Dal Molin recordó que en 2020 -cuando el entonces gobernador Gustavo Bordet dictó el decreto 1198/20 para declarar el default provincial y renegociar parte de la deuda- presentó una propuesta similar. “Pretendíamos que las cámaras tuvieran una representación plural y pudieran aportar en el proceso de reperfilamiento. Esa iniciativa no prosperó, pero hoy celebro que el gobernador impulse un mecanismo institucional que devuelve seriedad y control político a una cuestión tan sensible para las finanzas públicas”, indicó.

El senador advirtió que Entre Ríos deberá afrontar en los próximos meses vencimientos significativos de deuda en dólares, y consideró que “más temprano que tarde la provincia deberá encarar una nueva renegociación”. Agregó que “la carga que dejaron es inmensa, y lo más triste es que nunca quedó claro cómo se generó ni para qué se utilizó. Esta comisión es un paso institucional que va a permitir esclarecer eso”.

El gobernador Rogelio Frigerio envió ayer miércoles a la Legislatura provincial un proyecto de ley con el fin de crear una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública. La iniciativa busca realizar un análisis exhaustivo del desenvolvimiento histórico de los pasivos del Estado entrerriano durante casi 28 años, desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la fecha.

La propuesta ingresada a la Cámara de Diputados busca poner bajo la lupa la evolución, composición, destino y legalidad de la deuda provincial, incluyendo la interna y externa, directa e indirecta, y abarcando renegociaciones, refinanciaciones, canjes y situaciones de incumplimiento o reestructuraciones.

El trabajo de la Comisión debe culminar con un informe final o dictamen que será de publicación obligatoria en el sitio web oficial del gobierno provincial. Entre los puntos que deberá contener este informe, el proyecto especifica: “Su nivel, composición, origen, destino específico (con especial atención a la diferenciación entre deuda destinada a gasto corriente y aquella orientada a inversiones productivas o estratégicas a largo plazo) y normativa aplicable, estableciendo el destino de los fondos y su correlato en la ejecución presupuestaria”.

Finalmente, Dal Molin reflexionó: “No toda deuda es mala. Si se toma para obras, rutas u hospitales y los fondos se usan bien, está bien. Pero cuando no se ve en qué se aplicaron, la deuda se convierte en una carga doble: hay que pagarla sin haber recibido la contraprestación”.