Cuando éramos chicos y jugábamos con las palabras, cada provincia tenía un significado. Jujuy era Ju-juyyy, la que reía. Sin embargo hace tiempo que carece de motivos para sonreír. Por lo menos desde el 20 de Julio de 1976, la noche del apagón. En ese momento la oscuridad fue metáfora y letra. En el ejemplo más devastador del carácter cívico (y eclesiástico) además de Militar, de la Dictadura Genocida. En las tinieblas más tenebrosas, los Militares urdieron un plan criminal en el contexto del Terrorismo de Estado. Con vehículos de la empresa “Ingenio Ledesma”, secuestraron, torturaron y desaparecieron a cientos de trabajadores, delegados gremiales, estudiantes etc., la mayoría, marcados por los dueños del establecimiento, por su carácter combativo. Por la lentitud y complicidad de la Justicia con el Poder económico, Carlos Pedro Blaquier, principal sospechoso, falleció con un eterno procesamiento que le permitió vivir en la más injusta impunidad.
En 2016, con el triunfo de Gerardo Morales, es encarcelada en Jujuy, Milagro Sala, una dirigente social que estorbaba los negociados del empresariado Jujeño, con el desarrollo extraordinario de obras, escuelas, hospitales, viviendas, accesibles a los sectores más empobrecidos (1). Opínese lo que se quiera sobre Milagro, el único dato cierto, incluso admitido por sus carceleros, es que la prisión que sufrió inicialmente fue ilegal. Una prisión preventiva dictada por el “Acampe”, una causa que es excarcelable, es decir, que no contempla prisión. Esta circunstancia transparentó las intenciones políticas de su detención, que la convirtió, indudablemente, en una presa política, y a su detención ilegal, en un secuestro. Si faltaran confirmaciones de dichas intenciones, Morales incrementó la Suprema Corte con legisladores adictos, que con una velocidad inusitada, configuraron la máxima instancia del Poder judicial, con el fin de garantizar el prendimiento. Y si a todo este patético acto de injusticia le faltaban piezas, aparecieron conversaciones del Presidente del Superior Tribunal de Jujuy, Pablo Vaca, en el que afirma que “Milagro Sala, no está presa por sus delitos, sino para no volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas”. Sostenía que por eso Gerardo no la quiere soltar. Cosa que Morales reafirma en una entrevista con un medio televisivo, en el que tranquiliza al ansioso periodista asegurándole que no la va a soltar a la Milagro.
Gerardo Morales es Gobernador de Jujuy, la provincia que ya no ríe, y candidato a Presidente por Juntos por el cambio. Fue ministro del gobierno de la Alianza que gobernó el País desde 1999 y que estalló literalmente por los aires en las luctuosas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una feroz represión de las manifestaciones populares que dejaron un saldo de casi una treintena de asesinados. Un emblema del martirio que propulsó la Alianza que integraba Morales, fue el cruento asesinato de Claudio Pocho Lepratti, el ángel de la bicicleta.
Ahora, aquel que formó parte de ese gobierno impune, aquel que apoyó los criminales cortes de rutas de los patrones del campo, aprobó, en la madrugada del viernes, una reforma constitucional que prohíbe la protesta social, de las manifestaciones en espacios públicos, de los cortes de ruta. Una reforma que busca amordazar, censurar y criminalizar toda manifestación popular, en el mismo instante en que los docentes Jujeños movilizan al grito de “abajo la reforma, arriba los salarios”, como expresión del hambre y la miseria a la que son sometidos los maestros y el pueblo del Noroeste. Será esta reforma un encuadre y un ensayo preparatorio del saqueo de los recursos naturales (litio), que desde el Imperio vienen anunciando sin ambages?.
(1) Horacio Verbitzky :”La libertad es un milagro”
Hugo Díaz
Y Jujuy es la primera que ensaya soluciones para la patota peronista. Por eso les molesta.
Mario
Chaco tampoco rie. Cecilia menos. Ya se van.
HUGO
Aclaro que Milagro está presa por delitos comunes de enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del estado destinados a la construcción de viviendas sociales: (Wikipedia), y condenada a 13 años de cárcel.