A mediados de 2023, la contaduría del Poder Judicial proyectó un presupuesto anual para 2024 de casi $129.112 millones, basado en una inflación estimada del 120%. Sin embargo, al aprobarse el presupuesto provincial, la asignación para el Poder Judicial se fijó en aproximadamente $65.718 millones, un 50% menos de lo proyectado. Además, la inflación real de 2023 resultó ser del 211,40%, según el INDEC.
Actualmente, el Poder Judicial requiere $335 millones mensuales para gastos operativos y bienes de uso, pero solo ha recibido $145.36 millones en enero y $45 millones en febrero.
Para enfrentar esta crisis, el magistrado informó que el Superior Tribunal de Justicia tomó decisiones importantes, suspendiendo el inicio de nuevas obras y continuando solo con aquellas en un estado avanzado. De las 46 obras en curso, se optó por seguir con 16, mientras que las nuevas, algunas esenciales, quedaron sin efecto.
Portela destacó que existe un diálogo constante con el gobernador y el secretario de justicia, quienes aseguraron que los fondos necesarios se transferirán al Poder Judicial a medida que se reciban de la Nación. Sin embargo, enfatizó que la situación es crítica y exige medidas extremas, incluyendo la reducción significativa de gastos.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia pidió a los empleados del Poder Judicial que tomen conciencia de la gravedad de la situación y ajusten su conducta de acuerdo con la realidad económica actual.
