El manual de ciertos desarrollados inmobiliarios locales parece seguir una lógica ya conocida: avanzar sobre normas patrimoniales y urbanísticas, maximizar la rentabilidad de la inversión, y luego—cuando el daño está consumado y suele ser irreversible—acercarse al Estado Municipal para ver cómo acomodan la situación con pedidos de “eximición” de multas o “readecuación” de los proyectos autorizados, los que suelen ser escuchados y recogidos por los sucesivos gobiernos locales sin importar el color político. Este patrón o «modus operandi» tiene un nuevo capítulo en el edificio que la firma CANTENA S.R.L. levantó en calle Carriego 76, un proyecto del arquitecto José Luis “Joselo” Fernández. Así como antes fueron los peronistas, ahora es la gestión del intendente Azcué la que salió al rescate de los infractores/transgresores con un despacho que fue aprobado en la sesión de este jueves por la mayoritaria bancada «panoficialista» (Pro-UCR-Libertarios). De esta manera, el oficialismo tendrá la facultad de eximir de la multa a los propietarios de los departamentos -un recargo del 660 por ciento sobre la Tasa General Inmobiliaria (TGI)- debido a que, para la construcción del edificio, se destruyó una fachada histórica. Además, el Ejecutivo aceptaría que los desarrolladores anexen y engloben una propiedad lindera -que también es parte del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad- al proyecto original del Cantená y de esa manera subsanar el exceso de metros cuadrados construidos.