Especialmente con Paraguay, a través de la frontera norte, que son más de setecientos kilómetros de río en total, siendo casi seis cientos con este país. Parajes prácticamente desérticos, salvo poblaciones medianas y pequeñas que por su aislamiento y pobres controles formales ofician de un enorme colador por donde pasan toneladas de drogas, no solo la marihuana que viene de ese país (el primer productor de esa droga de la mejor calidad a nivel mundial) sino que también y por esa vía ingresan las substancias que vienen desde Bolivia y Perú, básicamente cocaína.

La vinculación entre los poderes públicos y el narcotráfico en esta provincia es tan añeja como estructurada, dejando a los carteles de droga mejicanos como improvisados aprendices frente a lo que ocurre en esta provincia.

LA NARCOJUSTICIA

Los poderes públicos locales están atravesados por el narcotráfico y los narcotraficantes, solo por mencionar un caso, el ex juez Carlos Soto Dávila[i] que no solo había establecido en su juzgado una agencia de liberación de narcotraficantes, con tarifas en dólares que manejaban y conocían todos los abogados del foro local, sino que había diseñado un mecanismo “legal” para reinscribir y vender en su beneficio los vehículos de alta gama que eran decomisados por esta razón.

LOS NARCOPOLÍTICOS

Y no solo un juez, también saltó el caso de la impunidad para actuar en connivencia con el narco del ex gobernador Ricardo Colombi[ii], hoy procesado por enriquecimiento ilícito, que intervino, bloqueando, un procedimiento ordenado por la justicia federal, en que había detenido punteros políticos suyos, en la ciudad de Goya (Ctes.) en razón de ser parte de una red de narcotráfico de alcance nacional.

Pero no es solo Ricardo Colombi el imputado. En Corrientes es un secreto a voces que el ex gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, en sus estancias del norte de la provincia posee enormes terraplenes que ofician de pistas de aterrizaje informales para los aviones que cruzan desde Paraguay.

Y probablemente el mas obscuro y tenebroso de todos es el actual gobernador, Gustavo Valdés y su sucesor y hermano, Juan Pablo Valdés, ambos pasaron primero como intendentes de Ituzaingó de donde son oriundos así que es imposible que desconozcan lo que ocurre con los cruces de drogas ‘informales´ por todas las ciudades costeras.  La articulación de Valdés con el narco y los crímenes que se generan en su entorno quedó exhibida con el llamado “caso Loan” desaparición horrorosa de un inocente que en los entornos informados de la provincia se vincula con las redes de trata, venta de niños y órganos y el narco. Crimen que Valdés trató de ocultar enviando su mano derecha en la legislatura, el senador Diego Pellegrini[iii], a tratar de instalar una false versión de los hechos para posteriormente dar la orden a sus legisladores que no concedieran el desafuero de Pellegrini cuando la jueza que atiende la causa pretendió interrogarlo por su complicidad en los hechos

LAS NARCOFUERZAS DE ‘SEGURIDAD’

Aunque lo más significativo sea, confirmando la complicidad entre la policía local, los políticos, la justicia y los narcos sea que, si el lector se ocupa de googlear los procedimientos de las fuerzas de seguridad en la provincia contra el tráfico de drogas, se va a encontrar con la sorpresa que dichos procedimientos jamás son efectuados por las fuerzas de seguridad provinciales, siempre son intervenciones de Gendarmería y Prefectura nacional, aunque estas últimas también tienen su planta de personal atravesadas por el narco, como es el caso de la condena firme de la Corte Suprema a Raúl Gastón Fontana, ex jefe de Operaciones de Frontera de la Prefectura Naval en Corrientes, (por narcotráfico), lo que no constituye un hecho aislado sino que revela la profunda penetración de las organizaciones criminales en una de las fronteras más peligrosas del país.

La extensa frontera que arranca en la localidad de Ituzaingó hasta la confluencia con el río Paraguay, prácticamente sobre la capital provincial, es la clave de una circunstancia propicia que los narcos aprovechan ventajosamente.

Es tan desembozada la acción de los contrabandistas de droga que si Ud. se arrima a las costas frente a Ituzaingó, o Yahapé, Ita Ibaté, Itatí, o cualquiera de las poblaciones fronterizas, a la nochecita, va a presenciar que ‘casualmente’ cantidad de pequeñas embarcaciones se alejan de la costa hacia el centro del río a “pescar” (SIC) aunque no necesariamente peces para consumo, sino bultos impermeables

La magnitud del problema queda en evidencia con los datos oficiales. El Sistema Nacional de Información Criminalidad (SINC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en su informe ejecutivo de 2024, reporta un alarmante incremento del 46,9% en hechos de contrabando dentro de la provincia de Corrientes. Esta estadística no hace más que corroborar lo que las fuerzas de seguridad observan en el terreno: un flujo creciente de estupefacientes que alimenta una economía ilícita cada vez más normalizada en las zonas fronterizas.  (José María Serbin, investigador)

Hace algunos años tuvo repercusión nacional un caso de contrabando masivo de marihuana en la localidad de Itatí, que involucró desde el intendente local, pasando por la policía de la provincia y alcanzó una larga lista de locales que pertenecían, a la vista de todos, a la narco organización.

LOS NARCOEMPRESARIOS

Toda esta droga no solo pasa para el consumo en el país de estupefacientes, sino que llega al mundo entero a través de los grandes puertos privados que operan cereales desde el río Paraná, como fuera denunciado por el diputado santafecino Carlos Del Frade[iv] quien relató (VER VIDEO) que desde el puerto privado de la fallida Vicentín se “exportaban” (SIC) toneladas de cocaína a distintos destinos globales.

Eventos administrados desde la ciudad de Rosario (Santa Fe) capital nacional de la violencia narco y de la connivencia entre los poderes del estado y estos delincuentes.

Hasta ahora el tráfico de marihuana a través de Corrientes no ha desarrollado grandes niveles de violencia social, pero este viene cambiando aceleradamente porque, riesgo por riesgo, los narcos comienzan a priorizar el tráfico de cocaína boliviana y peruana porque ofrece réditos muchísimo mayores por el valor relativo de esta última droga, lo que hace presumir, sobre todo a la luz de los hechos conocidos de la ancestral complicidad de los poderes públicos con el narco, y no es necesario presumir, que a mayores volúmenes de dinero crecerán los niveles de violencia.

Cada vez más, Paraguay se está orientando hacia la red de tráfico de cocaína, ya que es un producto que genera mayores ganancias. Si comparamos: un kilo de marihuana paraguayo en Rosario, Argentina, se cotiza a menos dólares; mientras que un kilo de cocaína en la misma ciudad se cotiza 30 o 40 más dólares. Otra razón por lo cual Paraguay se está alejando del mercado del cannabis es que, cada vez más aumentan operaciones contra productores de marihuana, y también endurecen las medidas en la Triple Frontera, donde se aumenta el número de incautaciones de drogas.

Se puede decir que Corrientes ya es un narcoestado, algo que luego de ver lo que ocurre en otros distritos como la provincia de Santa Fe, con lo que sucede en Rosario, o ahora comienza a revelarse con el financiamiento de la campaña de La Libertad Avanza, donde su principal candidato en la provincia de Buenos Aires, acaba de ser revelado que está financiado por el narco.