OSER: la crisis anunciada que el oficialismo eligió no escuchar

Mientras el vicepresidente de OSER, Ricardo García, intenta justificar la situación financiera “delicada” con la metáfora de una familia irresponsable que vivía “como en Disney”, la realidad es mucho más cruda y menos literaria: miles de afiliados están padeciendo demoras que comprometen su salud, pérdida de coberturas históricas, falta de medicamentos crónicos y oncológicos, interrupciones en tratamientos de discapacidad y un sistema de autorizaciones que se volvió impracticable. Nada de esto es teoría: es la experiencia cotidiana de los trabajadores y jubilados que aportan desde hace décadas.

Cuando la media sanción pasó de Senadores a Diputados, advertimos que la eliminación del IOSPER implicaba romper un sistema que, si bien requería adecuaciones a la Ley 23.660 y 23.661, era viable y mostraba —según su último balance publicado— un resultado positivo. También alertamos sobre el riesgo de replicar la experiencia de ObSBA en la Ciudad de Buenos Aires: un modelo de obra social estatizada, burocratizada y al borde del colapso permanente. Lamentablemente, la OSER está siguiendo ese mismo derrotero.

Los testimonios que hoy circulan entre afiliados son contundentes y estremecedores: personas que deben recurrir a abogados para obtener medicamentos vitales; familias que financian de su bolsillo tratamientos que la obra social dejó de cubrir; pacientes con glaucoma sin acceso a gotas esenciales; usuarios que ven rechazadas recetas que antes tenían 50% de cobertura; personas con discapacidad obligadas a atravesar procesos administrativos que se vuelven castigos. OSER ha convertido el amparo judicial en el único canal efectivo para ejercer derechos. Es llamativo.

Y mientras esto sucede, el diputado Marcelo López había asegurado que, si el nuevo sistema no funcionaba, “volverían a revisarlo”. Pues bien: ¿qué más evidencia necesitan? El colapso está a la vista. Lo que está en juego no son estadísticas ni balances: es la salud y la vida de 300.000 personas.

La decisión de cerrar la sede de Villa Libertador San Martín los domingos refleja la desconexión absoluta con la realidad local. En una localidad donde la población adventista guarda el sábado —su día de culto—, el domingo funciona como un día hábil para quienes deben atenderse en el Sanatorio Adventista del Plata. Cerrar ese día la oficina sin pensar en otra alternativa, no es “cuidar al personal”: es cortar prestaciones esenciales sin comprender el territorio.

Desde UCR ACTIVA reafirmamos lo que sostenemos desde el inicio: esta reforma no modernizó el sistema, lo debilitó. El relato oficial no puede tapar la evidencia. No hay “transformación cultural”: hay ajuste, improvisación e insensibilidad. Y hay algo más grave: la desprotección de miles de entrerrianos que hoy dependen de un sistema que prometió eficiencia y transparencia, y entregó obstáculos y abandono.

A todo esto se suma un hecho gravísimo que ya anticipábamos: el Gobierno justificó la creación de la OSER alegando que aportaría mayor “transparencia”, pero hoy no existe reglamentación del funcionamiento de la sindicatura ni se han publicado informes del Tribunal de Cuentas sobre la nueva obra social.

La estructura de control externo —presentada como uno de los pilares del cambio— no funciona, no informa, no rinde cuentas y no ha producido un solo documento público que permita evaluar la legalidad, la eficiencia y el destino de los fondos. Es decir: prometieron transparencia y entregaron opacidad absoluta. Resulta inaceptable que un organismo creado bajo la excusa de “corregir los vicios” del IOSPER opere sin controles efectivos, sin auditorías visibles y sin el más mínimo estándar de publicidad institucional.

No nos equivocamos cuando advertimos lo que venía. Como entrerrianos, hoy exigimos que el Gobierno y la Legislatura se hagan cargo y actúen. Porque de este error político —y humano— la provincia no puede darse el lujo de no volver.