Esta historia comienza cuando Patricia Indiana Isasa fue secuestrada a los 16 años en su Santa Fe natal por la Policía local, torturada y reiteradamente violada. La suya es una historia digna de Hollywood, porque primero desde el exilio y después desde sus pagos natales desarrolló una exhaustiva y prolija investigación que consiguió que sus miserables verdugos terminasen en la cárcel. Entre ellos se encontraba, en lugar destacado, Eduardo Alberto «El Curro» Ramos, quien incurrió en el error —funesto para él— de interrogarla y violarla a cara descubierta durante toda una semana.
Patricia recordó que, caminando por las calles de Santa Fe, alguien le contó que Ramos estaba preso, y así descubrió que no era la primera vez que estaba detenido entre rejas, ya que durante la dictadura lo había estado porque había formado una banda de policías que robaban estaciones de servicio y moteles, y que seguían cometiendo abusos sexuales y violaciones, incluyendo la violación de un pibe de 14 años.
«El Curro» Ramos era un perro cebado, e incluso lo habían exonerado de la Policía. Le habían dado una pena de 19 años, que después se le redujo a 10, y que al final salió en libertad en 1983. Enseguida empezó a trabajar en la Municipalidad de Santa Fe, aunque su contratación era absolutamente ilegal.
Pues bien, cuando a mediados de los 90 y del «menemato» Horacio Rosatti fue elegido intendente de Santa Fe, Ramos —que, por absurdo que parezca, trabajaba formalmente en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad— se convirtió en un hombre de «confianza», al punto de que le atribuían ser su guardaespaldas.
Entonces, Patricia Isasa consiguió una entrevista con Rosatti en febrero de 1988. En ella le advirtió quién era Ramos y le mostró las muchas pruebas que tenía de sus dichos, incluyendo su condena como asaltante a mano armada (lo que de por sí lo inhabilitaba para tener un empleo público) y, lógicamente indignada, le pidió que lo despidiera. Pero Rosatti es Rosatti (que muchos años después sería uno de los firmantes de la infame ley del 2×1 para excarcelar genocidas, derogada luego de una masiva manifestación de repulsa), y no hizo nada de lo que pedía Patricia Isasa. Vale decir que lo protegió y encubrió, incluso cuando Ramos ya tenía una orden de captura internacional librada por Interpol a pedido del juez Baltasar Garzón. ¡Nada menos!
Hubo un tiempo en que los radicales, en la tradición de, entre otros, Crisólogo Larralde, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, se reivindicaban como defensores de los derechos humanos. Esas expresiones se mantuvieron durante el menemismo, y al menos hasta la llegada de Fernando De la Rúa al poder. Así ocurrió, a fines del siglo pasado —ayer nomás— cuando el bloque de legisladores radicales pidió sobre tablas que se investigara el ingreso como funcionario a dicha Municipalidad, en la Secretaría de Cultura (¿?) de Eduardo Alberto «Curro» Ramos, un expolicía torturador, violador y secuestrador.
La iniciativa fue respaldada por todos los bloques opositores al gobierno justicialista del intendente Horacio Rosatti. ¿Y qué pasó? Que se hizo el «oso» y siguió protegiendo a semejante delincuente, lo que dio lugar a sospechar que Ramos le prestaba servicios personales.
Patricia Isasa le dijo a Rosatti —con pruebas en la mano— que Ramos había sido condenado por privación ilegal de la libertad y robos reiterados, ambos en concurso real, a la pena de 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado. No solo se lo dijo, sino que le entregó documentación respaldatoria en mano. Rosatti ignoró la denuncia y Ramos permaneció en su puesto hasta la finalización del mandato, ocho meses después. Luego de que el juez Garzón imputara a Ramos y a otros cinco represores por genocidio, terrorismo de Estado y torturas, se produjeron esas iniciativas de los concejales radicales, a las que Rosatti ignoró olímpicamente.
Para entonces —y para más escarnio— el gobierno de la provincia había expulsado a otro de los torturadores de Patricia, el comisario Héctor Romeo, alias «El Pollo Colombini», subjefe del Departamento de Drogas Peligrosas. Este caso de Patricia Isasa es solo uno de los cientos de casos encubiertos por la Justicia y los gobiernos políticos de turno desde hace mucho tiempo. ¿Qué podemos esperar de Rosatti, que se autovotó para la presidencia de la Corte, hasta tomar por «asalto» la presidencia del Consejo de la Magistratura, derogando una ley de 2006, que solo se suprime por otra ley?
PRIMER ACTO Macri designa por decreto a Rosatti como miembro de la Corte Suprema.
SEGUNDO ACTO Rosatti se autovota como presidente de la Corte Suprema.
TERCER ACTO Rosatti dicta un fallo en el que se autonombra como presidente del Consejo de la Magistratura.
¿CÓMO SE LLAMA LA OBRA? La «casta judicial» de la que nadie habla
