El gobierno nacional, junto al Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, convocó por estos días al Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025 – Etapa 2, dirigido a funcionarios, docentes, directivos, asistentes escolares, personal administrativo y de maestranza, además de las Direcciones Departamentales de Escuelas y programas educativos.

A través de la Resolución 2037/25, el CGE estableció la obligatoriedad de la participación para todo el personal docente de la provincia. Sin embargo, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) manifestaron su preocupación y disconformidad con la iniciativa, en línea con la postura de la CTERA, la confederación nacional que nuclea a los sindicatos docentes del país.

Desde la organización gremial señalaron que, aunque es importante contar con información actualizada sobre la situación del personal educativo, el instrumento diseñado por el Gobierno “no está orientado a producir estadísticas adecuadas ni a generar información completa sobre las condiciones de trabajo en las escuelas”.

Según expresaron, el cuestionario se limita a recopilar datos nominales del personal, dejando fuera dimensiones fundamentales para entender la realidad del sistema educativo. “No contempla las diversas formas de precarización laboral, la intensificación del trabajo ni la sobrecarga de tareas que enfrenta la docencia”, advirtieron desde AGMER.

Además, denunciaron que el relevamiento omite problemáticas vinculadas a la salud laboral y no incluye preguntas sobre las tareas de cuidado, un aspecto clave en una profesión mayoritariamente feminizada. “Se trata de un operativo que busca hacerse de insumos de forma sesgada, funcionales al ajuste en educación”, remarcaron.

En un contexto de recortes presupuestarios, intentos de cierre de cargos docentes y falta de inversión en infraestructura escolar, el gremio insistió en la necesidad de construir relevamientos “de manera colectiva y participativa”.

“Debemos elaborar herramientas que realmente reflejen la situación educativa y laboral de nuestros compañeros y compañeras, abarcando sus condiciones de trabajo, la carga horaria y los problemas de salud que atraviesan. No podemos aceptar diagnósticos parciales que sirvan de justificación para políticas de ajuste”, sostuvieron desde la conducción provincial del sindicato.

Por último, advirtieron que «seguirán reclamando relevamientos transparentes, integrales y construidos junto a los trabajadores, para que la información estadística sirva a la mejora del sistema educativo y no a su desfinanciamiento»