La trayectoria de Juan Carlos De Marchi sintetiza, con brutal claridad, los vasos comunicantes entre ciertos sectores de poder durante los años más oscuros de la Argentina.
Tras retirarse del Ejército, se instaló como empresario agropecuario y rápidamente ascendió en la estructura de la Sociedad Rural de Corrientes hasta ocupar su presidencia. Sin embargo, su identidad pública quedó marcada por su rol como represor en el Regimiento 9 de Corrientes, uno de los focos más activos del terrorismo de Estado en el Nordeste argentino.
Los tribunales lo señalaron como integrante de grupos de tareas dedicados a secuestros, torturas, interrogatorios bajo tormentos y desapariciones. Su apodo —“El electricista”— surgía de su método cotidiano: la aplicación de picana eléctrica sobre detenidos políticos.
Entre sus víctimas figuraron estudiantes, trabajadores, militantes sociales y hasta una beba secuestrada, caso que fue determinante para su condena y para reforzar el carácter aberrante de su accionar.
Las condenas: 70 delitos de lesa humanidad acreditados
De Marchi acumuló condenas en 2008 y 2023 por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes:
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Causa Regimiento 9 (2008): asociación ilícita, privaciones ilegales de la libertad, torturas y tormentos.
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Juicio “Séptima Brigada” (2023): 25 años adicionales por nuevos secuestros y tormentos.
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En total, la Justicia federal lo responsabilizó por 70 hechos de lesa humanidad.
Sus sentencias fueron confirmadas por instancias superiores, incluida la Corte Suprema, y quedó firmemente establecido su rol como represor.
En la Unión Cívica Radical (UCR) —principal fuerza opositora de la provincia — se presentaron en la Cámara Alta provincial dos iniciativas: una declaración de repudio, y un proyecto de ley para prohibir que el Estado otorgue subsidios, créditos o convenios a organizaciones que rindan homenajes a condenados por crímenes de lesa humanidad. La iniciativa expresa que tales actos “interpelan la memoria colectiva correntina, afectan la convivencia institucional y constituyen una apología política que desnaturaliza los fines de una asociación civil reconocida legalmente”.
El fiscal federal de Derechos Humanos del Chaco, Diego Vigay, denunció públicamente la medida en redes sociales, interpretándola como “una afrenta a las víctimas” y una reivindicación del terrorismo de Estado.
