Ni ahorro ni transparencia: “Azcué necesita generar vacantes para empezar a pagar apoyos políticos»

Según explicó la representante legal de varios de los afectados, el error central de la Municipalidad es analizar la situación laboral de los agentes únicamente desde la fecha en que fueron incorporados como contratados con aportes en 2022 y 2023, sin contemplar la relación laboral previa que muchos de ellos mantenían desde hacía años bajo otras modalidades de contratación.

“La contratación con aportes realizada en 2022 y 2023 respondió a un programa de regularización laboral. No se trató de nuevos ingresos, sino de trabajadores que ya cumplían funciones en forma continua, cobraban mensualmente y prestaban servicios desde hacía varios años”, sostuvo la letrada.

Trabajadores bloqueados y sin notificación formal

Petit denunció además que muchos empleados se enteraron de la baja de sus contratos de manera informal, al concurrir a sus lugares habituales de trabajo y encontrarse con que no podían marcar asistencia, o al advertir que les fue bloqueado el acceso a la aplicación municipal, incluso para descargar recibos de sueldo anteriores.

“No hubo notificación fehaciente. La mayoría se entera porque va a Recursos Humanos o a Liquidaciones. Es una forma absolutamente irregular de proceder”, remarcó.

La situación afecta particularmente a trabajadores que cumplen tareas los fines de semana en áreas sensibles como Tránsito y Guardia Urbana, quienes desde el sábado pasado comenzaron a advertir las restricciones en los sistemas internos del municipio.

“No es eficiencia ni transparencia, es una jugada política”

Desde el plano político, la ex diputada fue aún más contundente. Aseguró que la decisión no responde a un ajuste del gasto público ni a criterios de eficiencia administrativa, sino a una estrategia de acumulación de poder con vistas a la reelección del intendente en 2027.

“Azcué necesita generar vacantes para empezar a pagar apoyos políticos. Es falso que esté bajando el gasto. Los ingresos que se produzcan no se pagan por la partida de personal, sino que se camuflan en otras partidas, como retribuciones a terceros, convenios con universidades o con ONG, algunas presididas por familiares de funcionarios de primera línea”, afirmó.

La planta municipal y el impacto económico

Petit recordó que Concordia mantiene desde hace más de ocho años una planta promedio de 2.000 empleados municipales, una cifra que —según explicó— es acorde a una ciudad de más de 200 mil habitantes y que nunca superó el 50% del presupuesto total en gasto de personal, por lo que siempre fue manejable.

“El intendente busca alinearse con el discurso del Gobierno Nacional y parecerse a Milei, pero las normas que rigen el empleo público nacional no son las mismas que rigen en Entre Ríos”, señaló.

Dra Maria de los Ángeles Petit

Finalmente, alertó sobre el impacto social y económico inmediato de la medida: familias sin ingresos, alquileres impagos, créditos asumidos que no podrán saldarse, y una caída en el consumo local.

“El empleado municipal es el único que cobra el día 30 y sostiene buena parte del circuito comercial de la ciudad. Esto va a repercutir en toda la cadena de pagos, en la Caja Mixta, en los bancos, y en cada familia. Hay personas con hijos, personas solas, gente que tomó créditos confiando en un trabajo que no empezó en 2022 ni en 2023, sino hace muchos años”, advirtió.

En ese contexto, Petit calificó la situación como “extremadamente grave” y anticipó que será analizada desde el punto de vista jurídico, social y económico, y advirtió acciones legales en defensa de los trabajadores afectados.