Otra vez los jueces se oponen a un proyecto del Gobernador

Duro comunicado de un sector de la Justicia contra el proyecto “Solidario” de Bordet

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, y la Asociación Judicial de Entre Ríos, emitió un comunicado donde rechaza de manera enérgica el proyecto de ley de emergencia enviado a la legislatura por el ejecutivo provincial. El mismo, aseguran, “desconoce el espíritu de diálogo que desde hace años se viene forjando entre los distintos sectores del Estado Provincial y los representantes de Magistrados, Funcionarios y empleados judiciales, en la búsqueda de alternativas para afrontar los momentos difíciles por los que nos ha tocado transitar.” Esta es una nueva oposición de la Justicia entrerriana a un proyecto del gobernador que sigue la sintonía de pedirles una contribución a los que tienen sueldos más altos en la provincia. La anterior fue la reticencia de muchos magistrados y funcionarios de la Justicia para aportar por única vez el 50 por ciento de sus sueldos a un Fondo Solidario dispuesto para colaborar con el Comité de Emergencia que atiende la pandemia del coronavirus, el que finalmente prosperó y terminó recaudando una suma aproximada a los 15 millones de pesos. Cabe señalar que el proyecto “solidario” actual, que tiene por premisa subsanar el déficit de la Caja de Jubilaciones de los propios trabajadores de la provincia, pide contribuciones a empleados que cobran a partir de 75 mil pesos –que no sería un ingreso exorbitante- y deja afuera a grandes sectores del campo que no llegan a las 1000 hectáreas –límite mínimo fijado para el aporte-, aunque las rocen en su dimensión. Sin embargo, no hay menciones respecto a ese tipo de inequidades del proyecto. 

El comunicado enviado a DIARIOJUNIO expresa:

“El proyecto denominado “solidario” impacta directamente sobre nuestra realidad laboral y sobre nuestro futuro previsional, ajustando una vez más los bolsillos de los aportantes y jubilados, y vulnerando de manera flagrante los derechos constitucionales de movilidad jubilatoria, intangibilidad e independencia judicial, a la vez que compromete seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado.

Somos entidades que siempre hemos bregado por el diálogo y el debate serio y profundo, y hemos acompañado el esfuerzo del gobierno provincial en el marco de esta grave situación de pandemia, y sus consecuencias económicas, pero no podemos tolerar que se malverse la solidaridad, denominando así a un marco normativo que vulnera nuestras conquistas salariales y previsionales.

Nunca ninguna administración ha dado a conocer los estados contables de la Caja de Jubilaciones que la llevaron a su situación actual, ni tampoco ha identificado nunca a los responsables de la misma. Así, su déficit resulta una constante de años que el ajuste con aportes extraordinarios no resolverá.

Tampoco la emergencia alcanza el uso discrecional de los fondos para contratos y nombramientos en los demás poderes del Estado, el que se ha ido incrementando exponencialmente año tras año y presupuesto tras presupuesto: la solidaridad no pareciera empezar por casa.

La democracia y la ética de la política implican diálogo y consensos.

El Gobierno, en esta oportunidad, no ha mostrado esa vocación.”