El nuevo decreto deroga la normativa que, desde hace tres décadas, regulaba el sistema de aranceles de la educación privada. A partir de ahora, estas instituciones no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. La disposición, publicada en el Boletín Oficial deja sin efecto el Decreto Nº 2.417/93, con el propósito de actualizar el marco normativo de acuerdo con la actual organización federal del sistema educativo, y otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus criterios de regulación y supervisión.

Cabe aclarar que las escuelas con aportes estatales (subvencionadas) continúan regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que establece los aranceles vigentes para el presente año, sin modificaciones en su régimen de funcionamiento ni en los procedimientos administrativos y económicos establecidos.

La Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el objetivo de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial.