Muchos (cada vez menos) siguen preguntándose que paso con Loan Peña, pero los que tienen claro lo que ocurre en la provincia mesopotámica saben que la trata de personas, para cualquier destino, ya sea la prostitución la pederastia, el tráfico de órganos y más, es un ‘negocio’ naturalizado en forma ancestral que involucra a los parientes de las víctimas, al poder político y a la policía local. Todos toman tajada de este infame comercio de seres humanos. Basta recordar que la investigación de la desaparición de Loan fue bloqueada por el mismísimo gobernador de la provincia, el radical Gustavo Valdés, que le dio la orden a los legisladores de la mayoría parlamentaria, que controla, que no dieran el desafuero pedido por la justicia al senador Diego Pellegrini, su mano derecha legislatura, que inventó una pista falsa para desviar las investigaciones que hubieran permitido esclarecer el hecho.

Se trata de la hija de Alberto “efedrina”[i] Castro, viejo conocido de las crónicas judiciales del país, entre ellas las de la “mafia de los medicamentos”, sonado caso que hace casi tres décadas, 1996) sacudió las noticias, a raíz de una investigación de Telenoche Investiga (Canal 13). Castro, es el titular de la cadena de farmacias Farmar –la segunda más grande del país detrás de Farmacity-, y es muy conocido también en el noroeste del país, donde, además de cientos de farmacias de su cadena, también es dueño de los supermercados Supermax, y emprendimientos agropecuarios.

El ‘caso Loan’ puso al descubierto la trama de crimen y corrupción que enlaza la coalición liderada por el radicalismo ECO -Encuentro por Corrientes-, que gobierna la provincia desde hace décadas, consolidando un estado feudal en el que la política, la justicia y la policía local, actúan mancomunadamente como una mafia que dejaría la zaga de ‘El Padrino’ de Coppola, como una serie acerca de Blanca Nieves y los siete enanitos.

A 80 días de la desaparición de Loan Peña, la Argentina sigue conmocionada por la falta de respuestas y la incertidumbre que rodea el caso. La desaparición de un niño o adolescente en el país, históricamente, siempre ha movilizado a la sociedad y a la justicia en una búsqueda desesperada. Sin embargo, en el caso de Loan son los medios de comunicación los que se han convertido en los principales investigadores, tratando de desentrañar lo que realmente ocurrió. El caso ha estado marcado por una serie de eventos y decisiones que han generado más preguntas que respuestas. Entre ellas, la reciente decisión de la familia Peña de remover al reconocido abogado Fernando Burlando como representante en la causa. Esta noticia, que fue anunciada por el Dr. Méndez, quien ahora lidera la defensa, sorprendió y entristeció a muchos, especialmente a quienes habían depositado su confianza en Burlando para esclarecer lo sucedido con Loan.  La hermana Marta Pelloni, conocida por su lucha por la verdad y la justicia desde el caso de María Soledad en 1990, ha compartido su análisis sobre la situación, basada en su vasta experiencia en casos de trata y desapariciones en contextos de vulnerabilidad. Pelloni estuvo presente en la marcha organizada por Burlando en la última semana de agosto, que reunió a cientos de personas desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Según ella, Burlando se había mostrado especialmente molesto con la Justicia Federal de Goya, debido a la falta de acción contra ciertas figuras clave en la investigación, como el abogado Codazzi, vinculado al senador Pellegrini y al gobernador Valdés.

Ya no quedan dudas para nadie que el gobierno de Corrientes, y más que eso, de la coalición ECO, que viene en el poder desde hace más de dos décadas, son los responsables directos, no solo de la desaparición de Loan Núñez, sino del tráfico de seres humanos, especialmente menores de edad, que funciona desde siempre en la provincia.

En entornos correntinos cercanos a los sucesos que terminaron con la desaparición del niño Loan Peña crece la hipótesis que su rapto, (del que podrían haber sido víctimas cualquiera de los niños que estuvieron en el almuerzo), estaba pactado para saldar una deuda por una carga impaga de droga.

Los lectores de DIARIOJUNIO conocen desde hace años lo que pasa, de verdad, en Corrientes. Están informados de la corrupción integral que ha degradado hasta limites insoportables todos los estamentos institucionales de la provincia. Que abarca todos los niveles del poder: el político, el judicial y la policía local.

No es la primera vez que la justicia federal se tiene que hacer cargo de una investigación criminal en la provincia por la evidente complicidad entre el poder político, las fuerzas policiales y la justicia local. Ratificando esto, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo apartó a la fuerza de seguridad mesopotámica de la investigación de la desaparición del niño Loan Danilo Peña.

Todavía está fresca en la región la tinta con que se escribieron las notas acerca de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, suceso que tuvo, entre otras consecuencias, según los analistas políticos, la pérdida de la reelección del exgobernador Jorge Capitanich, por las circunstancias que rodearon este caso, todavía sin resolver, que involucró a un puntero político cercano al poder. Las circunstancias se repiten, poco menos que calcadas, en momentos en que una interna feroz se dirimirá en las próximas semanas entre el actual gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y su otrora mentor, hoy acérrimo enemigo, Ricardo Colombi, por el control del radicalismo. El exgobernador aspira a ocupar por tercera vez el sillón de Ferré, en la capital correntina, y desplazar del poder partidario a aquellos radicales que le dieron la espalda rodeando a Valdés, por quienes se siente traicionado y de quienes quiere vengarse.

La denuncia penal criminal fue presentada en la Fiscalía Federal N°1 de la Ciudad de Corrientes contra el presidente Javier Gerardo Milei y ministros por “Traición a la Patria”, amenaza de “destrucción del Estado de Derecho”; impedimento para el ejercicio de “Derechos Humanos, Laborales, Políticos y Sociales” universales; por “Violencia Institucional premeditada; atentando contra el Sistema Democrático; violación de la Constitución Nacional, Tratados, Pactos internacionales y Leyes emanadas de ella” por la “elaboración, firma y ejecuciones del DNU N°70/2023, proyecto de ley y de la Ley Bases y Punto de Partida”.