Allá por 1993 se sanciona la Ley N° 8732 de Jubilaciones en Entre Ríos. Una de sus características es que definía que la Caja de Jubilaciones funcionaba como un ente autárquico, es decir, que los presupuestos que administraría eran de los trabajadores, e intangibles para la administración de gobierno.

Pero, en 1995, con la Ley N° 8918 de Emergencia de (Mario) Moine (hoy casualmente de regreso en el gobierno de Frigerio), le quitó esa autarquía y los aportes de los Trabajadores pasaron a la “clandestinidad” de los distintos gobiernos, que nunca derogaron el artículo de la pérdida de autarquía.

Pero, en síntesis, la ley define que el presupuesto de la Caja de Jubilaciones es de los trabajadores, producto de sus aportes.

En ese transcurrir, los distintos gobiernos tomaron medidas arbitrarias, generalmente en contra de los trabajadores y del funcionamiento del sistema.

Hasta que hoy, vienen un Frigerio y un Bagnat a instalar un supuesto “déficit”, definido desde mirar desde el agujero de su cerradura, es decir, desde su mirada de modelo AFJP y ANSES. Dicho en otros términos, es ideario de este gobierno como premisas el “ajuste” y que un jubilado es un “gasto a eliminar”.

Pero, en sus propias declaraciones, Bagnat expone su propia contradicción:

— Reconoce que 14 escalafones sostienen otros 84. Para clarificar esto, dice que hay 84 escalafones (organismos) a los cuales abona a sus Jubilados, pero los trabajadores activos se fueron a otras cajas (municipales, bancarios, energía, etc.).

— Dice que algunos organismos dejaron en la caja provincial sus jubilados y se llevaron los activos a aportar a ANSES o cajas municipales.

Es más, hasta se atreve a decir que es probable que en un muro se empalen aportantes y jubilados…

¿Saben qué quiso decir?

Expresa la síntesis de este gobierno que quiere achicar y/o disolver el Estado entrerriano, cerrar organismos, cerrar fuentes de trabajo y eliminar aportantes. Es totalmente calculable la disolución del Estado y el empleo provincial, que provocará claramente la quiebra del sistema.

En otras palabras, en esta relación activos/jubilados declara abiertamente que cerrará todo lo público como ajuste (escuelas, salud, caminos, viviendas, cloacas, etc.), todo aquello que considera “gasto público” y, lógicamente, eliminar el “gasto que es un jubilado”.

Sin embargo, muchas veces es más grave lo que no se dice para justificar lo que intenta:

— Jamás salió a reclamar al gobernador que, si pagaba salarios “en negro”, estaba desfinanciando la Caja de Jubilaciones para defender lo que administra.

— Jamás salió a reconocer que aumentó los aportes de los activos porque el Estado provincial se excusaba de ser el garante del sistema previsional.

— Jamás salió a reconocer que muchos trabajadores exceden largamente sus años de aportes al momento de jubilarse, sin beneficio alguno.

— Jamás reconoció que, extendiendo los montos y los años de aportes, ilegalmente estaba eliminando los “regímenes especiales”, leyendo el artículo que lo beneficiaba y olvidando los que sostenían a los trabajadores.

Pero lo peor de todo ocurre cuando el gobierno simula que Nación le transfiere a la Provincia 48 mil millones de pesos para el sistema previsional y lo proclaman como un logro…

Dos cosas son graves en esto:

No es una “transferencia” de favor político. Es un pago de deuda existente.

Y más grave aún es que esa deuda es de la fecha de 154 mil millones de pesos

Es decir que, en este relato, ceden a Nación las dos terceras partes de la deuda del convenio que Nación tiene con la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

En números: de 154 mil millones, hace convenio con Nación por 48 mil millones y se retira de la demanda en la Corte Suprema, es decir, por el resto e intereses.

Todo por allanamiento y complicidad con el gobierno nacional.

Reiteramos: venden como que Nación “transfiere”, cuando en realidad está “pagando lo que debe”.

Y aquí viene la gran pregunta:

¿Quién autorizó al gobierno de Frigerio y Bagnat a “negociar” y “resignar” presupuestos que son de los aportes previsionales de los trabajadores…?

Jamás se consultó a los verdaderos dueños de esos fondos al respecto.

Pero también aquí queda al desnudo otra falacia: no hay déficit; había y sigue habiendo una enorme deuda de Nación, entre otros datos.

Pero siempre prefieren que la paguen los trabajadores.

Por ello, creemos imprescindible la convocatoria a un plenario de Secretarios de Jubilados y a la Multisectorial de trabajadores de Entre Ríos para interpelar al presidente de la Caja y a los legisladores, porque no puede seguir dándoseles la ilegalidad y la impunidad mediática para desmantelar el sistema previsional de los trabajadores de Entre Ríos.

Francisco R. Nessmann, Secretario Gremial, AGMER Federal