De acuerdo a la investigación, el patrimonio de Allende habría crecido de manera irregular entre los años 2000 y 2016, período en el que se desempeñó como diputado provincial. Según los datos relevados por el perito oficial de la fiscalía, Héctor Enrique, el enriquecimiento no justificado ascendería a 12 millones de pesos, además de 64.000 dólares a valores históricos. El juez Zoff sostuvo que el acusado habría utilizado a familiares cercanos como presuntos testaferros para la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y participaciones societarias.

Los peritos de la defensa intentaron demostrar que los ingresos del exlegislador eran compatibles con su nivel de vida, pero el magistrado dio mayor peso a los informes oficiales, remarcando una “notoria desproporción” entre los ingresos declarados y los bienes registrados, muchos de los cuales fueron adquiridos por montos subvaluados.

Entre los elementos observados por la justicia se incluyeron gastos no cuantificados, como el mantenimiento de caballos de carrera y viajes internacionales. En relación con sus hijos, el fallo señala que ambos formaban parte de sociedades como Radio La Voz de Entre Ríos S.A., Haras El Machazo S.A. y Cardinal Grydim S.A.. En el caso de Victoria Allende, el juez subrayó que adquirió vehículos siendo menor de edad, sin que existieran ingresos declarados que justificaran esas operaciones.

Además, José Allende y Satler fueron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, debido a su rol en la Fundación Esperanza, entidad que gestionó subsidios no reintegrables por un total cercano al millón de pesos entre los años 2008 y 2011, cuando Allende era legislador provincial y presidente de la fundación. Posteriormente, Satler asumió esa presidencia y fue quien firmó las solicitudes y rendiciones de esos fondos públicos.

El juez concluyó que ambos intervinieron directamente en la obtención de los recursos, actuando con pleno conocimiento del conflicto de intereses. Si bien los subsidios fueron formalmente rendidos, esto no elimina la posible comisión del delito, ya que la normativa vigente protege el principio de imparcialidad de los funcionarios públicos en la administración de fondos estatales.

En cuanto a Victoria Allende, el juez dispuso su sobreseimiento respecto de esta segunda acusación, al no hallarse pruebas suficientes que acreditaran su intervención directa en las gestiones ante el Estado.

Como medida preventiva, el magistrado ordenó el embargo o inhibición de bienes por 4.000 pesos a cada uno de los procesados, aclarando que se trata de una suma simbólica. En los fundamentos, remarcó que todos actuaron con dolo, es decir, con conciencia de la ilicitud de sus actos.

La causa se encamina ahora hacia la etapa de juicio, donde deberá probarse con mayor profundidad el presunto esquema de enriquecimiento ilícito, simulación patrimonial y uso irregular de estructuras familiares para ocultar el origen de los bienes adquiridos por el exdiputado y dirigente sindical.

Fuente: Con información de Análisis