El pasado 25 de mayo, el periodista Alconada Mon reveló la existencia de un Plan de Inteligencia Nacional 2025 (PIN), elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (o sea, la SIDE) del actual gobierno de ultraderecha. En realidad, fue aprobado el año pasado pero se mantiene en secreto, a pesar de que contiene un carácter anticonstitucional y de naturaleza marcadamente antidemocrática.

En notas posteriores, este cronista agregó dos elementos significativos. Por un lado, en enero de 2025, el Director General de Operaciones de la «casa» de los espías, Diego Kravetz, firmó una directiva —también secreta— en la que ordenó «identificar y monitorear» a los grupos sociales vulnerables y a cualquier «actor no estatal» que pueda capitalizar la creciente polarización política para expandir su influencia.

Por otra parte, a finales de octubre de 2024, varios legisladores nacionales que integran la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismo y Actividades de Inteligencia (!No tenés título!) fueron convocados a las oficinas de la SIDE, para discutir el Plan de Inteligencia Nacional.

Pero esa reunión terminó mal, porque hubo un documento elaborado por la Comisión Bicameral, donde se explicitan «las inconsistencias y peligros del PIN» y se extiende además una citación al Director de Inteligencia Estatal, Sergio Neiffert, para que ofrezca las explicaciones del caso. El informe de la Bicameral también permanece oculto.

La Sumisión Estratégica de la Sociedad

El PIN 2025 presenta las amenazas del denominado «Actor nacional» en una estructura de 10 lineamientos estratégicos:

El LE/1 se titula: «Disputa de poder en el escenario de Política Exterior», y sus tres primeras N1 conllevan la subordinación de la soberanía a manos de dos potencias genocidas que ya se imaginarán cuáles son.

Otro lineamiento estratégico lleva por nombre «Poder Integral de la Nación», y se refiere a las amenazas y oportunidades que pudieran impactar en el progreso integral de los factores de poder, la institucionalidad republicanas, la libertad, la vida y el patrimonio de sus habitantes. (sic)

No hay duda que cualquier sujeto social que luche por sus derechos dentro de los marcos habituales de la conflictividad sindical o ciudadana podrá ser considerado una amenaza y ser objeto de espionaje. O sea, en los términos más duros y reales: «Legalizar una Inquisición Social y Ciudadana».

Idéntico riesgo se observa en el OPI 3, dedicado a vigilar (léase espiar) la evolución de actores, actividades, procesos y escenarios que pudieran afectar al desarrollo de la Infraestructura Estratégica Nacional.

Si la estructura estratégica ha sido desmantelada por la «motosierra» para imponernos este programa para toda América Latina, distribuida por el Comando Sur. ¡¡¡

Dentro del mismo, la OPI 6 apunta a los potenciales impactos negativos en el desarrollo del sistema de Defensa Nacional, y allí los sospechosos podrían ser organismos de derechos humanos e incluso las instancias jurídicas internacionales.

El Lineamiento Estratégico 5 se ocupa de los «Recursos naturales estratégicos e incidencia en la Biosfera con efectos de interés nacional»; y con esa facilidad que tiene la ultraderecha para dar vuelta cualquier lógica, incluye dentro de las amenazas a las organizaciones ambientalistas y los pueblos originarios. (Los pueblos originarios no son una amenaza, solo son una resistencia a una futura colonización!!)

El Lineamiento Estratégico #8 está dedicado al ítem «Terrorismo» y en su Objetivo Particular de Inteligencia 2 ingresa, si se tiene en cuenta, a una zona delirante.

Se trata de un gobierno autodenominado «anarco-capitalista», cuyo propósito explícito consiste en destruir al Estado, pero cataloga como terrorista a «los actores cuyo propósito manifiesto sea promover y visualizar la ausencia de autoridad estatal como modelo de sociedad organizada».

Por eso el peligro de criminalizar a una ideología de larga tradición resulta inadmisible.

Por supuesto que hay otros pasajes de discutible legalidad y que son suficientes para evidenciar que estamos ante un Plan de Inteligencia Nacional que abre las puertas al atropello, en consonancia con la vocación represiva de las administraciones tanto de Macri como ahora de Milei.

Cuando el Estado se escuda en el secreto para cometer actos inconstitucionales, el periodismo debe cumplir con su función primera que consiste en informar al «soberano», o sea, el pueblo.

Porque hace muchos años que sabemos que nuestro país debe reorganizar con profundidad los servicios de inteligencia, porque somos geopolíticamente una obsesión estratégica de posesión y colonización, con pérdida de soberanía que luego podríamos llegar a lamentar.

Debemos estar atentos al «sabotaje informativo» realizado por los grandes medios de comunicación y con la complicidad de medios y periodistas con una evidente vena antipatriótica que puedan condenar al exilio infinito a nuestra querida patria.

¡¡Sí a la soberanía nacional. No al colonialismo retrógrado!!