Por Félix Madariaga

Las contradicciones abundan. La CPI ha emitido órdenes de detención contra líderes mundiales como Vladimir Putin y la comisionada rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, y también contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en Palestina. Sin embargo, mientras Putin es blanco de una ofensiva comunicacional global, Netanyahu se pasea con total impunidad por países miembros del Estatuto de Roma, como Hungría y Estados Unidos (lo firmó, pero no ha ratificado la firma) La «balanza» de la justicia internacional parece inclinarse según los intereses geopolíticos de las potencias occidentales.

El caso húngaro es especialmente grave. El 3 de abril de 2025, Netanyahu se reunió en Budapest con el primer ministro Viktor Orbán, quien no sólo ignoró la orden de detención emitida por la CPI, sino que días después anunció la retirada formal de Hungría de la Corte, tras 23 años de pertenencia. Orbán acusó a la CPI de estar corrompida, de actuar con motivaciones políticas y de desarrollar una supuesta tendencia antisemita dirigida contra “democracias” como Israel. Esta postura refuerza el discurso de una institucionalidad internacional que sirve más a intereses hegemónicos que al Derecho Internacional.

La decisión de Hungría tiene implicancias profundas para la Unión Europea. Como miembro activo de organizaciones internacionales como la ONU, la OTAN y la misma UE, Hungría socava el compromiso colectivo con la justicia internacional y el Estado de derecho, dos principios fundamentales de la identidad europea. Es el primer Estado miembro en retirarse de la CPI, lo que podría abrir una peligrosa caja de Pandora. Si otros países siguen este camino, la UE corre el riesgo de fragmentarse aún más en su postura frente a la gobernanza global.

Más allá de Hungría, las críticas a la CPI no se originan en su existencia, sino en su funcionamiento. El doble estándar es evidente: actúa con firmeza contra líderes de países considerados enemigos de Occidente, pero guarda un silencio cómplice ante crímenes cometidos por aliados estratégicos. Mientras se ignoran denuncias documentadas por organismos internacionales sobre abusos en Palestina o sobre la responsabilidad de Volodomir Zelenski en el sufrimiento de civiles en Ucrania, la CPI pierde cada vez más legitimidad ante la opinión pública global.

Como señala el abogado internacional Ahmed Abofoul, la CPI tiene también el mandato de emitir declaraciones preventivas frente a violaciones de derechos humanos, no sólo investigarlas a posteriori. Sin embargo, ese rol proactivo ha sido abandonado. La Corte, debilitada y sin capacidad de imponer sus dictámenes, se ha transformado en un actor más del tablero político internacional, condicionado por presiones diplomáticas y selectividad jurídica.

La pregunta es casi obvia: si la Corte, nacida con el objetivo de garantizar justicia frente a los crímenes más graves que afectan a la humanidad, tiene aún algún margen de recuperación o si estamos ante su progresivo desmantelamiento. La crisis de legitimidad que enfrenta no es meramente técnica: es política, y refleja el desgaste de un orden internacional que ya no logra sostener sus propias reglas. En este escenario, no solo la CPI está en cuestión, sino también la idea misma de justicia global.

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