Según expresaron desde el sector, la protesta responde, en primer lugar, al rechazo del decreto N° 500/26, al que cuestionan por contemplar sumas no remunerativas y por postergar la discusión paritaria hasta el mes de junio. Además, señalaron irregularidades en la liquidación de haberes, entre ellas errores en pagos, montos incompletos y demoras administrativas.
En ese sentido, indicaron que estas situaciones impactan directamente en la economía de las familias docentes, afectando el acceso a bienes y servicios básicos. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia, es comida, es vivienda, es vestimenta, son impuestos y servicios que no podemos pagar”, remarcaron.
Por otro lado, manifestaron su preocupación ante posibles modificaciones en el régimen previsional, en particular sobre la Ley 8732. Desde los gremios advirtieron que cualquier reforma podría afectar tanto a trabajadores activos como a jubilados, especialmente si se implementan mecanismos de actualización desvinculados de los salarios en actividad.
“Pretenden esconder que la ley va a afectar a todos, no sólo a activos que a futuro serán jubilados, sino que a quienes ya lo son también. El sistema de incrementos salariales por ‘índice’ hace que afecte directamente al jubilado/a actual, reduciendo su jubilación en poco tiempo al desengancharla del activo y dependiendo el ‘aumento’ de otras variables”, mencionaron.
Asimismo, reafirmaron su defensa de la Ley de Educacion Nacional frente a iniciativas de reforma que, según sostienen, que afectan a la educación pública. “El proyecto de reforma libertaria que destruye el sistema educativo. Sin educación pública no hay futuro para todos”, sostuvieron.