Desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, López sostuvo que Ocampo ya no es más funcionario ni cobrará sueldo del municipio. A su vez, destacó que se viene tomando la misma decisión en casos similares ya que se mide con la misma vara a todo el mundo.

El procedimiento fue solicitado ayer por el fiscal de género Francisco Paoli y ordenado por el juez de Garantías, Ives Bastián. La medida se originó a partir de la denuncia de una mujer, quien manifestó que otra femenina le mencionó poseer videos e imágenes de un encuentro sexual con un hombre y que le daba plazo hasta el 5 de septiembre para entregarle $20 millones. De lo contrario, difundiría el material.

Ante la gravedad del hecho, desde Fiscalía de Género se solicitó el allanamiento. Una vez en el lugar, la policía secuestró ocho teléfonos celulares y equipos informáticos que quedaron bajo análisis. También encontraron seis envoltorios de flores de marihuana, una balanza digital y la suma de $198 mil, según la página web Concordia Policiales. La droga habría sido hallada en una habitación de la vivienda. La pareja de Ocampo y un hijo de 20 años también fueron detenidos. Los investigadores aclararon que las detenciones no se produjeron por la denuncia inicial, sino por el hallazgo de estupefacientes durante la requisa.

Esta mañana, ante los hechos que ya eran públicos, mediante un decreto, el intendente Francisco Azcué decidió resolver la inmediata separación de Ocampo de sus funciones y aclaró: “En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad”. De esta manera, desde el Municipio se afirma que «la determinación busca garantizar que la investigación avance sin ningún tipo de condicionamiento, preservando la transparencia y el compromiso institucional con la ley».

El decreto N° 1042, fechado ayer 2 de septiembre, señala en los considerandos que Ocampo, designado mediante decreto N° 937/2024, de fecha 1° de agosto de 2024, se encuentra investigado por “su responsabilidad y participación en presuntos delitos”. “Esta administración municipal ha pregonado y demostrado su firme intención y compromiso tendiente a que sus funcionarios gocen de total probidad, transparencia e idoneidad para el ejercicio de sus funciones, resultando que hechos, como los que se encuentran investigados, afectan seriamente la confianza del ciudadano en la gestión de gobierno”.

“Un problema personal”

¿Quién es Ocampo? ¿Cómo llegó a la municipalidad? La presidenta del Concejo, Magdalena Reta, confirmó que se trata de un colaborador del PRO Concordia. “Viene trabajando desde hace mucho tiempo”. Reta remarcó que buscan que la Justicia haga su trabajo y se expida sin demora sobre el caso. “Nosotros lo que vemos es que se trata de un problema personal de él. No vemos que haya ningún inconveniente en sí respecto de que haya habido algún hecho de corrupción o algún problema en su función dentro de la municipalidad”, admitió.

Desde el municipio siguen de cerca la situación legal de Ocampo, aunque Reta dijo que no sabía si había sido liberado este mediodía. “Hay una presunción de delito que todavía no se ha probado”, dijo Reta. La referencia era para la extorsión por la que fue denunciado. “Eso hay que probarlo”, destacó. Por otra parte, mencionó que Ocampo tiene un hijo con problemas de adicciones. “Esa es una cosa incontrolable. A cualquier familia le puede pasar,  lamentablemente. Hoy en día es un flagelo para muchos ciudadanos”, ponderó.

La viceintendenta subrayó que, a pesar de que el inconveniente se suscitó fuera del municipio, coincidió con Azcué que la mejor decisión que se podría tomar era separarlo del cargo. “Preventivamente estamos de acuerdo con las medidas que ha tomado el intendente”, dijo.

Más adelante, Reta dijo que estaban expectantes respecto de los avances que podrían realizarse desde Tribunales. “Somos consecuentes con lo que hemos apoyado desde hace años desde el partido, que es la Ficha Limpia. Siempre la hemos apoyado a nivel nacional, provincial y municipal”. “Creemos que así debe ser, que se deben honrar los cargos públicos que uno desempeña”, indicó.

Ficha Limpia

Aprobada el 15 de agosto de 2024, la ordenanza establece que quedan inhabilitados para ejercer los cargos municipales de: Secretarios; Subsecretarios; Directores; Jefes de Departamentos; Jefes de Área; Secretarios del Concejo Deliberante; Subsecretarios del Concejo Deliberante aquellas personas condenadas en primera o segunda instancia por delitos dolosos graves, relacionados con hechos de corrupción o contra la integridad sexual de las personas; delitos contra la seguridad de la Nación; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; encubrimiento.

El delito de fraude en perjuicio de la administración pública; delitos contra el orden económico y financiero; delito de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades previstas en el Código Penal y aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o cualquier otra notificada por la República Argentina en la materia.

Como requisito para ocupar los cargos mencionados, se debe presentar al Departamento Ejecutivo Municipal los siguientes documentos: Certificado de antecedentes penales; Libre deudor alimentario; Comprobante de libre deuda de impuestos municipales; Declaración Jurada Patrimonial.

No obstante, la gestión actual acumula algunos casos que no pasaban ese filtro. Uno de ellos fue el de quien era Coordinador de Deportes Federados en 2024, Gonzalo Garat. Según lo informado por este medio en febrero de ese año, Garat presentaba causas en la Justicia Federal por una demanda de AFIP por “facturas apócrifas” y en el juzgado Civil y Comercial Nº5 de Concordia por demandas presentadas de parte de la ATER, la Cooperativa Eléctrica y la propia Municipalidad.

Hay otros casos en el limite de lo ético. En julio pasado se supo que Roberto Niez, actual subsecretario de Desarrollo Humano, a pesar de que cobra un sueldo de más de dos millones por medio del Código 600, una partida presupuestaria utilizada para otorgar adicionales no remunerativos —como gastos de representación— a funcionarios municipales jubilados, tramitó un alta como prestador de servicios para poder facturarle al municipio bajo la figura de “asesoramiento empresarial”. La maniobra plantea cuestiones sobre la posible elusión del régimen de incompatibilidades vigente o -incluso- la intención de percibir ingresos adicionales con fondos públicos cuando el discurso oficial hace eje en la austeridad. La oposición presentó un pedido de informes que no fue contestado sobre otros funcionarios que se encuentran en la misma situación.

Esos casos ponen a prueba el alcance y la aplicación real del discurso de la transparencia en Concordia. Mientras desde el oficialismo se insiste en que se actúa con celeridad y sin privilegios, el desafío de mantener la integridad en la función pública sigue siendo una deuda pendiente.