Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos. Lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 como tratado internacional de derechos humanos y reconocida con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994. Sin embargo, en Concordia —como en buena parte del país—, esos derechos están lejos de cumplirse.

La última medición de pobreza infantil difundida por la Universidad Católica Argentina (UCA) revela una cifra alarmante: el 75 % de los niños en Concordia vive en situación de pobreza. Un salto preocupante respecto del 67,3 % registrado en el primer trimestre de 2024. Y aunque estos datos expresan una situación económica, detrás de cada porcentaje hay realidades concretas: infancias atravesadas por el hambre, la falta de acceso a la salud, a la educación y a condiciones dignas de vida.

La Convención —que consta de 54 artículos— reconoce que los menores de 18 años tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, y a expresar libremente sus opiniones. Establece que deben ser protegidos del abandono, la explotación y la violencia. Y, sin embargo, esa letra firmada por casi todos los países del mundo choca con la realidad cotidiana de millones de chicos y chicas.

A nivel nacional, desde su aprobación la Convención fue utilizada como marco para impulsar avances significativos en educación, salud y protección infantil. Pero en los últimos años —y con más fuerza en 2025— esos logros parecen desvanecerse. Las crisis económicas, la desinversión estatal y las guerras a escala global hacen retroceder derechos que deberían ser básicos. Basta mirar el genocidio de niños y niñas en Gaza o las infancias migrantes relegadas a campos de refugiados que se asemejan demasiado a los del siglo pasado.

En Argentina, la Constitución en su artículo 75 inciso 22 otorga jerarquía constitucional a la Convención. Y el inciso 23 establece la obligación del Estado de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades. Sin embargo, como sociedad seguimos sin garantizar lo más elemental: alimentación, salud, techo, contención.

Concordia no es ajena a esta tragedia silenciosa. En palabras del sociólogo Octavio Stacchiola, “la situación de vulnerabilidad no solo afecta las condiciones materiales, como los ingresos o las posibilidades económicas. También implica deficiencias en salud y educación que comprometen la calidad de vida presente y futura de quienes están creciendo”.

En este contexto, urge preguntarnos: ¿qué estamos haciendo como comunidad para garantizar un futuro a nuestros niños y niñas? ¿Quién se hace cargo de que los derechos no queden solo en tratados y discursos?

Concordia no queda afuera de esta lenta muerte del presente y del futuro de esta generación empobrecida. Si N. N. y A. son el mensaje vivo que enviamos a un futuro que no podremos ver —como afirmó el sociólogo Octavio Stacchiola—, la situación de vulnerabilidad no solo va a afectar sus condiciones materiales, como los ingresos y las posibilidades económicas: “Va a significar deficiencias tanto en el aspecto de la salud como en el educativo a la hora de pensar en su calidad de vida”.

Como sociedad, deberemos plantearnos cuál es la brecha que separa el derecho de la realidad y cuál es el ámbito que debe ofrecer soluciones para un futuro que nos afectará indefectiblemente a todos y todas.