La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se suman al frente "anti cautelar de protección del Delta", y sostienen que el amparo ambiental que rige actualmente para proteger de los incendios a los humedales del Delta inferior del río Paraná, es “pernicioso para el desarrollo y la permanencia de la población en las islas”

En el marco del debate en la Cámara de Senadores de Entre Ríos sobre el nuevo proyecto de Ley de Agrotóxicos enviado por el Gobernador Rogelio Frigerio,  ambientalistas de Entre Ríos y  organizaciones de personas afectadas por los agrotóxicos solicitan participar de la reunión de Comisiones donde se abordará tal proyecto, al que califican como "el más regresivo en términos ambientales". En ese sentido, registró DIARIOJUNIO, pusieron a disposición un link para que todos los ciudadanos puedan adherir al petitorio mediante su firma, y remarcan: "queremos que el senado escuche nuestra voz y rechace este proyecto. Lo necesario es una ley de "transición agroecológica, y y no una ley que permita fumigar más cerca de nuestras casas y escuelas".

La información fue solicitada meses atrás por la ONG ambientalista CEYDAS, mediante una carta formal que pedía detalles sobre los animales que se matan, los cotos y los cazadores, pero aseguran que hasta el momento el Gobierno de Rogelio Frigerio no se ha pronunciado sobre el tema ni respondido la misiva. En ese sentido, registró DIARIOJUNO, denuncian: "este ocultamiento de información –la cual debería ser de carácter público– genera sospechas de irregularidades y potencial connivencia entre el Gobierno y las empresas de turismo de caza".

Dado el elevado índice de peligro de incendios que se proyecta en esta época del año en la que persiste el clima cálido y las sequías, además de considerarse al fuego como un elemento de extrema peligrosidad en cuanto a su utilización, la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Entre Ríos dispuso a través de la Resolución Nº 2477/24 publicada este jueves en el Boletín oficial, la prohibición de quemas en cualquiera de sus variantes por el plazo que corre desde el 18 de octubre del corriente y hasta el 28 de febrero de 2025, y recuerda que en caso de incumplimiento se dispondrán las sanciones previstas. En tanto, registró DIARIOJUNIO, según un informe publicado el año pasado por el área ambiental, durante el 2023 se quemaron mas de 9.100 hectáreas en Entre Ríos, siendo la zona del Delta las mas afectada. 

Mediante Resolución Nº 2398/24 publicada este lunes en el Boletín oficial de Entre Ríos, la Secretaria de Ambiente de la provincia dispuso la actualización del monto en concepto de multas por Contaminación Industrial, cuya ultima modificación había sido en febrero del 2019, y estableció un aumento superior al 3000 % para este tipo de faltas, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del INDEC. De esta manera, registró DIARIOJUNIO, los importes quedaron establecidos de la siguiente manera: desde $213.485,04 hasta $ 1.601.305,87, cuando se trate de faltas leves para la preservación del medio ambiente y de $1.601.305,87 y hasta $ 10.647.813,94 cuando la contravención registre mayor peligrosidad.

Seis años después la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay integrada por Mariano Alberto López, Federico José Lacava y María Fernanda Erramuspe, todos ellos jueces entrerrianos, declararon inconstitucional una ordenanza que sancionó el Concejo Deliberante de Gualeguaychú en abril de 2018, tiempos del gobierno de Martín Piaggio. Son las consecuencias de quienes votaron a favor de la libertad de unos pocos a hacer lo que quieren para hacer florecer sus negocios, sin importar la afectación que pueda provocar en la sociedad. Debe decirse que, la medida del Concejo prohibía el uso, venta y comercialización de glifosato en el ejido municipal. Varias entidades ruralistas se presentaron en la Justicia y pidieron que declaren inconstitucional la disposición local. Y lo consiguieron con un fallo que se publicó este 30 de septiembre.

La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas encendió la alerta sobre un proyecto de ley que el Ejecutivo de Entre Ríos envió a la Legislatura y que posibilita la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora a tales efectos, otorgándole o delegando facultades. La iniciativa simplifica, concentra, generaliza y no conforma excepciones, por lo que sus competencias, finalidades y organización quedan libradas a la reglamentación que haga luego el Gobierno provincial. En esa indefinición, quedan bajo la posibilidad de privatización casi 190 mil hectáreas de islas dentro del sistema de humedales.

El abogado especializado en ambientalismo Ricardo Luciano critica la reciente controversia en torno al proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que permitiría la venta de bienes inmuebles del Estado. Luciano denuncia la "indignación selectiva" de aquellos que ahora protestan contra la potencial venta de los humedales del sur de la provincia, ignorando la continua depredación de estos ecosistemas durante años. Según Luciano, la verdadera amenaza es la extracción masiva de arena de sílice que ha devastado los humedales, una situación que ha pasado desapercibida para muchos de los actuales críticos.

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú rechazó una acción de amparo contra la provincia de Entre Ríos que había cuestionado las conclusiones de un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo sobre la extracción de arenas con destino al uso para quebrantamiento hidráulico para la extracción de petróleo. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se refirió al reciente fallo.

En el marco del legajo “Gerber, María José c/Municipalidad de Bovril s/ Acción de amparo”, la jueza de Paz de Bovril, Alejandra Boxler, resolvió no hacer lugar a la solicitud de clausurar el actual Centro de Disposición de Residuos. En tanto, informaron a DIARIOJUNIO desde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, se convocó a una audiencia pública.