En los textos —a los que accedió DIARIOJUNIO— los trabajadores plantean la “nulidad absoluta” de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo municipal, al considerar que existe un “grave desvío de poder” en la aplicación del ius variandi, es decir, la facultad del empleador de modificar condiciones laborales. Según sostienen, esos cambios se realizaron sin la debida motivación ni fundamentación suficiente, lo que los vuelve ilegales.
“La modificación de tareas y destino debe respetar principios elementales del derecho constitucional y administrativo, con sustento real y objetivo, y no meramente enunciativo”, advierten. En ese sentido, cuestionan que la Municipalidad se ampare en una supuesta ley de emergencia que, a su entender, “adolece de varios defectos legales de raigambre constitucional”, entre ellos la falta de indicación de causa concreta y la ausencia de un plazo determinado.
Pero además de los cuestionamientos jurídicos, las cartas avanzan sobre las condiciones materiales en las que se pretende que los trabajadores continúen prestando servicios. Allí denuncian que se los obliga a desempeñarse en vehículos que “no pertenecen al municipio” y que “no cuentan con los mínimos parámetros de seguridad”, lo que configuraría —según expresan— condiciones “vejatorias” que afectan la dignidad y el decoro del trabajador.
Trabajadores de la recolección de residuos, reubicados en la Dirección de Higiene Urbana, interpelan al secretario de Servicios Públicos, Alejandro López
En consecuencia, los firmantes intiman al Ejecutivo a dejar sin efecto de manera inmediata las medidas adoptadas y a restituirlos a sus funciones originales, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales, entre ellas un amparo y reclamos ante la Sala Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay.
El conflicto se remonta a la semana pasada, cuando en tiempo récord el Concejo Deliberante aprobó la concesión parcial del servicio de recolección de residuos. En menos de 24 horas, la ordenanza fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial, y los camiones de la firma cordobesa Vitsa comenzaron a circular por la ciudad.
Desde el municipio justificaron la medida en la necesidad de “dar respuesta a los vecinos” ante un problema que —según señalaron— se ha agravado en los últimos años.
Ese mismo día, alrededor de un centenar de trabajadores del área fueron notificados de su traslado a otras dependencias, principalmente a Higiene Urbana. “Tenés que ir a juntar ramas”, relató uno de ellos, graficando el cambio abrupto de funciones.
El silencio sindical en las primeras horas también llamó la atención. No hubo presencia visible de representantes gremiales en el galpón de recolección, y los delegados evitaron hacer declaraciones, en un contexto atravesado por el temor a posibles sanciones.
Así, mientras los camiones privados ya recorren las calles de Concordia y el nuevo esquema intenta consolidarse, el conflicto con los trabajadores suma un frente judicial que podría escalar en los próximos días. Las cartas documento son, en ese sentido, algo más que un trámite formal: marcan el inicio de una disputa que combina legalidad, condiciones laborales y el control de un servicio esencial.