Reforma laboral: el Gobierno aceptó cambios y el proyecto oficial llega al Senado con 28 modificaciones

La conferencia de prensa fue encabezada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acompañada por legisladores oficialistas y por autoridades del PRO y la UCR, fuerzas que ratificaron su respaldo al proyecto. Según informó Bullrich, el texto cuenta con el apoyo de unos 44 senadores, número suficiente para su aprobación y posterior envío a la Cámara de Diputados.

El proyecto consta de 98 páginas y 213 artículos, y mantiene como ejes centrales la modificación del régimen de indemnizaciones, cambios en los juicios laborales y nuevas modalidades de contratación, con el objetivo —según el Ejecutivo— de reducir los costos del empleo formal y “eliminar la industria del juicio”.

Entre los puntos destacados, se precisan con mayor claridad qué conceptos pueden judicializarse y cuáles integran el salario, aspecto clave para el cálculo indemnizatorio. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que estará dividido en dos categorías:

Grandes empresas, que aportarán el 1% mensual.

Mipymes, con un aporte del 2,5% mensual.

Este fondo será utilizado para cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias, una modificación incorporada a partir de una propuesta de la UCR.

El texto también contempla la simplificación y digitalización de los registros laborales, junto con incentivos y reducción de cargas patronales para fomentar el empleo registrado y el blanqueo de trabajadores no formalizados.

En materia de organización del trabajo, la reforma habilita una jornada laboral flexible, incorpora el banco de horas y el llamado salario dinámico, que permitiría actualizaciones salariales vinculadas a la productividad, siempre mediando acuerdos entre las partes. Asimismo, se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, únicamente si así lo establecen los convenios colectivos de trabajo.

Los cambios aceptados y los sectores beneficiados

Entre las modificaciones más relevantes, el Gobierno decidió retirar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, uno de los principales reclamos de los gobernadores por tratarse de un tributo coparticipable. Desde la UCR señalaron que existe un compromiso futuro de avanzar en un pacto fiscal para discutir una reducción impositiva.

También hubo cambios significativos en favor de los sindicatos. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de aportes sindicales y cuotas solidarias, lo que garantiza el financiamiento gremial. Estas cuotas, que seguirán siendo obligatorias, tendrán una vigencia de dos años, un tope del 2%, y luego deberán contar con consentimiento expreso. Además, se eliminó la reducción del aporte a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

En paralelo, el proyecto eliminó la posibilidad de pagar salarios a través de billeteras virtuales, un punto que había generado fuerte rechazo en el sistema bancario, que finalmente quedó excluido del texto.

Otro cambio relevante es que no se derogarán los estatutos profesionales —como el de periodistas o viajantes—, sino que se otorgará un plazo de 180 días para que su contenido sea incorporado a convenios colectivos de trabajo. En cuanto a la ultraactividad de los convenios, se mantiene el criterio ya establecido: las partes tendrán un año para renegociarlos antes de que pierdan vigencia.