La Cámara de Diputados recibió este lunes un proyecto de ley que busca establecer un marco integral para abordar el acoso escolar y el ciberacoso en Entre Ríos. La iniciativa, elaborada por la diputada Gabriela Lena, de Juntos por Entre Ríos, propone incorporar el principio de corresponsabilidad familiar como eje central de la política pública, exigir la participación activa de madres, padres y tutores en los procesos educativos y fijar sanciones para quienes no colaboren cuando sus hijos sean identificados como agresores.

El proyecto prevé la creación de un Protocolo Único de Actuación de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas de la provincia, con criterios homogéneos de intervención, resguardo de las víctimas y participación familiar en cada etapa. También contempla un régimen de medidas graduadas: apercibimientos, talleres de parentalidad, actividades comunitarias y, como última instancia, multas que pueden ascender a $2.100.000, siguiendo el modelo reciente de Mendoza.

Lena fundamentó su propuesta en la necesidad urgente de garantizar entornos educativos libres de violencia y de actualizar la normativa provincial en materia de acoso escolar, especialmente frente al incremento de situaciones vinculadas al ciberacoso y la necesidad de mayor involucramiento adulto.

A fines de septiembre y principios de octubre, el abogado paranaense Agustín Artibano Planiscg denunció penalmente a Lena por la presunta participación en un acto jurídico prohibido relacionado con la delegación irregular de la responsabilidad parental de dos niñas. La causa está radicada en la Fiscalía Federal a cargo de Josefina Minatta.

La denuncia —basada en una investigación publicada por DIARIOJUNIO— sostiene que el 11 de mayo de 2023, en su calidad de escribana, Lena habría redactado dos poderes por los que un hombre cedía a un matrimonio la representación y responsabilidad parental de sus hijas menores, además de autorizaciones para trasladarlas dentro y fuera del país. Según el denunciante, se trató de un acto prohibido por la ley, ya que toda guarda o delegación parental debe tramitarse por vía judicial, con intervención de ambos progenitores, escucha de las niñas y participación del Defensor Público.