Opinión: UCR Activa
Hace cincuenta años, la Argentina vivía una crisis profunda. Tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón, asumió María Estela Martínez de Perón “Isabelita”, su esposa y vicepresidenta, en un país sacudido por la violencia política de la ultraizquierda y la ultraderecha, el deterioro económico, la descomposición institucional y una angustia social que parecía no tener salida. En ese clima empezó a crecer la idea de que una irrupción militar podía “poner orden”. Así se fue preparando la tragedia. Isabel empoderó a las FF. AA. y los planes golpistas con los llamados “Decretos de aniquilamiento”.
Frente a ese abismo, la Unión Cívica Radical sostuvo, con Ricardo Balbín como principal referencia, una posición que hoy debe ser reivindicada: los problemas argentinos debían resolverse dentro de la Constitución y no fuera de ella. Su discurso del 16 de marzo de 1976 fue un último llamado a la unión nacional y a una salida institucional, apenas ocho días antes del golpe. Mientras otros miraban hacia los cuarteles, Balbín y la UCR insistían en la responsabilidad política, el diálogo y la defensa de las instituciones. No fuimos a golpear las puertas de los cuarteles.
Después vino el horror. El golpe no trajo orden: trajo terrorismo de Estado. Secuestros, torturas, desapariciones, censura y muerte. En esas condiciones, la acción política abierta era peligrosa. Sin embargo, hubo radicales que no callaron. Sergio Karakachoff fue secuestrado y asesinado. Mario Abel Amaya murió como consecuencia de las torturas. Hipólito Solari Yrigoyen fue secuestrado y perseguido. Y junto a ellos actuaron muchos otros abogados radicales que presentaron hábeas corpus y defendieron víctimas de la represión, entre ellos Raúl Alfonsín. Esa historia existe, aunque demasiadas veces haya sido simplificada, deformada o directamente borrada.
En Entre Ríos, donde los organismos de derechos humanos cobrarían fuerza recién con la recuperación democrática, fueron abogados radicales quienes presentaron hábeas corpus y asumieron la defensa de perseguidos, presos políticos y desaparecidos, en su enorme mayoría peronistas. Carlos Perette, Antonio Tardelli, Eduardo Solari, Rodolfo Parente, Teodoro Marcó, Jorge Marcó, Luis Brasesco y José María Garayalde forman parte de esa nómina de coraje cívico.
Brasesco y Garayalde sufrieron atentados con bombas por esa tarea. Parente fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976. Tardelli fue cofundador de la Multipartidaria de Entre Ríos por la recuperación de la democracia. Eduardo Solari, por su parte, fue una figura emblemática en la defensa de las víctimas. Ir a una comisaría, a un cuartel o al Comando a pedir por alguien como abogado no era un trámite: era un acto de coraje cívico extraordinario. También hubo anónimos radicales que escondieron a perseguidos para que no fueran capturados por un Estado que no ejercía las garantías constitucionales del debido proceso. Todos ellos arriesgaron sus vidas y la de sus familias para ayudar y reclamar por otros.
Por eso, cuando volvió la democracia, no fue casual que también fuera un radical, Raúl Alfonsín, quien entendiera que el país no podía reconstruirse sobre el silencio ni la impunidad. El Juicio a las Juntas y a las organizaciones armadas fue mucho más que un proceso judicial: fue una piedra fundacional de la nueva democracia argentina. Allí quedó establecido un principio decisivo: la respuesta de una república debe ser la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria; no el olvido ni la venganza.
En esta trama de coraje cívico, corresponde destacar también a las Madres de Plaza de Mayo. Lo que comenzó con un pequeño grupo de 14 mujeres que se animó a reunirse en la Plaza en pleno terror y bajo la vigilancia de la dictadura, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más profundos de resistencia. Cuando el miedo mandaba callar, ellas hicieron de su dolor una forma de lucha y sostuvieron, con una valentía extraordinaria, el reclamo más elemental y más valiente de todos: saber dónde estaban sus hijos y qué había hecho con ellos el Estado terrorista.
Esa herencia no debe relativizarse. Menos todavía en un presente en el que se degradan consensos democráticos básicos y hasta organismos de la ONU advierten sobre retrocesos alarmantes en el ejercicio de los Derechos Humanos en la Argentina. En estas horas circulan rumores sobre eventuales medidas de impunidad para represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esto sería un retroceso moral, jurídico e institucional gravísimo. Romper este consenso social no sería “cerrar heridas”, sino volver a lastimar a la democracia.
Hoy, con todos nuestros problemas, la enorme mayoría de los argentinos ya no desea un golpe ni imagina una dictadura como salida. Y eso también es fruto de esa larga pelea democrática. También de esa memoria radical.