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Aguas rojizas en el Paraná: ONG presentan denuncia penal por vertidos industriales
La Fundación Cauce y el Foro Ecologista de Paraná presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por la presunta contaminación de los arroyos Espinillo, Crespo, Las Conchas y Las Tunas, todos afluentes del río Paraná. Según registró DIARIOJUNIO, la presentación, radicada el 28 de octubre ante el fiscal federal Leandro Ardoy, solicita una investigación por delitos de contaminación ambiental, inspecciones inmediatas en los parques industriales de Paraná y Crespo, identificación de empresas responsables y revisión del accionar de los organismos de control.
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El reclamo se formalizó luego de que nuevamente se registraran aguas rojizas en el arroyo Espinillo, en un episodio difundido el 26 de octubre por la escuela de kayak “A Remarla” de Kayak Paraná Club. Las imágenes mostraron el curso teñido con un tono sanguinolento, a la altura del paraje Calzada de Espinillo, donde desemboca en el arroyo Las Conchas.

Según los denunciantes, el fenómeno podría estar vinculado —como ya ocurrió en 2022 y 2023— con el desborde de las lagunas de tratamiento del Parque Industrial de Crespo, aunque la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos afirmó haber realizado controles que “descartarían” esa hipótesis. Sin embargo, la propia cartera reconoció en respuestas previas la existencia de muestreos con valores que superan los límites permitidos por la normativa ambiental vigente.

Exigen medidas urgentes

La denuncia solicita que la Justicia disponga inspecciones judiciales inmediatas, toma de muestras con peritos especializados, requerimiento de documentación a la Secretaría de Ambiente, al Municipio de Crespo y a la Secretaría de Industria, e identificación de las empresas radicadas en la zona, junto a sus registros de efluentes y manifiestos de residuos peligrosos.

También, informó Era Verde, se pide citar a funcionarios públicos responsables del control ambiental, en caso de comprobarse incumplimientos en sus deberes.

“El objetivo principal es detener la degradación ambiental, exigir medidas urgentes de control y remediación, y garantizar el resguardo del agua y la salud pública de las comunidades entrerrianas”, expresaron desde las ONG.

Un problema persistente

Los ambientalistas sostienen que los vertidos industriales y cloacales sin tratamiento adecuado han convertido la cuenca del Espinillo en una “zona de sacrificio ambiental”.

Un estudio reciente publicado en la revista científica Water Environment Research, liderado por Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET), detectó en esos arroyos niveles de toxicidad “incompatibles con la vida acuática” y el mayor registro histórico de glifosato en Sudamérica: 5.002 microgramos por kilo de sedimento.

“El estado que tiene el arroyo Las Tunas y el que sale de Crespo es impresionante. Están vertiendo desechos cloacales e industriales en cuerpos de agua muy pequeños, con escaso o nulo poder de dilución. Es una situación de ecocidio y una verdadera zona de sacrificio ambiental. Todo eso va a parar al Paraná”, advirtió Lajmanovich.

Los resultados confirman investigaciones previas del científico Damián Marino, quien ya en 2016 había demostrado que el glifosato drena desde las áreas productivas hacia toda la cuenca del Paraná.

Críticas al Estado

Las organizaciones denunciantes también apuntan al rol del Estado provincial. Recordaron que en 2024 la Secretaría de Ambiente había anunciado la implementación de un monitoreo permanente del arroyo Espinillo y una estrategia integral para la cuenca Las Conchas. No obstante, en enero de 2025 el propio organismo reconoció oficialmente que esa estrategia no se desarrolló ni fue incluida en el Programa de Monitoreo y Seguimiento de Cuencas Hídricas de Entre Ríos.

“El carácter recurrente de los vertidos y la ausencia de medidas efectivas de control permiten inferir una situación sostenida de riesgo ambiental que amenaza el agua, la fauna, la flora, el suelo y la salud de más de dos millones de personas que habitan aguas abajo”, sostuvieron.

Competencia federal

Las entidades remarcaron que el río Paraná y sus afluentes forman parte de una cuenca interjurisdiccional, por lo que los hechos exceden la competencia provincial y deben ser investigados en el fuero federal, según establece la Ley General del Ambiente.

“La denuncia busca detener la degradación ambiental de la cuenca Las Conchas y del río Paraná, exigir responsabilidades y promover acciones concretas de control y remediación. El Paraná es un bien común, esencial para la vida y la salud de las comunidades. No podemos permitir que siga siendo receptor de residuos industriales y agrotóxicos sin control ni sanción”, afirmaron desde Fundación Cauce y el Foro Ecologista de Paraná.

El análisis del Gobierno provincial

El lunes 27 de octubre, la Secretaría de Ambiente informó que intensificó los controles en la zona, realizando verificaciones en el sistema lagunar de Crespo y en los puntos previamente muestreados. El primer supuesto fue que un desborde de aguas residuales del Parque Industrial podría haber alcanzado el arroyo Espinillo, aunque técnicos del organismo constataron “condiciones operativas normales” sin indicios de fallas o desbordes.

En un comunicado, Ambiente indicó que los resultados iniciales “permiten inferir que la situación observada podría responder a un fenómeno natural, posiblemente vinculado a procesos biológicos asociados a la presencia de una bacteria que puede producir cambios de coloración en cuerpos de agua bajo determinadas condiciones ambientales”.

No obstante, se aclaró que la hipótesis aún debe ser confirmada mediante estudios de laboratorio. “Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad. Estamos abocados a esclarecer el origen del evento y reforzaremos los controles sobre las actividades industriales de la cuenca para garantizar la protección del ambiente y los recursos hídricos”, expresaron desde la cartera provincial.

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