manera inteligente”.
El legislador admitió que en este momento, hay una política del gobierno nacional de Javier Milei de vaciamiento de Vialidad Nacional. “Se complica”, mencionó. No obstante, dijo que en la sesión del miércoles próximo en la cámara de Diputados se apruebe el proyecto para que formalmente le exija a la nación que comience a controlar. “las rutas son patrimonios de todos los argentinos y los entrerrianas, por masque estén concesionadas. Además, a eso hay que cuidarlo porque, si no, los mantenimientos de las rutas se hacen más seguidos y más costosos”.
Por otra parte, adelantó que tiene previsto presentar un proyecto para cobrar una tasa a los transportes internacionales de carga que pasan por las rutas entrerrianas pero “no se les cobra un mango”. En ese sentido, sostuvo que, si bien los camiones pagan el peaje, en realidad los que terminan subsidiando son los automóviles.
Un camión paga cinco veces más el costo del peaje pero cuando va cargado puede llegar a pesar entre 25 y 40 toneladas mientras que un auto mediano solo pesa poco más de una tonelada. Rossi indico que un camión deteriora 100 veces más las rutas que un vehículo liviano pero tampoco se puede establecer un peaje equivalente a esa magnitud ya que el transporte de cargas se tornaría inviable. Lo que se recaude irá a un fondo específico y no pude ser destinado a otro fin que el mantenimiento de rutas. “Lo estoy viendo con el gobernador”, indicó el socialista.
De igual modo, dijo que está analizando de qué manera se puede implementar la tasa y separó su iniciativa de una similar que hizo pública el ex senador Héctor Maya. Rossi dijo que el ex candidato a gobernador por el Socialismo proponía un peaje, equivalente a una aduana interior. “Eso está prohibido por la Constitución Nacional”, aclaró.
Fundamentos del proyecto
La provincia de Entre Ríos es un corredor logístico clave para el país y el Mercosur, la cual soportan un tráfico cada vez más intenso de camiones con destino a puertos y centros de distribución. Según un informe de Vialidad Nacional para el período 2023-2024, la mitad de la red nacional de caminos asfaltados en Argentina no está en buen estado. En el caso de Entre Ríos, sobre los 2.018 km relevados (31,3% del total), el estudio mostró que el 26,3% está en buen estado, el 29,7% en estado regular y el 43,9% en mal estado.
Este pésimo estado de las rutas nacionales fue el motivo por el cual presentamos este proyecto de declaración, que tiene por objeto exhortar al Gobierno Nacional a que asuma su responsabilidad en la debida fiscalización de las cargas pesadas que circulan por las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, cuyo incumplimiento genera un grave perjuicio al patrimonio vial de todos los argentinos.
Además de aumentar el costo de mantenimiento y reducir la vida útil, una trama vial deteriorada aumenta el riesgo de accidentes y pérdidas de vidas humanas, genera daños económicos y de competitividad en el transporte de bienes y en las economías vinculadas al mismo, desincentiva el turismo y degrada el entorno natural a causa del uso excesivo e incorrecto de caminos alternativos.
La cantidad insuficiente de balanzas de control de pesos y dimensiones aceleran el proceso de degradación de la infraestructura vial. El tránsito de vehículos con sobrepeso genera un impacto mecánico mayor sobre la calzada, provocando fisuras, baches, deformaciones y un rápido deterioro del pavimento. A mayor carga, el daño de una calzada aumenta hasta crecer abruptamente, multiplicándose, lo que disminuye la vida útil de una ruta: se estima que un incremento del 20 % en el peso por eje de un camión reduce a la mitad la duración de un pavimento. Aquí es donde radica la importancia de disuadir o impedir la circulación de transportes con exceso de carga.
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación no sólo establecen los límites máximos de peso por eje para cada transporte de carga (conforme a su artículo 53, inciso d), sino que también determina la obligación de fiscalizar su cumplimiento. A tales efectos, el artículo 58 de dicha Ley faculta a la autoridad jurisdiccional a examinar y revisar la carga de los vehículos. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es la autoridad competente para el control y fiscalización de la red vial nacional, dentro de la cual se encuentran las once rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia. Es fundamental destacar que esta responsabilidad es indistinta de la modalidad de gestión de la ruta; ya sea que se encuentre concesionada o no, la DNV mantiene la potestad y el deber de supervisión y control final sobre el cumplimiento de los límites de peso por parte del concesionario o directamente por operativos propios. Este marco legal objetivo es la base de nuestra exigencia.
No obstante la vigencia de la ley de tránsito, a la vista de cualquiera se observa una flagrante insuficiencia e intermitencia de los puestos de pesaje fijos y móviles de parte de Vialidad Nacional. Esta deficiencia en el control y una falta de estrategia inteligente y coordinada incentiva a los transportistas a utilizar rutas y caminos alternativos («vías de evasión») para evitar los escasos controles existentes. El efecto disuasivo desaparece. Así las cosas, esta iniciativa parlamentaria es un acto de defensa de los intereses de los entrerrianos, ya que el acelerado deterioro de la red pavimentada vial perjudica nuestro desarrollo económico. Por lo tanto, exigimos que el Gobierno Nacional cumpla con su deber legal de fiscalizar, una deuda casi imposible de realizar de manera adecuada debido a su política de recortes de fondos, reducción de personal y sueldos cada vez más devaluados en Vialidad Nacional.
