La Red Infancia Robada pide a los legisladores del litoral argentino que rechacen la baja de imputabilidad: «Castigar antes no significa educar mejor»

En el documento, las organizaciones firmantes cuestionan que el debate reaparezca “cada cierto tiempo” como respuesta a hechos delictivos que generan conmoción social, y advierten que se trata de una “solución rápida” que no es ni necesaria ni eficaz. También sostienen que la evidencia científica y el trabajo sostenido con infancias y adolescencias muestran que la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos graves es estadísticamente minoritaria, y que la mayoría de los delitos son cometidos por adultos.

Desde esa perspectiva, plantean que centrar la discusión en la baja de la edad de imputabilidad desvía la atención de las causas estructurales de la violencia y el delito: desigualdad social, pobreza, problemas de salud mental, falta de oportunidades educativas y déficits en la calidad de vida y el desarrollo físico y emocional.

El texto también remarca que la experiencia internacional no avala el endurecimiento de los sistemas penales juveniles. Por el contrario, advierte que los regímenes más severos no reducen la reincidencia y que el contacto temprano con el sistema penal puede profundizar conductas delictivas, además de estigmatizar a adolescentes que aún se encuentran en pleno proceso de desarrollo emocional, cognitivo y social.

Las organizaciones firmantes subrayan que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que el Estado tiene la obligación de garantizar su protección. En ese marco, señalan que la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de los actos no puede equipararse a la de un adulto, por lo que anticipar la respuesta penal resultaría desproporcionado y contrario al interés superior del niño.

Para la Regional NEA de la Red, el problema de fondo no radica en la edad de imputabilidad, sino en la falta de políticas públicas integrales. Enumeran sistemas de protección social debilitados, escuelas con recursos insuficientes, barrios populares en situación de abandono y servicios de salud mental colapsados, como factores que dejan a muchos jóvenes expuestos a contextos de violencia y consumos problemáticos. En ese sentido, advierten que bajar la edad de imputabilidad implica, en la práctica, criminalizar la pobreza.

En contraposición, proponen fortalecer medidas socioeducativas, invertir en inclusión social, prevención y acompañamiento familiar, y potenciar la educación inclusiva, el deporte, la cultura y los programas de justicia restaurativa como estrategias con mejores resultados a mediano y largo plazo.

El documento concluye que la eventual sanción de una ley de baja de imputabilidad juvenil no resolvería el problema que pretende abordar y la define como una respuesta simplista frente a una problemática social compleja.

La carta lleva la firma de la Regional Noreste de la Red Nacional Infancia Robada y cuenta con la adhesión del Foro Concordia, Foro Concepción del Uruguay, Foro Goya, Foro Corrientes y Foro Misiones.

Texto de La Carta Abierta del Foro Infancia Robada: 

«Castigar antes no significa educar mejor

Cada cierto tiempo, frente a hechos delictivos que generan conmoción social, reaparece el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. La propuesta suele presentarse como una solución rápida al problema de la inseguridad, pero un análisis más profundo demuestra que no solo no es necesaria, sino que tampoco resulta eficaz ni justa.

La evidencia científica y el trabajo permanente con infancias y adolescencias, señala que la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos graves es estadísticamente minoritaria. Estudios realizados demuestran que la mayoría de los delitos son cometidos por adultos, por lo que enfocarse en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad distorsiona la atención de las causas estructurales de la violencia y el delito: desigualdad social, pobreza, salud mental, oportunidades de educación, calidad de vida y desarrollo tanto físico como emocional.

Tomar la decisión de bajar la edad de imputabilidad, es contradictoria a la evidencia internacional. Los sistemas penales más severos no reducen la reincidencia en actos delictivos de los jóvenes; el contacto temprano con el sistema penal profundiza las conductas delictivas y estigmatizan a los niños, niñas y adolescentes que, respecto a su edad, se encuentran en proceso de desarrollo emocional, cognitivo y social.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, lo que implica protección por parte del Estado. La capacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus actos no puede compararse con las de los adultos, por lo que responder con sanciones penales a edad más temprana genera un efecto desproporcionado y contrario al interés superior del niño.

El problema a atender no es la edad de imputabilidad, sino la falta de políticas públicas integrales. Los sistemas de protección social están debilitados, las escuelas no cuentan con recursos suficientes, barrios populares abandonados, servicios de salud mental insuficientes y colapsados que dejan a muchos jóvenes expuestos a contextos de violencia y consumos problemáticos. Bajar la edad de imputabilidad es una forma de criminalizar a los más pobres.

En lugar de bajar la edad de imputabilidad, abogamos por fortalecer medidas socioeducativas, invertir en inclusión social, prevención, acompañamiento a las familias, educación inclusiva, deporte, cultura y programas de justicia restaurativa que, consecuentemente, ofrecerán mejores resultados en mediano y largo plazo.

La Sanción de la Ley de “Baja de imputabilidad juvenil” no resuelve el problema que pretende solucionar, solo es una respuesta simplista a un problema social complejo. El camino no es castigar antes a niños, niñas y adolescentes, sino incluir, cuidar y llegar a tiempo.

Regional N. E de la Red Nacional Infancia Robada; adhieren Foro Concordia, Foro Concepción del Uruguay, Foro Goya, Foro Corrientes, Foro Misiones.»