La Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia expresó su rechazo al tratamiento en extraordinarias de la baja de la edad de punibilidad

El pronunciamiento fue remitido a la Presidencia de la Cámara baja y a los titulares de todos los bloques parlamentarios —Unión por la Patria, La Libertad Avanza, PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, Buenos Aires Libre, La Unión Mendocina, CREO y Avanza Libertad— y cuestiona que el tema haya sido incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

“No es una emergencia nacional”

Las organizaciones firmantes sostienen que el debate “no cumple con los requisitos previstos en los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional” para ser tratado en extraordinarias y afirman que el delito adolescente “no es un problema de emergencia nacional”.

Como argumento central, citan el Informe Estadístico 2024: Niños, Niñas y Adolescentes en la Justicia Nacional de Menores, según el cual durante 2024 solo el 0,01% de la población de niñas, niños y adolescentes tuvo intervención judicial por causas penales. Además, señalan que los índices de delito juvenil “son bajísimos en función de la totalidad de delitos cometidos” y que, de acuerdo con datos de la Corte Suprema de Justicia, muestran una tendencia descendente.

El documento recuerda que en ocasiones anteriores —bajo gobiernos de distinto signo político— iniciativas similares no prosperaron y advierte que este tipo de debates suelen instalarse en contextos de crisis socioeconómica y ajuste presupuestario sobre políticas públicas destinadas a la niñez.

Críticas al contexto presupuestario y a la política de seguridad

Uno de los ejes del pronunciamiento es el señalamiento de una “drástica reducción del presupuesto en políticas de protección de derechos de niñez y adolescencia”. Las organizaciones citan un análisis de UNICEF (2025) que da cuenta de una contracción real del 21% en el presupuesto destinado a la salud infantil en los primeros meses de 2025, además de caídas acumuladas respecto de 2024. También mencionan la reducción de transferencias al Hospital Garrahan (-7%) y proyectan una nueva contracción del 26% en términos reales.

En paralelo, cuestionan el aumento presupuestario en áreas de inteligencia y seguridad, así como la “opacidad” en los gastos reservados del Ministerio de Seguridad.

El texto advierte además sobre lo que define como un accionar “desproporcionado” de fuerzas de seguridad en barrios populares y en contextos de protesta social, y sostiene que bajar la edad de punibilidad “daría legitimidad a prácticas ilegales que se están instalando de facto desde las políticas de seguridad”.

“Los derechos de las víctimas y de las infancias no son derechos en conflicto”

Las organizaciones subrayan que su postura no implica desconocer el dolor de las víctimas. Por el contrario, afirman que trabajan en territorio acompañando tanto a víctimas como a adolescentes en conflicto con la ley penal, y sostienen que la respuesta estatal debe orientarse a la reparación del daño y a la prevención.

En ese sentido, remarcan que ya existen herramientas legales para intervenir ante delitos cometidos por menores de edad, entre ellas la Ley 22.278 —que regula el régimen penal juvenil— y la Ley 27.372 de derechos y garantías de las víctimas. Incluso señalan que la normativa vigente otorga amplias facultades a jueces y juezas, y recuerdan que la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” (2013) por la aplicación de condenas perpetuas a personas que eran menores al momento de los hechos.

Desde el punto de vista jurídico, advierten que reducir la edad de punibilidad podría vulnerar el principio de no regresividad y el principio de especialidad previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en la Argentina.

“Lxs pibxs no son peligrosos, están en peligro”

El documento cierra con una consigna que sintetiza la posición de la Mesa: “Lxs pibxs no son peligrosos, están en peligro. Lxs pibxs quieren vivir”. Y exhorta a diputadas y diputados a no convertir “los derechos de niñas, niños y adolescentes en moneda de pago de acuerdos políticos”.

La declaración cuenta con la adhesión de un amplio arco de organismos de derechos humanos, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país.

Entre los firmantes se destacan Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas Relatoras; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en sus distintas regionales; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); H.I.J.O.S. Ciudad de Buenos Aires; ATE en sus distintas seccionales; CTA Autónoma; SUTEBA; UTE/CTERA/CTA; la UBA; la Universidad Nacional de Luján; la Universidad del Comahue; Fundación SES; Fundación Padre Luis Farinello; Fundación Hora de Obrar; Foro por la Niñez; Foro Pampeano por los Derechos de la Niñez y Adolescencia; Red Nacional de Mujeres; y la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, entre muchas otras.

El listado incluye además organizaciones y espacios de distintas provincias, como la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy; Forum Infancias Formosa; Forum Infancias Santiago del Estero; Movimiento Ni un Pibe y Piba Menos por la Droga (Neuquén); Pastoral Carcelaria Neuquén; MUP Chubut; Regional Noroeste del Chubut de APDH; y organizaciones de Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y San Juan, entre otras.

En el caso de Entre Ríos, el documento no consigna de manera explícita organizaciones identificadas con sede provincial en el listado difundido, aunque la convocatoria tiene carácter federal y abierto a adhesiones de todo el país.