La reforma crea un nuevo régimen penal que, además de bajar la edad de punibilidad y encierro de menores, contempla una batería de medidas alternativas. Los jueces podrán optar entre distintas penalidades que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios cuando se trata de delitos con penas de hasta tres años de prisión, o bien con penas de hasta diez años pero que no impliquen muerte o lesiones graves de la víctima.
“Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías”, afirmó el libertario salteño Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo, en el inicio del debate.
“Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias, y si no se garantizan los recursos puede quedar en letra muerta”, cuestionó a su turno el chaqueño Jorge Capitanich. Enumeró cifras para mostrar la ínfima participación de menores en delitos y enfatizó que “el problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños”, pero “tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”.
El legislador del bloque peronista señaló que hay una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30 por ciento” y cuestionó por “insuficiente” el presupuesto de 23.800 millones con que el Ejecutivo pretende financiar el nuevo sistema, que incluiría la construcción de prisiones especiales para menores. “No puede tardar nueve años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, afirmó. “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”, concluyó.
“No estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”, afirmó la senadora Gabriela Valenzuela, de la UCR, que junto con el Pro respaldó sin fisuras el proyecto libertario.
Alicia Kirchner también objetó el presupuesto previsto en la ley, con el que deberán lidiar los gobernadores. “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada. ¿Quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación? ¿Les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”, indagó. “No digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa”, enfatizó la ex ministra de Desarrollo Social.
Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”, lanzó la libertaria neuquina Nadia Márquez en su largo discurso.
La tucumana Beatriz Ávila del bloque Independencia, señaló que “es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario”, pues “el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores” que “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”. “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad” y sean “utilizados por organizaciones delictivas”, advirtió. “El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad”, la defendió, y reflexionó que “cuando un menor comete un delito todos fracasamos, pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad”. Añadió que “esto no debe terminar solo en esta ley” sino que hay que trabajar en “salud mental, educación e inserción laboral”.
“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45 por ciento del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina”, argumentó a su turno la catamarqueña Lucía Corpacci, que calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y lamentó que “ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”. “La tasa de homicidios es de 3.8 por ciento cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, planteó, y se preguntó “¿a quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa?”. La senadora de Unión por la Patria enfatizó que “la baja de edad no soluciona nada, van a sacar excelentes adultos del delito”. También cuestionó que “el presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.
El rionegrino Martín Soria apuntó contra quienes usan “ese argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”, marca registrada de Bullrich. El ex ministro de Justicia del gobierno del Frente de Todos calificó la ley en debate como “muy mala”, no dudó en que el Estado debe dar respuestas ante menores que cometen delitos pero “queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, citó al libertario caído en desgracias José Luis Espert.
El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, elogió la iniciativa, que consideró “más un plan social que una ley penal”. “La mayoría de las consignas que tiene son las que realmente el Estado tenía que haberse hecho cargo hace tiempo en cuanto a los menores”, afirmó, y agregó que “es sumamente necesaria porque es un pedido de la sociedad”.
Bullrich, en el cierre ante de la votación, habló del régimen vigente hasta ayer como una de las “grandes injusticias del sistema penal argentino”, que convirtió a cada juez “en dueño de la vida de cada menor que cometía delitos, un sistema tutelar sin claridad, donde la ley no era igual para todos”. “Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza. Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, arengó. “Venimos a recuperar el sentido de la justicia que es fundamental. Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema”.
Fuente: Página 12