Algunos de los puntos sobre los que se considera que debe haber mejoras son: la actualización de los aranceles por prestaciones de Psicología y porcentaje y tiempos de los reintegros, y ampliación de la cobertura de los servicios que brindan acompañantes terapéuticos, instituciones de abordaje de consumos problemáticos y cuidadores domiciliarios.
A su vez, hicieron hincapié en que está en juego la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores y trabajadoras estatales, lo cual comprende a la salud pública, educación, fuerzas de seguridad y administración pública, es decir, afiliados que cumplen funciones esenciales en la sociedad.
Advirtieron también que las restricciones de acceso podrían constituir un acto discriminatorio y una desventaja respecto de afiliados y afiliadas a otras obras sociales, y que las dificultades señaladas generan una migración de las demandas al sistema de salud público.
Otros puntos que se abordaron durante el encuentro fueron el funcionamiento de la línea 135, el diálogo mantenido con autoridades del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) con relación al Programa Contigo e intervenciones realizadas en distintas instituciones de Entre Ríos que brindan atención en salud mental.
De la reunión participaron el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Analía Bressan, y de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), Brenda Fael y Norberto González.