En diálogo con DIARIOJUNIO Pagliotto señaló que su pedido es muy escueto, ‘simplemente me presento como ciudadano contribuyente y abogado, a fin de solicitar que se inicie urgente la Investigación Penal Preparatoria, ante los hechos ilícitos que presuntamente se habrían cometido”. Pagliotto vale decirlo puso especial énfasis en que dicha funcionaria fue nombrada por el Diputado provincial Marcelo López.

Agregó asimismo “que mi pedido se hacía frente a la inacción y pasividad del Gobierno de Entre Ríos, en especial, del propio Gobernador y la Ministra de Desarrollo Social”.

De acuerdo a los dichos del reconocido abogado penalista y dirigente radical “se debería investigar el destino de $66.000.000 que no tienen contrapartida en alimentos y el nombramiento que Murúa hizo de su hermana en el CGE, ya que la misma ejercería la docencia en Corrientes, con lo cual ese contrato sería de imposible cumplimiento, con lo cual habría entre lo de los alimentos y el contrato, varios delitos graves contra la administración pública que ya mismo deberían estar investigándose.

Los posibles delitos cometidos según Pagliotto serían, en principio: fraude contra la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De todos modos, la calificación final la hace el Fiscal que en Concordia tramite la IPP.

LA PRESENTACIÓN EN FISCALIA

Señor Procurador General de la Provincia de Entre Ríos.
Su despacho.
Quién suscribe, Rubén Alberto PAGLIOTTO, DNI: 14.305.119, domicilio legal en Av. Alameda de la Federación 290 – Piso 4 – Dpto. “B” de la ciudad de Paraná, abogado (Mat.3837), por mi propia conciencia, revistiendo la calidad de contribuyente al erario público provincial, al Sr. Procurador General de la Provincia, como en derecho mejor proceda, respetuosamente, DIGO:

Frente el estado público que ha tomado a través de diversas publicaciones periodísticas la supuesta comisión de ilícitos en la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia, donde se señala a la Sra. Silvina Murúa como responsable de tales irregulares hechos, el Sr. Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, en su rol de titular del Ministerio Público Fiscal, debería ordenar la inmediata apertura de una IPP ante la pasividad pasmosa e inexcusable del Poder Ejecutivo provincial, quien, contando con decenas de abogados que prestan asesoramiento jurídico, debería saber o haber sido informado que, frente a la comisión de un delito de acción pública cometido supuestamente por empleados o funcionarios del gobierno de la provincia,  tiene la obligación constitucional de realizar la pertinente denuncia penal, lo que hasta el momento y habiendo ya transcurrido varios días, no ha sucedido.
En función de mi rol de ciudadano, contribuyente y abogado, adjunto al Sr. Procurador General, links de varios medios que ya han publicado estos hechos, explicando circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían ocurrido los mismos, dando incluso detalles de personas y de empresas intervinientes.
Por ello, a fin de evitar dilaciones innecesarias y ante la falta de reacción oportuna y concreta del Poder Ejecutivo Provincial, solicito del Sr. Procurador General que proceda a instruir al MPF de la jurisdicción Concordia, se dé inmediato inicio a las investigaciones de rigor, tomándose  las medidas procesales del caso y disponiéndose la producción de evidencias que tiendan a verificar la existencia o no de los supuestos hechos ilícitos y la concreta responsabilidad penal que pudiera caberle a personas determinadas.
Provea de conformidad y con la
premura que la grave situación amerita. ES JUSTO.
En correo electrónico aparte, adjunto links de portales periodísticos que dan cuenta de los hechos irregulares aludidos.

SE RUEGA ACUSAR RECIBO DEL PRESENTE CORREO POR DONDE SE VEHICULIZA LA DENUNCIA PENAL. Muchas gracias.
Atte. Dr. Rubén Alberto PAGLIOTTO. Abogado. Matrícula 3837 -Tomo I – Folio 105.