La sesión, presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani y con la presencia de 16 legisladores, también incluyó la aprobación de 28 cargos en el ámbito de la Justicia provincial.

Qué establece la reforma

Las modificaciones alcanzan los artículos 2º, 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. A partir de ahora, deberán ser juzgados obligatoriamente por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión, así como los delitos conexos que concurran con ellos.

En los casos de concurso de delitos, la obligatoriedad se aplicará si al menos uno de ellos contempla una pena máxima superior a 20 años. Además, la integración con jurados será irrenunciable. La reforma también legisla sobre remuneraciones, gastos y la conservación del cargo de las personas seleccionadas como titulares o suplentes.

Argumentos a favor

El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) sostuvo que la reforma es necesaria para dar respuesta a “más de 190 juicios que esperan ser sometidos a jurado”. Según señaló, se trata de un problema que requiere solución inmediata: “Ponemos y damos prioridad a que entrerrianos puedan acceder a un proceso judicial que están esperando. En la espera se pueden lesionar derechos”.

En la misma línea, el senador Cosso remarcó que la norma apunta a agilizar procesos y destrabar el “cuello de botella” judicial. Además, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó en un fallo reciente que los delitos de abuso sexual sean juzgados por jueces técnicos, y no por jurados, para evitar la revictimización de mujeres y niños.

Críticas y advertencias

El senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) optó por abstenerse. Consideró que la ley original, sancionada en 2019, aún es “joven” y que las dificultades actuales “responden a cuestiones de recursos y logística, no a la ley en sí misma”. A su entender, la reforma “reduce la competencia del juicio por jurados y le quita participación a la ciudadanía”.

En tanto, la senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) votó en contra al calificar la iniciativa como “un retroceso en un derecho adquirido desde la recuperación democrática”. Según afirmó, “el juicio por jurado no fue un experimento, sino un avance histórico que acercó la justicia a la gente”. También advirtió que las reformas limitan la representatividad de los jurados y “bajar los estándares de unanimidad en los veredictos no hace más rápido el camino hacia la verdad, solo lo hace más frágil”.

Pese a las críticas, la mayoría parlamentaria acompañó el proyecto con el objetivo de agilizar los procesos y dar respuesta a las causas pendientes. Los legisladores coincidieron en que se hará un seguimiento de la aplicación de la norma para evaluar si logra los resultados esperados.