La gestión de Sergio Urribarri (2007–2015) según sus propias palabras gestionó: “piloteando la caja como se pudo”. Incrementó sensiblemente la planta de personal y no observó nunca el déficit creciente de la Caja de Jubilaciones, que ya mostraba señales de agotamiento. Desde 2011 hasta 2015, cinco años consecutivos, Entre Ríos tuvo déficit en sus cuentas públicas, y entregó su gobierno con alto endeudamiento de corto plazo con entidades financieras locales y el gobierno nacional.

La administración de Gustavo Bordet (2015–2023) concretó en 2017, para resolver este problema, la emisión de 500 millones de dólares en bonos bajo legislación extranjera. Con esos fondos no se construyó ni una ruta ni un hospital. Se utilizaron para refinanciar deuda de corto plazo, postergando el problema y multiplicando los compromisos futuros.

Obtuvo dos años de gracia. Debía amortizar la misma en cuotas anuales venciendo la última en febrero del 2025; pero Entre Ríos entró en cesación de pagos en agosto 2020. Debió reestructurar esa deuda, trasladando los vencimientos a los años 2023–2028. El cronograma fue diseñado para que el primer pago fuerte venciera, “por azar” —como ha dicho con justa ironía el propio gobernador— en febrero de 2024, apenas iniciada la actual gestión, y compromisos de 120 millones de dólares anuales hasta 2027.

Una deuda tomada por otro gobierno, con destino a gastos del pasado, y vencimientos diagramados para que los pague el que venía.

El primer gráfico que acompaña esta nota resume ese proceso: un endeudamiento creciente, desordenado y sin destino productivo.

Déficit fiscal y previsional: dos caras de la misma moneda

El segundo gráfico, que muestra la evolución del Sector Público No Financiero, deja en evidencia el déficit estructural entre 2015 y 2017: en esos años, los ingresos corrientes no alcanzaban siquiera para cubrir el gasto corriente, lo que forzó una nueva toma de deuda para sostener el funcionamiento del Estado.

El tercer gráfico expone otra de las grandes fallas de las gestiones anteriores: la falta total de ordenamiento previsional. Entre 2005 y 2015, el personal activo creció un 39%, y los jubilados un 36%. A partir de allí, el personal se estabilizó, pero los pasivos siguieron aumentando hasta superar los 63.000 beneficiarios actuales.

Durante dos décadas, la Caja de Jubilaciones fue manejada con fines políticos, sin planificación ni reformas de fondo. No se revisaron regímenes especiales, no se corrigieron inequidades, ni se establecieron aportes diferenciales.

Hoy, a pesar de los esfuerzos concretos que venimos realizando desde diciembre de 2023, el déficit mensual de la Caja aún supera los $20.000 millones.

Se firmaron convenios con ANSES para recuperar deuda histórica, se depuraron escalafones, se controlaron beneficios, y se avanzó en auditorías y recortes.

El proceso está en marcha, pero la magnitud del daño heredado no se revierte en meses.

Federalismo en tensión

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la provincia enfrenta hoy un nuevo desafío: sostener servicios esenciales con menos recursos.

En el marco del proceso de reordenamiento fiscal nacional, el gobierno central ha reducido transferencias y ha trasladado obligaciones a las provincias sin financiamiento equivalente.

Durante los últimos 20 años, los gobiernos nacionales acompañaban a las provincias de forma sostenida. La Nación financiaba el transporte urbano, sostenía partidas educativas, construía escuelas y hospitales, ejecutaba la mayor parte de la obra pública municipal, y transfería recursos para el sostenimiento del sistema previsional.

Hoy ninguna de esas ayudas existe.

A esto se suma un dato que es clave y que no puede pasarse por alto: gobernamos con menos recursos que durante la pandemia. En 2020, el gobernador Bordet justificó la reestructuración de la deuda externa en virtud de la fuerte caída de ingresos ocasionada por la crisis sanitaria global. Sin embargo, hoy, en 2024, los recursos disponibles son aún más bajos que en aquel momento crítico. Y, a pesar de ello, estamos pagando religiosamente una deuda que no contrajimos y cuyo destino sigue siendo una incógnita.

Este escenario exige firmeza institucional. Por eso, y por primera vez en la historia reciente, el gobierno de Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender los recursos y derechos de los entrerrianos.
No se trata de confrontar, sino de ejercer con convicción las responsabilidades que nos impone la autonomía provincial.

Conclusión

Entre Ríos está haciendo lo que nunca se hizo: ordenar, transparentar y reformar.

Lo hace reconociendo el punto de partida, asumiendo las dificultades del presente y proyectando, porque no hay salida real sin equilibrio fiscal, no hay justicia social sin sostenibilidad, y no hay federalismo sin responsabilidad compartida.
Entre Ríos ya dio ese primer paso. Ahora hay que sostenerlo.

Rubén Dal Molín, Senador Provincial – Federación, Bloque Juntos por Entre Ríos