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Tensión en Santa Fe por un posible paro policial tras protestas por salarios y salud mental

Continúa la tensión en Santa Fe ante la posibilidad de un paro policial, luego de una serie de protestas protagonizadas por efectivos y familiares en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y un abordaje integral de la salud mental dentro de la fuerza. Las manifestaciones se hicieron visibles entre el miércoles y el jueves en ciudades como Rosario, Vera, Reconquista, Tostado y San Javier. El Gobierno de Santa Fe anunció un paquete de medidas para intentar descomprimir la situación.

6 febrero, 2026

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5:12 pm

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El detonante fue el fallecimiento del suboficial Oscar “Chimi” Valdéz, de 32 años, quien se quitó la vida el lunes al mediodía en la sede de la Jefatura de Rosario, frente al edificio del Cuerpo de Infantería, donde prestaba funciones desde 2019. Valdéz, oriundo de la zona rural de Vera, se encontraba con licencia médica desde junio de 2025 tras haber contraído fiebre hemorrágica. Había estado internado en grave estado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y estaba previsto su reintegro el 23 de febrero, luego de una evaluación de junta médica. Falleció el miércoles.

El hecho reavivó un malestar que, según los propios efectivos, no es aislado. Solo en Rosario, durante 2025, se registraron 17 suicidios de integrantes de fuerzas de seguridad, entre policías, gendarmes y penitenciarios.

Reclamos salariales y condiciones de trabajo

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, el miércoles se inició una protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario que se extendió hasta la noche y que luego se replicó en otras localidades de la provincia. Los reclamos incluyeron una recomposición salarial, mejoras en el régimen de guardias y un sistema de salud mental con acceso real y sin represalias administrativas.

Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) detallaron entre los pedidos “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables”, además de la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquías ni destinos.

También exigieron un reordenamiento del régimen de guardias, con descanso efectivo y previsibilidad, límites a la carga horaria, mejoras en el transporte de larga distancia y condiciones básicas de infraestructura en las dependencias policiales. El planteo incluyó un abordaje multidisciplinario que contemple la salud mental y física del personal.

El paquete de medidas del Gobierno provincial

Frente al conflicto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció un conjunto de medidas orientadas —según explicó— a “fortalecer, acelerar y priorizar” políticas de bienestar para las fuerzas de seguridad.

Entre los anuncios se destaca la incorporación de tres nuevos suplementos salariales. Se estableció un plus de hasta 500.000 pesos para funciones operativas de calle bajo régimen 12×36 en ciudades consideradas prioritarias por su complejidad delictiva, como Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé. Para zonas de segundo nivel, el suplemento será de 250.000 pesos, siendo ambos beneficios excluyentes. Además, se sumará un adicional de 250.000 pesos para choferes habilitados de móviles policiales en toda la provincia, compatible con los otros suplementos.

En cuanto a la tarjeta alimentaria policial, se anunció un aumento del 102,28%, que pasará de $86.847 a $175.682. Desde el Gobierno indicaron que el trámite administrativo está avanzado y que su implementación sería inminente.

También se dispuso una suba en el valor base de la hora OSPE, que aumentará de $5.500 a $8.000, lo que representa un incremento del 31%, mientras que los adicionales por riesgo registrarán subas del 47% en todas sus categorías. Según datos oficiales, tomando como referencia diciembre de 2023, el incremento acumulado de este concepto alcanza el 600%.

Salud mental y medidas complementarias

Cococcioni informó que actualmente hay 560 policías en seguimiento psicológico y que 480 abandonaron el tratamiento. En ese marco, se evaluarán cambios en los protocolos y se reforzará el área de bienestar, con la premisa de separar la evaluación de aptitud laboral del acompañamiento terapéutico.

El paquete se completa con medidas de apoyo al alquiler por desarraigo, políticas de hotelería para quienes prestan servicio lejos de su lugar de origen y la ampliación del transporte gratuito, que ya cuenta con 12 colectivos y una inversión mensual de 1.000 millones de pesos.

Como referencia salarial, el Gobierno indicó que los ingresos iniciales en tareas operativas oscilan entre 1,65 y 2,7 millones de pesos, según la función y las responsabilidades asignadas, en un contexto de conflicto que, por el momento, sigue abierto.

Fuente: Con información de Minuto Uno

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