Gobernadores acorralados, Congreso condicionado: la advertencia de Alberdi y Vélez Sársfield  y los ecos de 1852 en la política de Milei

Es inminente la fractura del bloque opositor, del Partido Justicialista, en la Cámara de Diputados. Esta ruptura no solo se da en el bloque opositor mayoritario (hasta el momento) sino también en el PRO y en el radicalismo. Empieza a hacer mucho ruido en los demás partidos que gobiernan algunas provincias el pase de diputados al bloque oficialista de la LLA; también empieza a haber disconformidad en las bases.

Los gobernadores han sido acorralados y asfixiados a tal punto que hoy solo se conforman con ser autorizados a endeudar las arcas de sus provincias, y en este escenario surfea con total comodidad el poder central, manejando a su antojo el escenario del Poder Legislativo.

Esta columna intenta que se comprenda que la historia tiene mucho para enseñarnos al respecto, sin subestimar el conocimiento de quienes gobiernan hoy, y tampoco el de los votantes que los eligen; trazar un hilo conductor siempre me parece oportuno.

El gobierno de la LLA intenta manejar la economía (todo lo reduce a ello, y especialmente al área de las finanzas) del país como si fuera de su total propiedad privada. Por otra parte, los gobernadores le hacen sentir que su poder en las provincias es relativo y depende de qué tanto se le permita el ingreso o no.

En ese estado de tirantez, escribía Juan B. Alberdi, desde Chile en 1852, en el documento Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina: (el encomillado corresponde al texto original) “El poder respectivo de los hechos anteriores, tanto unitario como federativo, conduce a la opinión pública (…) al alejamiento de las dos tendencias o principios que habiendo aspirado en vano al abandono de todo sistema exclusivo y al alejamiento de las dos tendencias o principios que habiendo aspirado en vano al gobierno exclusivo del país, durante una lucha estéril, alimentada por largos años, buscan hoy una fusión parlamentaria en el seno de un sistema mixto, que abrace y concilie las ‘libertades de cada Provincia y las prerrogativas de toda la Nación’, solución inevitable y única, que resulta de la aplicación a los dos grandes términos del problema argentino –la ‘Nación’ y la ‘Provincia’– de la fórmula llamada hoy a presidir la política moderna, que consiste en la combinación armónica de la ‘individualidad’ con la ‘generalidad’, del ‘localismo’ con la ‘nación’, o bien de la ‘libertad’ con la ‘asociación’.”

En el texto, Alberdi expone cómo la confrontación por la exclusividad del poder no ha brindado frutos y solo ha llevado a un largo enfrentamiento que desangró no solo la política sino también a la población. En términos un poco más sutiles, pero no menos destructivos, hoy se puede ver cómo la política se destroza desnudando su peor cara y la población se desangra sin trabajo, sin alimentación adecuada, sin viviendas dignas, y muriendo gota a gota en accidentes, en rutas destrozadas –solo por dar algunos ejemplos.

Cómo se negocia, qué se cede y hasta dónde son las preguntas que los gobernadores deberán responder; por otra parte, la población tendrá el arduo trabajo de mirar en detalle quién es quién en la jugada, sin olvidar que los diputados representan a sus votantes y no a sus gobernadores. El ciudadano tendrá derecho a reclamar y pedir explicaciones sobre aquello que apoyan o no en el Congreso Nacional.

En los años en que Alberdi escribía las Bases, Urquiza supo actuar rápido para agilizar el Congreso Constituyente. Cabe aclarar que durante más de una década las provincias esperaron que Rosas convocara el Congreso y no lo hizo, y es el punto de inflexión que cansó a todos los gobernadores de provincias. En relación al hartazgo de las promesas incumplidas y las reacciones de quienes esperan, parece que poco se ha aprendido; pasado un cuarto del s. XXI todavía se siguen cometiendo los mismos errores de uno y otro lado, apagando una y otra vez el fuego de la Argentina soberana y potente.

Urquiza buscaba no solo allanar el camino al Congreso que daría el marco a la sanción de la Constitución Nacional, sino también (no sabremos cuál sería la primera intención que lo movía) y fundamentalmente fortalecer su poder –se puede interpretar que en este punto se encuentra Milei–. Para lograrlo pensó en convocar a los gobernadores y firmar el Acuerdo de San Nicolás, acuerdo firmado y ratificado por todas las provincias, menos por Buenos Aires.

En relación al acuerdo hubo desacuerdos. Vicente Fidel López expresa en la Sala de Representantes (equivalente al Congreso en Buenos Aires), el 22 de junio de 1852: “El Acuerdo de San Nicolás es un acto de gobierno emanado de la obligación que él tiene de cumplir religiosamente leyes anteriores (…) leyes, en fin, que ninguna provincia puede contradecir sin caer en un acto de rebelión contra el pacto fundamental que constituye la Nación Argentina (…) Yo concibo muy bien cuánto eco deben encontrar entre nosotros los que se proponen lisonjear las pasiones provinciales y los celos locales; pero, señores, por lo mismo me levanto más alto contra ellos, y no quiero tener otro interés que el de la Nación. Es menester que haya un nudo para todas las Provincias, y que sobre ese nudo se haga la Organización Nacional.” Para Vicente, acortar camino reuniendo a los gobernadores y alistarlos era poner en prioridad la Nación por sobre los intereses provincianos. Vicente no se plantea la representación del pueblo, ni se plantea la voz del ciudadano.

En esa misma Sala de Representantes, ese 22 de junio, es Dalmacio Vélez Sársfield quien expresa su desacuerdo con el Acuerdo de San Nicolás: “Los gobernadores reunidos en San Nicolás se han constituido por sí en un cuerpo legislativo. Han dejado su puesto para crearse otro puesto más alto. Se han hecho legisladores y han legislado (…) Han penetrado así en el fondo del gobierno nacional: se han convertido en poder electoral, en poder constituyente, en verdaderos legisladores absolutos, olvidando que los poderes que investían eran limitados a los intereses de cada una de las provincias (…) En el fondo y esencia de todas las instituciones debe aparecer la primera ley de los gobiernos democráticos, la voluntad del pueblo (…) Fuimos elegidos para componer la Sala de Buenos Aires (…) Debe decirse que el Acuerdo de San Nicolás, aunque las legislaturas provinciales lo aprobaran, había destruido desde sus fundamentos todas las bases del sistema representativo.” Vélez Sársfield va más allá de la coyuntura: hace saber que el sistema representativo y la división de poderes son, antes que nada, la organización que garantiza el funcionamiento de la Nación y la representación de la ciudadanía.

Los gobernadores tienen como función defender y desarrollar el potencial provincial, y articular con el resto de los intereses nacionales para el bienestar de la ciudadanía toda. Los diputados representan a la ciudadanía de su provincia (no a los gobernadores) y su trabajo es legislar en forma conjunta para garantizar los derechos de todos los habitantes y organizar la Nación.

Esto parecen conceptos básicos de Formación Ciudadana; aunque se supone que los gobernantes deberían conocerlos y (fundamentalmente) respetarlos, la realidad es que la letra escrita es letra muerta si no está en la práctica. El ministro del Interior, Diego Santilli, dice que no se va a reunir con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, porque no firmó el Pacto de Mayo. Al igual que Urquiza en San Nicolás, Milei intenta disciplinar a los gobernadores para que le allanen el camino en el Congreso, al decir de Vicente Fidel López, que “haya un nudo para todas las Provincias y que sobre ese nudo se haga la Organización Nacional”, dejando de lado que es responsabilidad del gobierno nacional articular, estructurar, concertar y no anudar (¡menos anular!) a todos los gobernadores, sin importar el partido político, dado que la ciudadanía los votó para representar los intereses de cada provincia. En el mismo sentido, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dice que no va a reunirse con Santilli a menos que este otorgue a la provincia lo que demanda. En ambos casos parece que la letra escrita en referencia a cuáles son sus obligaciones y responsabilidades ha muerto.

El Pacto de Mayo, donde hoy se tratan secretamente proyectos de ley que los gobernadores se comprometen a mandatar a los diputados a votar positivamente, estaría destruyendo “desde sus fundamentos todas las bases del sistema representativo”. Lo dijo Vélez Sársfield en 1852.

Verónica López
Lic. en Cs. de la Educación