El informe, elaborado con datos provinciales y nacionales, se estructura en tres ejes —salario inicial, conflictividad laboral y salud laboral— y constituye, según la FJA, la radiografía más completa del sistema judicial argentino, que nuclea a 23 sindicatos de base y más de 35.000 afiliados en todo el país.

De acuerdo con el relevamiento, y tomando como referencia la línea de pobreza de septiembre de 2025 (estimada en $1.176.852,05), 15 de las 25 jurisdicciones del país pagan salarios inferiores al umbral de pobreza a sus trabajadores ingresantes. Santa Fe quedó fuera del análisis por falta de información actualizada.

Las provincias donde el salario inicial supera la línea de pobreza se concentran mayormente en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), a las que se suman Chaco, Corrientes, el Poder Judicial de la Nación/Justicia Federal y la Ciudad de Buenos Aires.

En contraste, en La Rioja, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Buenos Aires los sueldos iniciales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo.

La disparidad salarial, advierte la FJA, es extrema: hay jurisdicciones donde un ingresante cobra hasta tres veces menos que un trabajador de CABA, Neuquén, Chaco o el Poder Judicial de la Nación. La brecha se vuelve aún más profunda al comparar con los salarios de la Corte Suprema: a septiembre, los ministros percibían un básico de $8.441.348,87, mientras que el peor salario judicial del país ronda los $600.000 de bolsillo.

En síntesis, un juez de la Corte gana 15 veces más que un ingresante, cuando históricamente la relación fue de 1 a 5. “Esta realidad expone la fragmentación salarial del Poder Judicial argentino y la necesidad urgente de una negociación colectiva nacional que establezca un piso mínimo digno”, sostuvo Matías Fachal, secretario general de la FJA.

Conflictividad y represión

El año 2025 estuvo marcado por paros, movilizaciones y acciones de protesta en casi todas las provincias, impulsadas por la pérdida del poder adquisitivo, la ausencia de paritarias y episodios de persecución gremial.

Entre los conflictos más relevantes señalados en el informe se destacan:

– La Pampa: el SITRAJ realizó paros y retenciones de tareas por reclamos salariales y denunció persecución gremial del Superior Tribunal de Justicia.

– Córdoba: la AGEPJ llevó adelante un fuerte plan de lucha con marchas masivas, que culminó en junio con un acuerdo histórico de equiparación salarial con la Justicia Nacional.

– Mendoza: la AGEyFPJ denunció la violación del Convenio Colectivo y sufrió represión policial durante una manifestación en octubre, además de causas judiciales contra dirigentes.

– Chubut: el SITRAJUCH reclama desde febrero el pago de una deuda salarial del 15,5%.

– Río Negro: el SITRAJUR denunció ante la OIT intentos de vulnerar la negociación colectiva y marchó en defensa del histórico “2×1000”.

– San Luis: el SIJUPU impulsó marchas y conferencias para exigir paritarias y aumentos salariales acordes a la inflación.

– Entre Ríos: la AJER reclamó equiparación salarial, pago en tiempo y forma y reconocimiento de títulos.

– Poder Judicial de la Nación: la AEFPJN cierra el año con paros totales tras perder un 30% de capacidad de compra en los últimos 18 meses.

“El conjunto de conflictos expone una crisis estructural del sistema judicial argentino, donde la sobrecarga laboral, la falta de personal, los bajos salarios y el deterioro institucional se agravan en un contexto de creciente demanda social y crisis económica”, sostuvo la FJA.

Salud laboral: más horas, más estrés y más violencia

El tercer eje del informe presenta los datos preliminares de la 2ª Encuesta Nacional de Salud Laboral en el Poder Judicial (2024-2025), realizada entre más de 4.000 trabajadores. Los resultados muestran un empeoramiento general respecto de 2017:

– Sobrecarga laboral: el 43,6% trabaja más horas de las reglamentarias; uno de cada cuatro realiza teletrabajo, y entre ellos el 63% trabaja más horas que en presencial; el 67% no recibió capacitación; el 22,5% realiza tareas incluso durante licencias; y el 16% recibe mensajes laborales fuera de horario.

– Impacto emocional y físico: el 84,9% trabaja con expedientes electrónicos o escritos digitales, lo que aceleró el ritmo laboral. El 36,9% se siente agotado, tensionado o de mal humor —casi 10 puntos más que en 2017— y se incrementaron los síntomas asociados al estrés, como dolores musculares y de cabeza, trastornos del sueño, ansiedad y fatiga.

Violencia laboral

Los datos más graves del relevamiento corresponden a este apartado: el 43,2% de los trabajadores sufrió acoso psicológico y el 3,7% fue víctima de acoso sexual en el último año, una cifra 25 veces superior al promedio nacional.

“La pandemia instaló una reorganización del trabajo judicial que profundizó la carga laboral sin acompañamiento en salud ni inversiones en condiciones de trabajo. Las exigencias crecieron, pero no así los salarios ni los nombramientos”, advirtieron desde la Federación.

El informe concluye con un mensaje político y sindical:

“En un contexto de crisis, ajuste y represión, la unidad de lxs judiciales es esencial. La Federación Judicial Argentina va a seguir defendiendo los derechos de quienes trabajamos en el Poder Judicial y construyendo una organización nacional fuerte, solidaria y democrática frente a un gobierno cruel que ataca el trabajo y los derechos sociales”.