La decisión del presidente Javier Milei de vetar por decreto la Ley de Emergencia en Discapacidad provocó un fuerte rechazo en organizaciones y prestadores del sector, que anunciaron movilizaciones en toda la provincia para este martes. En la capital entrerriana, la concentración será a partir de las 10:30 en la explanada de Casa de Gobierno, pero la protesta se replicará en varias localidades.

Sandra Salina, integrante de la Red de Prestadores de Discapacidad de Entre Ríos y representante provincial en el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), calificó el veto como una “vulneración contra los derechos de las personas con discapacidad”. En diálogo con esta agencia, expresó que el mensaje del presidente fue “doloroso y ninguneaba a las organizaciones, a las personas con discapacidad y a sus familias”.

La ley 27.793, aprobada recientemente por el Congreso, declaraba la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026. Entre sus puntos centrales, creaba una pensión no contributiva compatible con el empleo formal y garantizaba actualizaciones automáticas de aranceles para prestadores y compensaciones por servicios. Sin embargo, este lunes el Poder Ejecutivo oficializó su veto, argumentando falta de financiamiento. Según estimaciones oficiales, el impacto fiscal superaría los 2 billones de pesos en 2025 y los 4,7 billones en 2026, sin contar la carga sobre el programa “Incluir Salud”.

Para Salina, “la ley aportaría, en principio, a un cambio en la situación de las organizaciones y al mismo tiempo a una nueva mirada sobre los derechos de las personas con discapacidad, no sólo en términos sanitarios, sino también laborales y educativos”. Subrayó además que la normativa intentaba alinearse con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en Argentina.

La referente entrerriana también advirtió que el sector atraviesa una situación crítica: “Lo que se paga por las prestaciones quedó congelado en valores del 2023, y eso nos coloca en un lugar de enorme desfinanciamiento. Hoy es muy difícil sostener las instituciones y garantizar la calidad de las atenciones”.