El fallo protege el derecho a la salud  y al ambiente, confirmando lo advertido por Osuna durante el debate sobre la Ley de Agroquímicos N° 11.178 y su decreto reglamentario 1719/25. La norma establece que las fumigaciones cercanas a zonas pobladas no deben poner en riesgo la salud humana, una medida que, según la diputada, es vital para evitar consecuencias graves en la población, particularmente en niños.

En su declaración, Osuna criticó la postura del gobierno provincial y reiteró que las evidencias científicas sobre el daño de los agroquímicos son concluyentes. Afirmó que el Estado debe asumirla responsabilidad de subsanar el daño y recordó el derecho a un ambiente sano y equilibrado está por encima de los interés económicos.

“Cuando el gobernador Frigerio, impulsor de la ley y decreto respectivo, prioriza  intereses económicos por encima de la protección de quienes habitan el territorio, queda claro que las consecuencias recaen sobre nuestras infancias”, explicó la legisladora.

“Las evidencias científicas eran contundentes y ahora el daño es real. El Estado tiene la obligación de subsanarlo. Es innegable el enorme riesgo que supone para la salud pública la vigencia de esta ley. Tal como lo señalamos públicamente, vulnera derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y equilibrado y al cuidado de la salud”, expresó Osuna.

La legisladora recordó que se lo hicieron saber previo a la aprobación a legisladores, y en audiencia en su despacho a la vicegobernadora, Alicia Aluani. Sin embargo, la noticia confirma que, a veces, la Justicia es capaz de poner límites necesarios cuando algunos eligen mirar hacia otro lado. “Es inadmisible que la rentabilidad de unos pocos se imponga sobre la integridad de niñas y niños entrerrianos”, explicó.

Más adelante, remarcó que le expresaron todo el apoyo y la solidaridad a las familias afectadas y a las organizaciones docentes, ambientales y científicas que alertan hace años sobre la exposición a estas sustancias.

Por otra parte, le diputada presentó un proyecto que modifica la  Ley 24.051  de  Residuos  Peligrosos  para establecer mayores restricciones y controles sobre el uso de agrotóxicos en resguardo de la salud de la población.

“Esperamos que el gobierno que está para escuchar, reparar y proteger acuse recibo de esta advertencia. Eso implica revisar con seriedad una ley que avanza sin contemplar los fallos judiciales previos ni la voz de quienes ponen el cuerpo”.

Por último, reiteró que en su carácter de representante de la provincia, le pidió al Gobierno Provincial que impulse una  revisión  profunda  de  la  normativa  aprobada, garantice  estudios  científicos y  monitoreos ambientales con participación social efectiva. “Y no solo dibujada para priorizar intereses sectoriales”. “Cada decisión que se tome sobre el uso de agroquímicos debe partir de una premisa irrenunciable: la salud de nuestras niñas y niños no se negocia”.