Expedientes ocultos y sospechas de intereses inmobiliarios detrás del intento de modificar un Código Urbano Ambiental

El encuentro tuvo lugar el viernes 12 de diciembre y reunió a organizaciones nucleadas en el Encuentro Ambiental Uruguayense con ediles del cuerpo deliberativo. El eje de la reunión fue el Decreto N.º 29.147, firmado por el intendente José Lauritto, que propone suspender por un plazo de 90 días la aplicación plena del COTA y habilitar la tramitación de proyectos bajo el antiguo Código de Ordenamiento Urbano (COU)

Según manifestaron los vecinos, el Ejecutivo fundamenta el decreto en la existencia de un “número apreciable de presentaciones, trámites y proyectos” que se encontrarían pendientes de evaluación. Sin embargo,  durante la reunión, los propios concejales reconocieron no contar con información concreta sobre esos expedientes: no se sabe cuántos son, de qué tipo ni quiénes los impulsan.

Objeciones institucionales, ambientales y democráticas

Desde el Encuentro Ambiental Uruguayense explicaron que sus objeciones al decreto se apoyan en tres dimensiones centrales.

En primer lugar, desde una perspectiva institucional, señalaron que el propio COTA prevé la creación de una Comisión de Seguimiento y una revisión integral del código en un plazo cercano. No obstante, esa comisión no se habría reunido desde su conformación hace dos años. En ese marco, cuestionaron la necesidad de introducir modificaciones mediante un decreto del Ejecutivo cuando el mismo ordenamiento contempla instancias participativas de revisión a corto plazo.

En segundo término, advirtieron sobre un retroceso ambiental y patrimonial. El decreto, sostienen, vulnera el principio de No Regresión Ambiental, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados. Volver a aplicar el COU implicaría dejar sin efecto regulaciones clave del COTA, como la protección de las Áreas de Paisaje Frágil, la regulación del suelo rural y periurbano, el factor de absorción del suelo y la preservación de los corazones de manzana. Además, alertaron que podría habilitarse la destrucción de bienes patrimoniales que forman parte de la identidad histórica de la ciudad.

Finalmente, desde una dimensión social y democrática, recordaron que el COTA fue el resultado de dos años de debate con amplia participación comunitaria y que fue aprobado por unanimidad. En ese sentido, consideraron que modificarlo mediante una decisión unipersonal implica desconocer un proceso colectivo y vulnerar la voluntad popular, por lo que reclamaron que los concejales prioricen el interés general por sobre intereses económicos particulares.

Falta de información y posibles escenarios

Uno de los puntos más sensibles planteados por las organizaciones fue la falta de acceso a la información pública. Ante la ausencia de datos concretos sobre los expedientes mencionados en el decreto, los vecinos plantearon dos escenarios posibles.

Por un lado, que esos proyectos no existan y que el decreto busque, en realidad, habilitar nuevas presentaciones bajo el viejo código, utilizando como justificación un considerando que sería falaz. De ser así, advirtieron que se estaría ratificando una norma destinada a atender intereses actualmente desconocidos y posiblemente vinculados al sector inmobiliario especulativo.

El otro escenario posible es que el decreto intente subsanar un error de gestión administrativa, al haber quedado expedientes “entre códigos”. En ese caso, remarcaron que la normativa es clara: los trámites iniciados bajo el COU deben finalizar bajo ese mismo marco y lo mismo ocurre con el COTA. Ratificar el decreto, afirmaron, implicaría trasladar un error administrativo al plano normativo y político.

Responsabilidad del Concejo Deliberante

Las organizaciones remarcaron que, al tratarse de un decreto que requiere ratificación legislativa, cualquier consecuencia derivada de su aprobación será responsabilidad exclusiva del Concejo Deliberante, ya que el proceso culminaría con la sanción de una ordenanza.

Durante la reunión, los concejales manifestaron la intención de respetar la dimensión ambiental del COTA y la posibilidad de imponer restricciones al decreto. Sin embargo, desde el Encuentro Ambiental Uruguayense señalaron que esas menciones se limitaron únicamente a las unidades de paisaje frágil, dejando fuera otros aspectos ambientales relevantes.

También resultó llamativo, según indicaron, que los propios ediles no contaran con el listado de proyectos mencionados por el Ejecutivo, lo que implicaría una ratificación “a ciegas”, basada en la confianza en el Departamento Ejecutivo, que hasta el momento no ha brindado explicaciones sobre la urgencia ni los fundamentos de la medida.

Dudas sobre la urgencia y el trasfondo

En el balance final, las organizaciones sostuvieron que no existe una justificación concreta para el apuro en la ratificación del decreto, especialmente cuando la revisión integral del COTA está prevista para los próximos meses. Además, cuestionaron la oportunidad de la medida, emitida a días del receso administrativo, y señalaron que la sola mención del decreto ya generó movimientos en el sector inmobiliario.

Finalmente, agradecieron el espacio de diálogo brindado por la Comisión de Obras Públicas, reiteraron su pedido de rechazo del Decreto N.º 29.147 y manifestaron su disposición a participar activamente en la futura revisión del COTA, reclamando procesos de ordenamiento territorial participativos, claros y transparentes.

Participaron del encuentro representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay, la Asociación Civil Fauna Cultural y Ambiental, el Observatorio Ambiental Río de los Pájaros, la Ronda de los Martes, Salvemos el Río Uruguay y Vecinos por los Humedales del Río Uruguay.

Fuente: Era Verde