Opinión: Edgardo Massarotti, ex secretario general de STE Entre Ríos
El haber inicial: actualmente es el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años, y pretenden elevarlo a los treinta años. Teniendo en cuenta que en la carrera laboral se va ascendiendo escalafonariamente y aumentando la antigüedad, ir “hacia atrás” llevará a que quien se jubile perciba un haber por debajo del 65% (o menos) de lo percibido en su última remuneración como activo.
La movilidad: Proponen sea por índices que reflejen con parámetros provinciales la fórmula aplicada desde 2021 por la Nación (ley 27.609 de movilidad jubilatoria). Esta se basa en un 50% de la evolución trimestral de los salarios —RIPTE/INDEC— y 50% de la recaudación de ANSES, con ajustes trimestrales. Es decir, desengancha la movilidad en forma directa de lo que se percibe en actividad, disminuyendo el haber jubilatorio. Destaco que la ley 27.609 ya en dos instancias judiciales ha sido declarada inconstitucional por generar pérdida de poder adquisitivo
Las pensiones por fallecimiento y por invalidez y edad avanzada: proponen la armonización con sistemas nacionales y provinciales actuales, igualando tasa de transferencia y edades. Básicamente apuntan a modificar el que actualmente tiene el art. 69º de la ley 8732 que establece que el haber de la pensión es del 75 % del beneficio del causante, bajándolo al 70% como en la Nación.
Edades: se aumenta la edad para acceder a 65 para varones y 60 para mujeres y 35 años de servicios, quedando a partir de la sanción de la ley, las edades de la jubilación ordinaria nacional como parámetro a acompañar. Las edades jubilatorias se incrementarán de manera gradual, presumo que para evitar afectar derechos adquiridos.
En un párrafo plantean buscar consenso sobre la posibilidad de aplicar la paridad de género, lo que estimo una picardía que desconoce que la mujer trabajadora carga además con el peso de las tareas hogareñas.
Actualmente es de 62, 57 y 30 respectivamente. Si bien es cierto que viene aumentando la expectativa de vida, hay que considerar la calidad de vida. Es conveniente consultar a profesionales de la salud para evaluar las condiciones psico-físicas necesarias para prolongar los años de servicio.
Considero que para tratar el tema del déficit de la Caja de Jubilaciones se deben abandonar las medias verdades porque las frases pueden ser relativamente falsas, incluso verdad, pero no toda la verdad, lo que produce un engaño provocado por omisión.
Doy ejemplos de lo que fueron decisiones políticas por lo que ese déficit debe ser afrontado por el Tesoro provincial, porque fue su responsabilidad: los aportes de los activos se fueron y nos quedaron erogaciones por los jubilados del Banco de Entre Ríos, Banco Municipal, desapareció Laer. Enersa (algo más de 2.000 jubilaciones que se pagan sin aportantes)
La pensión al mérito artístico, y Héroes de Malvinas (que merecen reconocimiento, pero es algo que debe afrontar el Estado y que en sentido estricto no deben integrar el sistema previsional)
También la jubilación de amas de casa, docentes y no docentes nacionales transferidos, que obedecieron a criterios gubernamentales.
¿Y los montos no remunerativos – “en negro”- que se dan violando el art. 82 inc.d) de la Constitución Provincial?
¿Y los contratos de obra que no aportan a la Caja ni a la Obra Social, implantados como subterfugio porque los pactos fiscales “impedían” el crecimiento de la planta de personal? A ello siempre nos opusimos.
No olvidar que también hubo jubilaciones ordinarias anticipadas y alguna renta vitalicia.
¿Las asignaciones familiares las incluyen en el déficit, por qué?
Un tema especial es que la Provincia cedió el 15% de lo que le correspondía para el sistema previsional nacional (a partir del Pacto Fiscal de 1992 y hasta el 2021) El monto de coparticipación del año 2022 fue de 302.000 millones, el 15% es 45.300 millones/año, 3.775 millones/ mes multiplicado por 288 meses (del ‘92 al 2121) serían 1.087.200 millones cedidos. (¡muchos recursos!)
Como escasísima contrapartida la Nación financió parcialmente y según sus criterios el déficit de las Cajas no transferidas. El presupuesto nacional 2023 disponía el modo en que Anses debía liquidar fondos para el déficit de esas cajas, pero Milei suspendió y no giró esos fondos previstos con la excusa de realizar una “auditoria”.
Es cierto que el gobierno de Frigerio inició acciones judiciales reclamando esos pagos adeudados, que superaban los $200.000 millones, pero terminó acordando por $48.000 millones en ocho cuotas de $6.000 millones, según los medios.
Un legislador del oficialismo en un intento de hacer enfrentar al conjunto de los entrerrianos con los empleados públicos transparentó su mentalidad al decir que estos se jubilaban jóvenes, que bueno sería que ese funcionario trabajara un tiempo en un hospital psiquiátrico, o con discapacitados o en la policía (que tiene gran carga horaria y asume riesgos). También Frigerio apuntó a crear esa grieta diciendo que es un déficit que recae “sobre el lomo de un millón y medio de entrerrianos, no solamente de los empleados públicos”.
Creo que para analizar cualquier tema se debe partir de la consideración de lo que es justo o no, de lo que es socialmente valioso, considerar cual es el vínculo entre la legitimación de los impuestos y el indispensable consenso social acerca del nivel y la estructura o composición del gasto.
Esto me lleva a un tema conexo, dado que hay responsabilidad por decisiones políticas de los gobiernos en la generación del déficit, es pertinente que los mecanismos de financiamiento tributario sean progresivos, en relación a la capacidad contributiva de los sectores de mayores recursos.
Me preocupa que habiendo reconocido el Gobernador Frigerio que los ingresos del Estado vienen cayendo y que hoy se está con ingresos como en pandemia, alrededor de 14 puntos por debajo de 2023, se persista en políticas menemistas, aliancistas, macristas y hoy en su peor expresión que es el mileismo, haciendo recaer el ajuste en los trabajadores, tanto activos como jubilados.