La solicitud de LLA buscaba rehacer alrededor de 15 millones de boletas a menos de dos semanas de los comicios, lo que, según estimaciones del Ministerio del Interior, hubiera implicado un costo de más de 12 mil millones de pesos. Sin embargo, los camaristas consideraron que el trámite era “imposible” por razones de tiempo y logística.

En su fallo, los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas explicaron que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las boletas, regulado por el Código Electoral Nacional y la incorporación de la Boleta Única Papel (BUP), ya había concluido. Además, recordaron que el Correo Argentino estableció como fecha límite el 16 de octubre para iniciar la distribución del material electoral en la provincia, y que la reimpresión de las nuevas boletas habría demandado al menos cinco días.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, señaló que todas las boletas ya estaban impresas y listas para ser repartidas. “Están todas en los bolsines, listas para ser distribuidas”, aseguró en declaraciones a Futurock.

El conflicto se desató luego de que Espert anunciara su renuncia a la candidatura tras la revelación de aportes de campaña no declarados en 2019 provenientes de Machado, incluyendo un pago de 200.000 dólares. Ante el escándalo, el Gobierno intentó reemplazarlo por Santilli, quien estaba tercero en la lista, pero la Justicia electoral, en primera instancia, determinó que correspondía que Karen Reichardt ocupara el primer lugar por cuestiones de paridad de género. La Cámara Electoral, sin embargo, revocó esa decisión y ratificó que el reemplazo debía respetar el género del candidato, lo que dejó a Santilli en la posición indicada por la normativa.

En sus consideraciones, los jueces de la CNE criticaron duramente al magistrado Ramos Padilla, señalando que “desatendió la jurisprudencia” y “tergiversó la aplicación de un precedente” al interpretar de manera subjetiva la normativa electoral. Sin embargo, en esta oportunidad, el tribunal resolvió que no dictaría un fallo sobre la reimpresión de boletas porque la cuestión se había vuelto “abstracta”, al no ser posible materialmente cumplir con el pedido.

El fiscal Ramiro González también coincidió en que no había margen para reimprimir, controlar y distribuir las boletas en las más de 40.000 mesas de la provincia. La Junta Electoral había advertido previamente que la operación era “material, temporal y jurídicamente inviable” y que, de aprobarse, sentaría un “precedente de enorme gravedad institucional”.

De esta manera, los votantes bonaerenses verán en las urnas la boleta de José Luis Espert, mientras el Gobierno y La Libertad Avanza deberán adaptarse a una realidad electoral marcada por los tiempos legales y logísticos, más allá de los cambios internos en las listas partidarias.

Fuente: Con información de La Nación/Clarín/Infobae