Militarización del río uruguay

Fray Bentos y la base naval de los botnias verdes

El 7 de diciembre está prevista la apertura de los sobres con las ofertas para la construcción de un enclave de la Marina oriental, en un predio cercano a la pastera finlandesa. El proyecto cuenta con el apoyo de los EE.UU que donó varias naves que patrullarán el río Uruguay.

En 1952, el Ejército de Estados Unidos creó una unidad de operciones especiales experta en contrainsurgencia y entrenamiento de poblaciones para luchar contra eventuales amenazas tales como el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo de Medio Oriente y en la ayuda al mantenimiento de la seguridad interna en aquellos países donde eran desplegados. Debutaron en Corea y pasaron por Vietnam, Panamá, Afganistán, Irak y varios sitios más. Fueron y son conocidos popularmente como los boinas verdes.

Pero ocurre que pronto, seguramente tendremos en nuestras proximidades, una especie de facsímil adaptado de aquel esfuerzo del belicismo conquistador: los botnias verdes.

Poco y nada se sabe hasta el momento sobre la postura del Gobierno argentino acerca de las explícitas y decididas intenciones uruguayas de militarizar la zona aledaña al Puente Internacional General San Martín, con la construcción de una base y un puerto navales en cercanías de la planta de celulosa de UPM Fray Bentos. La construcción del emprendimiento, cuyo proceso licitatorio está en curso entrará en su primera etapa con la apertura de los sobres de las ofertas que se presenten, algo que está previsto que ocurra el próximo 7 de diciembre.

Se da la circunstancia que la iniciativa, que se prevé concretada para comienzos de 2023, cuenta con la aprobación y ayuda del Gobierno de los EE.UU, que ha donado a la Armada charrúa varias naves que pertenecían a su Guardia Costera y que pronto pasarán a estar afectadas a ciertas labores, entre ellas y tal como reconociera el Jefe de la Marina uruguaya almirante Jorge Wilson, el control y fiscalización de la contaminación en el río Uruguay, lo cual que no es competencia de esa fuerza armada, como se detallará.

En tal caso, podríamos estar en presencia de una nueva violación continuada por parte del Estado uruguayo: al Tratado de Límites entre ambos países, al Estatuto para el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay y tambien al Estatuto de la Comisión que ejerce la administración compatida de dicho curso de agua -la CARU- . Ante lo extremadamente delicado del asunto, en los párrafos subsiguientes, daremos cuenta de los detalles.

BASE CAPITAN MUSETTI

Hace poco más de ocho años atrás, el entonces Ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmaba que su "sueño" era construir sobre el río Uruguay una base naval militar, para custodiar la parte compartida con nuestro país. El lugar elegido sería Fray Bentos, a la vera del Puente Internacional General San Martín y en donde ya estaban seleccionados los terrenos para los cuarteles y la zona donde estarían localizados los muelles castrenses. "En el Ministerio de Defensa y en la Armada Nacional tenemos un sueño, lo digo en el buen sentido de la palabra, de poder construir aquí en la cabecera del puente (San Martín) una base fluvial de la Armada nacional", afirmaba el Ñato, uno de los fundadores y principales dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN), que el 6 de septiembre de 1971 fuera uno de los protagonistas estelares de la Operación Abuso, que consistió en la excavación de un túnel a través del que fugaron 110 presos políticos, que estaban alojados en la entonces cárcel de máxima seguridad de Punta Carretas.

 

La libertad le duraría poco a Fernández Huidobro. Sería recapturado en abril de 1972. Pocas semanas después, negociaría con el Ejército un acuerdo por el cual los Tupamaros se comprometían a no emprender acciones terroristas a cambio que los militares cesaran con la tortura de miembros y sospechosos de pertenecer al MLN. La existencia de aquel oscuro pacto que significó, para un selecto y muy reducido grupo de encumbrados tupas encarcelados, gozar de privilegios, fue revelado en su momento por el asesinado senador Zelmar Michelini y refrendado a finés de julio de aquel año, con pruebas contundentes, por el también fallecido Wilson Ferreira Aldunate, Aquella partitura vidriosa de la historia, se la recuerda como la tregua armada.

Sin embargo, los tiempos fueron cambiando. Tras la recuperación de la democracia en el vecino país, el Ñato sería electo senador hasta que en 2011 asumió como Ministro de Defensa, cargo que ocuparía durante el gobierno de José Mujica y el segundo mandato de Tabaré Álvarez, hasta su fallecimiento en 2016. Para entonces, las seis manzanas que antaño fueron el presidio de Punta Carretas, hacía un buen rato que se habían convertido en un shopping.

Pese a que corrió mucha agua debajo del puente, aquellas declaraciones de Fernández Huidobro de 2013, no quedarían en el olvido. A fines de enero de 2021, Estados Unidos y Uruguay cerraron un acuerdo para que la Armada uruguaya recibiera tres lanchas Clase Marine Protector a través del Excess Defense Article (EDA), un programa por el cual, el Gobierno norteamericano puede ceder sin cargo o vender a un precio reducido, equipamiento de defensa propio para modernizar a Fuerzas Armadas extranjeras. En este caso se trató de una donación, aunque Uruguay se comprometió a hacerse cargo de los gastos de logística y acondicionamiento asociados al traslado de las lanchas –que revistaban en la Guardia Costera estadounidense- hasta el puerto de Montevideo.

Desde la legación los Estados Unidos en la capital uruguaya se emitió una publicación oficial que afirmaba que “la Oficina de Cooperación de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay está coordinando la transferencia de estos buques con el Ministerio de Defensa de Uruguay”. Además anunciaba que “Uruguay ha sido invitado a realizar una inspección visual de los barcos en anticipación y como inicio del proceso de transferencia, estipulado para el mes de abril”.

Con la excusa de “renovar la flota naval uruguaya, el propósito de fortalecer la cooperación contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur y el incremento de la navegación previsto en el oeste del país que trae aparejada la necesidad de brindar más seguridad en la zona”, el Gobierno norteamericano entregó a Uruguay estos tres navíos de búsqueda y rescate –conocidos como IPV- de 340 toneladas de desplazamiento, 56 metros de largo, 9 de ancho y un calado de 2,9 metros cada uno, diseñados por BAE Systems.

Las Protector son impulsadas por dos motores diésel MAN B & W 12VP185 de 2500 Kw con un sistema de propulsión ZF 7640 NR y dos hélices de paso variable que proporcionan una velocidad máximas de 25 nudos y un alcance de 3000 millas náuticas, con una autonomía de navegación de siete días. Además de los sistemas de navegación, comunicación y radar cuentan con equipos de apoyo electrónico (ESM). Cada Marine Protector, puede transportar hasta 36 efectivos, entre tripulantes y tropas. Además, alberga dos lanchas de alta capacidad para misiones de acercamiento. Cada una de ellas está armada con tres ametralladoras de 12.7 milímetros y cuentan con una posición de cañón hacia adelante que permite el montaje de armas de hasta 40 milímetros.

Dos meses después de la donación de los tres barcos, el 3 de marzo pasado, el Ministro de Defensa uruguayo, Javier García, anunció la decisión del Gobierno multicolor de Luís Lacalle Pou de instalar una base de la Armada sobre el río Uruguay a la altura de Fray Bentos. “Empezamos a trabajar para concretar la Base Naval en Fray Bentos sobre el río Uruguay”, dijo García en Fray Bentos, escoltado por el Comandante de la Armada oriental, el almirante Jorge Wilson Menéndez, y el Intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Según se dijo en aquella ocasión, la inversión inicial era de un millón de dólares, a través de un fideicomiso entre la Armada Nacional y la Corporación Nacional para el Desarrollo. García detalló que los fondos provendrían de las transferencias de predios de la Armada uruguaya sin uso productivo.

La Base Naval que se construirá, podrá albergar a 100 tripulantes, además del contingente permanente acantonado en el lugar, que será de 25 militares, un muelle con capacidad para atraque para dos de las lanchas Protector regaladas por los EE.UU y un helipuerto para que la Aviación Naval refuerce la custodia.

Llegados a este punto, en ningún momento, ni al ministro de Defensa García, ni mucho menos al Canciller Francisco Bustillo o al Presidente Lacalle Pou se les escuchó pronunciar referencia alguna al Estatuto del Río Uruguay ni a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Al respecto recordemos lo que estipula el artículo 7° del Estatuto suscripto por Argentina y Uruguay: “La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de las ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra Parte. Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la Parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra Parte a través de la misma Comisión. En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos técnicos que permitan a la Parte notificada hacer una evaluación del efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas”.

Es decir que Uruguay, no puede llevar adelante la construcción de su proyectada Base Naval sin previo acuerdo explícito de Argentina. El artículo 13° del Estatuto del Río Uruguay, determina asimismo que “Las normas establecidas (…) se aplicarán a todas las obras a que se refiere el Artículo 7º, sean nacionales o binacionales, que cualquiera de las Partes proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el Río Uruguay fuera del tramo definido como Río y en las respectivas áreas de influencia de ambos tramos”.

Tampoco se sabe hasta el momento si el Gobierno argentino, a través de nuestra Cancillería o incluso desde el Ministerio de Defensa, han realizado alguna consulta a las autoridades del vecino país.  Máxime que se trata de la militarización en la que claramente ha participado una potencia extranjera que podría transformar la zona en un hipotético escenario de conflicto. 

Mientras tanto Uruguay avanza. En la primera semana de noviembre, se publicó el Llamado a Licitación para la construcción de la nueva Base Naval Capitán Luís Museti en Fray Bentos, a muy poca distancia de la planta de celulosa Orión, propiedad de Botnia. Y no es ocioso mencionar que, entre los objetivos de las futuras instalaciones militares figuran “la custodia de la frontera con Argentina en prevención del narcotráfico, la pesca ilegal, el contrabando y tráfico ilegal de personas, asistencia en situaciones de emergencia y el control de la contaminación de las aguas del río Uruguay”. Para todo ello, que mejor que recurrir al Almirante Jorge Wilson Menéndez, el comandante de Armada uruguaya, quien ha explicado que las lanchas Protector de orígen norteamericano, tendrán a su cargo la custodia de toda la zona fluvial del litoral del río Uruguay, desde Montevideo hasta Paysandú.

Pero hay más noticias para este boletín

El Almirante Wilson ha revelado que la Armada uruguaya está en la etapa final de redacción de un pliego para llamar a interesados en ofrecer buques patrulleros de zona marítima, del modelo OPV (Offshore Patrol Vessels). Se trata de embarcaciones multipropósito de gran porte, con flexibilidad para realizar tareas de vigilancia, interdicción, búsqueda y rescate, control de contaminación y fiscalización, entre otras.

El artículo 7° del Tratado limítrofe suscripto en Montevideo el 7 de abril de 1961 por Argentina y Uruguay, sostiene que ambos Estados "acordarán el Estatuto del uso del río, el cual contendrá entre otras materias, las siguientes: a) Reglamentación común y uniforme para la seguridad de la navegación, b) Régimen de pilotaje que respete las prácticas actualmente vigentes, c) Reglamentación para el mantenimiento del dragado y balizamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°; d) Facilidades recíprocas para relevamientos hidrográficos y otros estudios relacionados con el río, e) Disposiciones para la conservación de los recursos vivos, f) Disposiciones para evitar la contaminación de las aguas". 

Con tales propósitos, el 26 de febrero de 1975, en la ciudad de Salto, ambos países suscribieron el Estatuto del Río Uruguay, "en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 7° del Tratado de Límites en el Río Uruguay de 7 de abril de 1961 con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las Partes".

El artículo 41° inciso a) de dicho Estatuto, en su Capítulo X, referido a la cuestón de la 'Contaminación' estipula que "sin perjuicio de las funciones asignadas a la Comisión en la materia", ambos Estados se obligan a "proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y dictando las medidas apropiadas, de conformidad con los convenios internacionales aplicables y con adecuación, en lo pertinente, a las pautas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales".

También, el Capítulo XIII del Estatuto del Río Uruguay, por su artículo 49°, "crea una Comisión Administradora del Río Uruguay", cuyos cometidos, a su vez, están especificados en el artículo 56° inciso a) el cual reza textualmente: "La Comisión desempeñará las siguientes funciones (...) dictar entre otras, las normas reglamentarias sobre: 1) Seguridad de la navegación en el Río yUso del Canal Principal; 2) Conservación y preservación de los recursos vivos; 3) Practicaje; 4) Prevención de la contaminación; 5) Tendido de tuberías y cables subfluviales o aéreos".

Señor Almirante Wilson: ¿En que Academia Militar estudió? ¿Desde cuándo la Armada uruguaya tiene competencias para hacer tareas relacionadas a controles y fiscalización de la contaminación en aguas del río Uruguay?

Con respecto a la Base Naval Muset i de Fray Bentos, Wilson manifestó que “la intención es inaugurarla a comienzos de 2023, para lo cual la apertura de las ofertas  de la Licitación está prevista para el próximo 7 de diciembre. Allí está previsto que se realicen las más variadas tareas de la Armada: Infantería de Marina, Prefectura, cursos de capacitación y módulos de liderazgo, balizamiento y boyado del río Uruguay. Son actividades que hoy por hoy se hacen en Montevideo y queremos acercarlas a quienes las cumplen”.

Mientras el Almirante Wilson ponía especial énfasis en el patrullaje de frontera mediante el despliegue de tropas y de las lanchas Protector —que incluye la identificación de personas y vehículos, y la detención en flagrancia— y otras tareas que no le corresponden a la Armada uruguaya sino a la CARU, en una reciente entrevista concedida días atrás por el Ministro de Defensa de nuestro país, Jorge Taiana se refirió a las principales cuestiones que forman parte de sus objetivos desde que asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses. “La Argentina es el octavo país en extensión geográfica del mundo, si tomamos además el mar continental es más importante. Somos un país muy extenso, que tiene la segunda frontera más larga del mundo (la primera es Canadá-Estados Unidos, la segunda la de Argentina-Chile). Somos un país con una densidad de población relativamente baja para esa dimensión y, al mismo tiempo, mal distribuida. El concepto básico de ese mundo, de esa defensa, es lo que se plantea en la Directiva de Política de Defensa Nacional (NdR. Aprobada por el Presidente Alberto Fernández en junio pasado) y que nos da un marco estratégico sobre la política de Defensa: una estrategia defensiva. Esto quiere decir que la Argentina no es un país que va a atacar o agredir a nadie, pero sí va a defenderse si es atacada. La estrategia defensiva no supone ni la pasividad ni el desarme del país, supone una estrategia basada en una capacidad de movilidad, de respuesta rápida, de capacidad de reacción táctica fuerte, y eso está englobado en un concepto de disuasión. La estrategia defensiva basa su éxito en su capacidad de disuasión; eso se construye, requiere trabajo técnico y táctico, trabajo de entrenamiento y por supuesto, de materiales y capacidades”.

 

A buen entendedor, pocas palabras bastan.

LA MALA FE

Para que todos se den por enterados, se debe informar que la situación entre Argentina y Uruguay es, actualmente, muy delicada.  Así de simple.

Los motivos son múltiples: la actitud de la actual coalición político-militar elegida democráticamente que encabeza Lacalle Pou respecto a cortarse solo y negociar por fuera del MERCOSUR, tratados de libre comercio con la Unión Europea y con China, o la postura de nuestro país respecto a cuestiones no negociables de soberanía, como son el control de las 200 millas y la pesca ilegal son los dos primeros.

Y con respecto a este último punto, el de la pesca, cabe mencionar que existe una decisión argentina de avanzar no solo con la profundización de los relevamientos aéreos sino de realizar controles más completos desde tierra mediante la instalación de radares de última generación. Esto tiene a maltraer a los orientales porque, como ya se conoce, son demasiadas las flotas de pesqueros ilegales que, utilizando como base el Puerto de Montevideo, operan en jurisdicción del Atlántico Sur argentino y en las Islas Malvinas. Ningún país integrante del MERCOSUR puede facilitar sus puertos a naves comerciales o militares que se dirijan o provengan del archipiélago ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

Y siguiendo con la terminal portuaria montevideana: Argentina también ha resuelto que sus litorales marítimo y fluvial estén interconectados y comunicados definitivamente. Esto implica avanzar en la construcción y la licitación del Canal Magdalena, lo cual traerá como consecuencia que los buques que procedan desde cualquier puerto del sur no tengan que ir hasta Uruguay, hacer una amansadora que hay que pagarle al Puerto de Montevideo, para luego tomar el Canal Punta Indio y luego poder acceder a las vías fluviales argentinas, como sucede actualmente.

A todos estos asuntos en relación al vecino país, se suma el río Uruguay. La conclusión del escandaloso contrato con la empresa belga Jan De Nul por el dragado y mantenimiento del curso de agua que opera en marzo de 2022,  la actuación de los miembros del Comité Científico de la Delegación uruguaya ante la CARU en el monitoreo a la planta de celulosa Orión o el mega proyecto UPM 2 a orillas del río Negro que, indefectiblemente aumentará y de manera aun impredecible, la contaminación en el río Uruguay, son algunos de los embrollos.

Pero hay más: la ampliación unilateral decidida por Uruguay del polo químico Kemira-Linde, sito en Fray Bentos para suministrar insumos a las dos pasteras que Botnia tendrá funcionando a fines de 2022 en el vecino país y la reforma del Digesto del 5 de diciembre de 2019, que hizo desaparecer cualquier referencia existente para medir los parámetros de contaminación de las aguas sobre lo cual el actual Gobierno argentino a través de nuestra Delegación ante la CARU, ya comunicó oficialmente a Montevideo que no acepta y que la aplicación de esas modificaciones se deben suspender y revisar. 

Ante este panorama complejo que se plantea en las relaciones entre ambos países, parece que algunos han perdido o no encuentran el oremus.

En los últimos tiempos escuchamos y leemos exhortaciones acerca de la necesidad de establecer mecanismos de diálogo como método de solución de las controversias existentes entre ambos países. Esto es coherente y tiene sentido hasta que ciertos límites son sobrepasados por alguna de las partes. Y Uruguay ya se ha pasado varios barrios. Por eso, y dada la evolución de los acontecimientos, las constantes invitaciones a sentarse todos a una mesa, denotan un alto grado de infantilismo a la hora de comprender lo que en verdad está sucediendo. Continuamente se apela a la histórica hermandad y amistad entre ambas naciones que hacen imposible estar distanciados, como si ambas cuestiones estuvieran por encima de la mala fe.

Una cosa son los pueblos de ambas naciones y otra, muy diferente, son los gobiernos que los representan. Lo que es indiscutible es que desde hace 21 años, cuando asumiera Jorge Batlle como Presidente del Uruguay hasta la actualidad, los orientales siempre han optado mayoritariamente por elegir a gobernantes de diferentes signos ideológicos pero todos coincidentes en lo mismo: desarrollar, favorecer y ampliar la presencia de corporaciones de la forestación asociadas a la industria de la celulosa, como Botnia y Montes del Plata. Para ello, no han dudado en violar sistemáticamente cuanto tratado internacional han suscripto con la Argentina lo cual ha traído como consecuencia el monumental desastre ambiental que sufre el río Uruguay, una vía compartida y de administración conjunta.

En las relaciones internacionales no priman hermanos, amigos, hijos, primos o entenados, sino que predominan los intereses. Quien no sea conciente de esto es convicto de puerilidad o de necedad.

Es claro que el conflicto que se originó hace dos décadas por la instalación de la pastera de Botnia en Fray Bentos no está resuelto. Y más pronto que tarde la conflagración será aun más importante porque se sumará la segunda planta finlandesa que, vía río Negro, depositará su aporte contaminante en el Uruguay. Pero no es un litigio que nuestro país mantiene con una empresa, en este caso Botnia. Se trata de un profundo y hasta ahora irresuelto desacuerdo con el Estado uruguayo que es quien permite que una corporación instalada dentro de las fronteras de su territorio, afecte con sus desechos un espacio limítrofe que, si bien es de uso común, también concierne a la porción del río Uruguay que corresponde a la Argentina.

Es evidente que existe una  intelectualidad que profesa y sus difusores mediáticos exponen, una cantidad de axiomas que conducen al planteo de la imposibilidad de acometer el cambio de la situación en torno al río Uruguay, apelando al argumento de la historia pasada y otros disparates, de tal forma que se termina sugiriendo que lo mejor es abdicar del uso de la herramienta fundamental en todo proceso social y soberano: el conflicto.

Quien esto escribe quiere expresar que no se dedica ni se presta a reproducir gacetillas o publicidad disimulada de información, tanto sean de uruguayos como de finlandeses. Si eventualmente existiera algún despistado que ejerce el periodismo ya sea en Fray Bentos o en cualquier otra ciudad uruguaya que quisiera invitarme a "charlar con toda franqueza"  y ver como hacemos para evitar que "la pelea por el tema Botnia sea por los siglos de los siglos", debo decir recordando al primer Director de la Agencia Prensa Latina, Jorge Ricardo Maset i, que "el periodismo tiene que ser objetivo, pero no imparcial". Esto significa que la moral de los hechos es sagrada pero no su interpretación, porque siempre se defienden valores, causas y escenarios. Lo que no se puede negar es la moral del dato duro.

Por si acaso alguien no comprendió bien o alberga alguna duda al respecto, lo digo de otra forma: no estoy en venta.

Algunos sectores de la sociedad, en parte a causa de la desinformación en la que incurren las autoridades responsables pero también, por su desdén hacia la actualización, la falta de análisis, estudio y comprensión de las nuevas circunstancias que se han sumado a la problemática suscitada en torno al río Uruguay, terminan siendo funcionales a los intereses de quienes ejercen el poder en representación de las corporaciones depredadoras de nuestros recursos naturales. Es llamativo como a veces, ciertas organizaciones ambientales apalancan sus discursos a ciertas bulas redactadas por quienes residían años atrás en nuestro país y jamás abrieron la boca cuando las papas quemaban en Arroyo Verde. Sin embargo lo hacen ahora, después que lograran encaramarse a tronos de monarquías de dudosa trayectoria a lo largo de la Historia. 

El conflicto es el constituyente fundamental de la posibilidad de un cambio progresivo en cualquier Nación y en cualquier sociedad. Aceptar el statu quo conduciría a la perpetuación de condiciones de injusticia. Parapetarse en la idea de que el mundo cambió, que la motorización del progreso ya no transcurre por la vía del conflicto, se acerca –o es– una manifestación de la filosofía del fin de la Historia. El sometimiento teórico a esta cosmovisión falsa construiría el fundamento para una inevitable derrota.

TIERRAS DE DIOSES CAÍDOS

Por lo antedicho, en el final de esta crónica me permitiré aludir a algo que hasta hace no demasiado tiempo, habitó entre nosotros. Muchos de ustedes, estimados lectores, seguramente la recordarán.

 

Era curiosa, entrañable y necesaria, pero también algo rara. A veces se nos presentaba como un perro verde o como un tomate azul. Y es que así era el vestido, o tal vez el disfraz, que se ponía nuestra esperanza cada mañana, para echarse a la calle y enfrentar el cada día.

Era una cabalgadura que nos volvía gigantes en miniatura, rebelde y subversiva de lo que está mandado, mande quien sea. Su voz se alzaba hasta que los sordos escucharan y los ciegos vieran.

Nunca tenía bastante, ni aun cuando en un barrio se instalara el paraíso terrenal. Siempre andaba alborotando gallineros, para que no perdiesen siempre los mismos, y heredasen los desheredados.

No era ni redonda ni cuadrada. Pero se levantaba en el cielo como lo hace la luna y se encendía, en lo más oscuro de la noche, como un faro que nos decía cuál era el camino a seguir. Así era.

Pero ya no es. Hace tiempo que no anida entre nosotros. Anda por ahí, por las tierras de los dioses caídos, esperando que un día vayamos a su encuentro, la reclamemos y la llamemos de nuevo, a nuestra orilla.

Para los que ya tenemos bastantes años vividos y por más fácil que se nos pudiese plantear nuestra existencia, la verdad es que, sin ella, la vida no deja de ser otra cosa que un largo y aburrido ensayo general para la muerte.

Sería todo un detalle volver a tenerla como pan nuestro de cada día.

La utopía.

 

Informe completo con notas y fuentes:

https://www.maximaonline.com.ar/Nota-66692-fray_bentos_y_la_base_naval_de_los_botnias_verdes

Fuente: POR MARIO BERMUDEZ. MÁXIMA ONLINE